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Poder Nacional

  • Javier Oliva Posada

  • Javier Oliva
  • El nuevo sistema de justicia penal militar

Londres. Como sabemos, este sábado 18, entra en funciones en todo el país, en Sistema de Justicia Penal, derivado en buena parte, de las condiciones que enfrenta el país en materia de inseguridad pública, desde hace más de diez años. De 18 de junio de 2008, cuando se aprobaron en el Congreso de la Unión, muchos y graves acontecimientos se han dado en nuestro país y espacio geopolítico.

Sobre todo por lo que hace a la línea ascendente de los índices de criminalidad. Pero también, por la injustificable ausencia de las autoridades civiles para llevar a buen puerto, la creación, funcionamiento y continuidad de buena policías locales, ya sean estatales o municipales, con el acompañamiento de las corporaciones federales. Bien valdría la pena, hacer un balance detallado y a fondo, respecto de los ingentes recursos destinados para ese fin y sus resultados. A simple vista son evidentes.

Soldados y marinos, así como buena parte de sus recursos materiales y presupuestales, han debido suplir en toda la línea, la ausencia de la autoridad responsable; desde luego, que esa sobreexposición en la lucha para contener y someter al crimen organizado, ha traído importantes problemas a la institución, entre otros, la necesidad de realizar conforme a los requerimientos, los ajustes indispensables en el derecho procesal y penal militares. En ese sentido, se inscriben las adecuaciones y cambios de fondo aplicados por las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina Armada de México.

Desde luego que no se tratan de simples cambios a la denominación, por ejemplo, de la Fiscalía General de Justicia Militar por la anterior Procuraduría General de Justicia Militar. Los ajustes son de fondo y en cierta medida, permitirán en los nuevos casos de incumplimiento de la ley por parte de militares en acciones de seguridad pública, contar con mejores recursos legales para argumentar, si es el caso, su inocencia ante un hecho o acción determinada. Se mantiene el original principio del juicio oral, que por cierto, es una de la principales novedades en el Sistema Acusatorio Penal civil.

Se fomenta la posibilidad del acuerdo reparatorio, con lo que la víctima en cualquier modalidad, pueda si es el caso, llegar a un acuerdo que se considere satisfactorio para las partes y desahogar con ello, las cargas acumuladas para que impartición de justicia y aplicación de la ley, cumplan con el principio fundamental de la oportunidad en su aplicación y cumplimiento. Esta garantía es determinante sobre todo, por lo que corresponde a las bases de legitimidad de la ley: recurrir a ella a sabiendas de que en un tiempo razonable, se aplicará una sanción correspondiente y sobre todo, proporcional al supuesto daño.

Además de los múltiples ajustes al sistema de justicia y penal militares, también se llevaron a cabo modificaciones y construcciones especiales para alojar y dotar del equipo necesario a las áreas correspondientes. Entre otras: Defensoría de oficio militar; Tribunales militares de juicio oral; Coordinación  de servicios periciales y Ciencias Forenses. Esto además permitirá con los recursos tecnológicos disponibles,  establecer alcances y responsabilidades personales e institucionales en determinados procesos, lográndose así, oportunidad y agilidad para cumplir la ley. Desafortunadamente, estos notables avances en el Derecho Militar mexicano, contrastan de forma notable, con la aprobación de leyes en el Poder Legislativo, que muy poco ayudan a reforzar o fundamentar la confianza ciudadana respecto del combate y castigo a los actos de corrupción en el sector público. Qué incongruencia.
javierolivaposada@gmail.com