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De la soberbia, indiferencia, simulación y corrupción gubernamentales (II) / Betty Zanolli Fabila

  • Betty Zanolli

El informe rendido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -integrado por más de doscientas fojas-, concluye que el Estado mexicano tiene ante sí dos grandes desafíos: “cerrar la brecha entre su marco normativo y su apoyo irrestricto a los derechos humanos con la realidad que experimentan un gran número de habitantes que buscan acceder a una justicia pronta y eficaz” y “romper el ciclo de impunidad imperante con los mecanismos que ha creado en los últimos años a fin de lograr una efectiva prevención, investigación, procesamiento y sanción de los responsables de violaciones de derechos humanos y lograr que los avances normativos generen cambios reales en la vida cotidiana de las personas en México”. Para ello, presenta al Gobierno de la República 80 recomendaciones en los siguientes rubros: seguridad ciudadana (8), desapariciones y desapariciones forzadas (5), tortura (7), ejecuciones extrajudiciales (7), acceso a la justicia (10), personas en situación particular de vulnerabilidad (30) y acceso a la información (13) que pueden ser resumidas en las siguientes acciones: retiro de Fuerzas Armadas de las funciones de seguridad pública; fortalecimiento de la capacitación de cuerpos policiacos conforme a los estándares internacionales y rendición de cuentas y de las Procuradurías del país; adopción de leyes generales sobre el Uso de la Fuerza, sobre Desaparición y Desaparición Forzada y sobre Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y eliminación del arraigo y la “flagrancia equiparada” del ordenamiento jurídico mexicano; asegurar la implementación del Protocolo de Estambul y de la Ley General de Víctimas, fortaleciendo el trabajo de la Comisión Forense para la Identificación de Restos para los casos detectados en rutas migratorias y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a nivel federal y estatal así como de la investigación en la responsabilidad de la cadena de mando y de políticas integrales de prevención, derechos humanos y salud pública; implementación y desarrollo de sistemas de información de datos de grupos vulnerables, de recopilación estadística, de mecanismos de búsqueda inmediata y alerta temprana y mejoramiento del Registro Nacional de Personas Desaparecidas; creación de una institución nacional autónoma de servicios forenses y de registros únicos nacionales sobre personas detenidas y localización de restos no identificados inhumados en todo el país con causa de muerte violenta, promoviendo el intercambio informativo con otros países y la búsqueda de fosas clandestinas en estados con altos índices de violencia; reforzamiento del mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas así como a toda persona perteneciente a grupos vulnerables; atender las recomendaciones del GIEI; establecer el uso obligatorio de cámaras y protocolos de seguridad durante los interrogatorios y en patrullas y adoptar los mecanismos necesarios para garantizar la transparencia en la información. En pocas palabras, es un informe aplastante, como lo es la recomendación 33 que exhorta al Estado mexicano de “asumir la responsabilidad histórica de rendir cuentas sobre las graves violaciones a los derechos humanos” -lo que hasta la fecha el pueblo sigue esperando-, y como lo son sus reiteradas afirmaciones en torno a que México atraviesa por una grave crisis humanitaria de violaciones de derechos humanos y de seguridad desde hace varios años.

Sin embargo ¿cuál es la reacción del Gobierno mexicano? Desconocer y minimizar la tragedia nacional que cada día se multiplica y reproduce bajo nuevas y más escalofriantes modalidades, cobrando nuevas víctimas en una escalada que tal parece nada ni nadie puede frenar. Desacreditar el informe rendido por la CIDH, autoridad internacional especializada en la materia, con argumentaciones temerarias. Rebatir la abrumadora información y contundencia de lo que acredita el informe negando la atroz violencia humanitaria que enfrenta la realidad nacional, tildándolo de infundado, carente de objetividad, con metodología sesgada, sustentado en premisas y diagnósticos erróneos al desestimar los “avances y cambios estructurales que el Gobierno de la República ha impulsado en los últimos años”. Y uno se pregunta ¿a cuáles se refiere?, de la misma manera en que nos sorprendemos al atestiguar cómo la autoridad nacional descontextualiza el informe rendido cuando imputa a la CIDH que ignora los “más de cincuenta años de avances, desafíos y procesos” que “ya habían reconocido en 1997”. ¿Y la “guerra” declarada por el Gobierno calderonista en 2006 que la actual administración ha mantenido hasta la fecha con solo resultados de mayor criminalidad, impunidad e inseguridad?

En pocas palabras ¿habrá quien crea que la CIDH realmente se “focalizó” en casos concretos que no “reflejan” la realidad nacional, como afirma la contestación oficial? ¿El que haya iniciativas de ley sobre desaparición forzada y tortura resguardadas en “la congeladora” del Legislativo federal es algo para consolar y premiar? ¿Es para enorgullecer que se carezca de avances sobre el caso Ayotzinapa a 18 meses de distancia así como de los cientos de miles de muertos y desaparecidos en toda la República Mexicana, tanto nacionales como extranjeros? En suma; ¿qué puede esperar la sociedad mexicana cuando la autoridad “toma nota” y afirma que “continuará colaborando como hasta ahora lo ha hecho”? ¿Esperará solo que “la reciente renovación de la Comisión” le permita no ser más reconvenida con la demoledora dureza de como ahora lo fue?

Mientras una persona o institución no reconoce sus errores y vicios y carece de toda autocrítica, temerosa evidentemente de perder status y privilegios, es imposible cambio o transformación alguno, pero lo peor es cuando su autoritarismo e incapacidad hacen abortar a la Justicia promoviendo la impunidad, porque ninguna sociedad humana puede ser edificada sobre la soberbia, indiferencia, simulación y corrupción: mayor injusticia, odio y violencia son la consecuencia.
bettyzanolli@gmail.com

@BettyZanolli