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3de3 recargado

  • Eduardo Andrade

Eduardo Andrade Sánchez

Oreloaded si lo prefieren, porque a diferencia del alud de ataques contra la legislación anti corrupción, por el tema de la mal llamada “ley 3 de 3”, yo creo que al avance derivado de las normas  aprobadas, se suma el hecho de dar a las  tres declaraciones  un régimen más completo que el propuesto en la iniciativa ciudadana, al extenderlo a todos los que tienen tratos de negocios con el Gobierno. Al respecto hay que puntualizar varias cosas.

1.- Escribí “mal llamada”, porque los autores de la iniciativa popular que solicitó a todos los servidores públicos hacer públicas sus declaraciones de situación patrimonial, de intereses y fiscales, pretenden extender su representación más allá del alcance que política y jurídicamente tiene, pues lo que presentaron fue una “iniciativa de ley” a la que mediáticamente  han convertido en ley como si el Congreso estuviera pintado. Las más de 600 mil firmas por muy importantes que sean, que sí lo son, representan a quienes las estamparon, a nadie más y no constituyen la representación de la “sociedad civil”, eufemismo inventado para sustituir al vocablo “pueblo” que a un sector le parece vulgar y al que suelen dar una connotación despectiva y racista. Pues bien, el pueblo está representado por sus legisladores quienes llegaron ahí avalados por millones de votos que les otorgan el derecho de decidir si aprueban o no las iniciativas populares presentadas. Todos tenemos pleno derecho a manifestarnos, pero mal andamos si un grupo de activistas, sean de la CNTE o del elegante sindicato patronal que acudió al Ángel de la Independencia, se asume  por encima de lo que aprueba la representación popular establecida en la Constitución.

2.- Si queremos un sistema anticorrupción “completo”, como decía la pancarta de los que manifestaron su inconformidad  por la extensión de la publicación de declaraciones al sector privado, es lógico  que mientras sea mayor el número de personas obligadas a hacer públicos estos  datos, más  alta será la probabilidad de que el sistema funcione.

3.- Por definición, como la ONU lo establece en la Convención Anticorrupción, en esta participan conjuntamente miembros de los sectores público y privado, por lo que se requieren medidas preventivas en ambos.

4.- La obligación de hacer públicas las declaraciones abarca, según la ley, a todos los servidores públicos pero solo a aquellos miembros del sector privado que tienen nexos de negocios con los entes públicos, lo que no incluye a beneficiarios de programas sociales, como dolosamente se quiere hacer creer. Si los miembros de una empresa o despacho no desean hacer público su patrimonio o sus vínculos de interés, les basta con no contratar con el gobierno. Quien obtenga provechos provenientes de decisiones públicas debería aceptar someterse a los mismos controles que aseguren un eficaz combate a la corrupción.

5.- Los empresarios honestos son una enorme mayoría, como la honestidad priva mayormente entre los miembros del sector público, y para esa parte mayoritaria del sector privado debe ser del máximo  interés que la corrupción que les perjudica se erradique. Un empresario improvisado en contubernio con funcionarios u otro ya establecido que entra en corruptelas para obtener un contrato, deben ser exhibidos como  competidores desleales que afectan  a todos los empresarios  honrados.

Por estas y otras razones el sector privado debería ser el más interesado en mantener la versión recargada del 3 de 3, en lugar de oponerse a ella, pues tal oposición no honra su compromiso con la transparencia.

eandrade@oem.com.mx