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A mitad del camino (III) | Razón de Estado | Joaquín R. Narro Lobo

  • Joaquín Narro Lobo

Pareciera que los trágicos acontecimientos vividos en Iguala en septiembre de 2014 pusieron al Gobierno en una situación de franca debilidad. La reacción tardía a estos hechos, así como los desatinos para comunicar los avances y hallazgos de la investigación, marcaron el declive de un Gobierno que hasta entonces marchaba en ruta ascendente, como hacía tiempo no sucedía. No se habían cumplido los primeros veintidós meses de Gobierno, cuando se sucedieron, uno tras otro, acontecimientos que, como en espiral, absorbieron a la actual administración hasta llevarla al más profundo de los sótanos de la desconfianza, agudizando el añejo divorcio entre sociedad y Gobierno.

Sin duda, Iguala marca un antes y un después, no solo de la administración de Enrique Peña Nieto, sino incluso de la relación entre sociedad y Gobierno como hasta ahora la habíamos entendido. Aquella noche en la que varios jóvenes murieron y decenas de ellos desaparecieron sin que hasta el momento se tengan conclusiones finales sobre su destino, despertó en buena parte de la sociedad una actitud de desaprobación a la actual gestión gubernamental, en algunos casos rodeada incluso de desconfianza y duda, situación que ha llegado a trascender fronteras. La herida de Iguala ha dejado una cicatriz en el Gobierno que lo acompañará hasta el último de sus días, como recordándole sus omisiones y fallas.

A Iguala le sucedieron otros acontecimientos no menos relevantes que continuaron menguando la confianza que en algún momento se llegó a tener. El caso de la llamada “casa blanca”, propiedad de la primera dama, así como el de la casa de Malinalco, del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, abrieron un boquete en la credibilidad gubernamental, iniciando un debate en torno al combate a la corrupción y a los conflictos de interés. El golpe fue tal que el presidente Peña Nieto se vio obligado a echar para atrás su propuesta de desaparecer la Secretaría de la Función Pública para crear un gran sistema anticorrupción y, más de dos años después de haber comenzado su Gobierno, nombró a un titular de dicha dependencia. Sin embargo, el daño estaba hecho y la duda será algo que, igual que el caso de los jóvenes normalistas, lo perseguirá hasta el final de noviembre de 2018.

Como si la insensibilidad para atajar y atender desde el comienzo el caso de los normalistas y la duda acerca de la adquisición de viviendas por parte de dos de las personas más cercanas fueran poca cosa, el sino del presidente Peña Nieto terminó por marcarse a mediados de este año con la fuga del delincuente más buscado en el mundo: “El Chapo” Guzmán. Como en novela de ficción o en película de aventura, a través de un largo túnel y por un hueco en el piso de la regadera, Joaquín Guzmán Loera salió de la prisión más emblemática del país, aquella que en algún momento fue considerada como una de las más modernas y seguras del mundo. Con su huida, huyó también el más grande logro que en materia de seguridad podía presumir este Gobierno, cuando en febrero de 2014 había sido detenido y aprehendido en un departamento en Mazatlán, Sinaloa.

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