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El Observador Parlamentario / Antonio Tenorio Adame

  • Antonio Tenorio Adame

  • Piña Olaya, sombra en desafuero a diputada de Sinaloa
  • Gobernador Bartlett intentó juicio político a su antecesor

El Pleno de la Cámara de diputados aprobó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política para integrar la Sección Instructora que investigue la responsabilidad en que incurrió la diputada, Lucero Sánchez, perteneciente al Congreso del Estado libre y soberano de Sinaloa.

Los cargos que se le fincan a la diputada sinaloense son el de usar un nombre falso para visitar Archibaldo Guzmán Loera, “El Chapo”, quien se encuentra recluido y con quien procrea dos hijos.

La facultad jurisdiccional del Congreso reviste una gran capacidad de control político para evitar que el poder sea desvirtuado en su ejercicio, además de servir de contrapeso a fin de evitar que otros Poderes excedan sus funciones o actúen en su contra, resulta valioso en el  equilibrio de pesos y contrapesos, donde el poder controla al poder.

La Cámara de Diputados instaló el pasado 10 de marzo, la Sección Instructora que se encargará del proceso de desafuero de la diputada local de Sinaloa Lucero Guadalupe Sánchez, presuntamente vinculada a Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Los diputados integrantes de la Sección Instructora son Ricardo Ramírez Nieto (PRI) como presidente, Juan Pablo Piña Kurczyn (PAN) como secretario, Omar Ortega Álvarez (PRD) como secretario, y Sandra Méndez Hernández (PRI). Una instancia reguladora con predominancia de mayoría, que en caso extremo inhabilita cualquier decisión en su contra.

El presunto cargo, de lo conocido hasta ahora, imputado a la legisladora de Sinaloa es la de no acreditar su identidad en su visita a la prisión, también como asegura la PGR de “presuntos vínculos” con el Chapo, o de “pasar juntos la Navidad”; La Sección Instructora deberá robustecer las acusaciones para emitir su dictamen; definir de qué se trata ¿de un delito federal o grave o una falta administrativa?

Es desproporcionada la carga mediática con  acusaciones frágiles que no justifica que el Congreso se ocupe de casos minúsculos, frente a la evasión ciega  de aplicar el juicio político a quienes en realidad dañan a la Nación: una larga lista de gobernantes, Veracruz, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, son casos que los diputados deberían atraer por el desfalco a las finanzas, malversación de recursos federales y sobreendeudamiento de las finanzas locales.

El presidente de la Sección Instructora, diputado Ramírez Nieto,  ofrece dictamen imparcial, con base a “una declaración de procedencia, sin prejuzgar sobre la culpabilidad de la imputada”. Será el Congreso del Estado de Sinaloa quien aplique el desafuero con lo que estará a disposición de la PGR.

La Sección Instructora del Congreso debe fundamentar muy bien los cargos que se le imputarán a la diputada de Sinaloa, los pregonados hasta ahora son débiles y da la impresión de atender un “juicio político por encargo”. Respecto a dicha posibilidad no hay duda de la capacidad técnica jurídica de la Sección Instructora, ya que uno de sus miembros,  Juan Pablo Piña Kurczyn (PAN),  hijo de Mariano Piña Olaya, quien fue el presidente de la Comisión de Jurisdicción que desaforó al senador Jorge Serrano, exdirector de Pemex, precisamente “por consigna” del presidente Miguel de la Madrid.

Por cierto, cuando el ahora senador Manuel Bartlett, entonces como gobernador entrante de Puebla (1993-1999) encontró las arcas vacías de la entidad, intentó someter a juicio político a su antecesor, Mariano Piña Olaya, por malversación de recursos públicos, situación que no realizó por el “blindaje” de impunidad que protege a los “virreyes” locales en el sistema vertical del presidencialismo autoritario.

Pero aunque eran otros tiempos los genes son los mismos, la “sombra de Piña Olaya” vuelve a ejecutar “juicios políticos por consigna”.