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A rendir cuentas a la CIDH

  • Claudia Corichi

Nada es más emblemático de la grave crisis humanitaria por la que atraviesa México, que episodios como los de Tlatlaya, Ayotzinapa y sin duda Atenco. Hechos que han marcado la historia de las y los mexicanos y que permanecen en una terrible impunidad ante la inacción de las autoridades. Hace una semana la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició una investigación en la que el actual Presidente de la República es observado por sus actos y omisiones como gobernador del Estado de México, la entidad más marcada en la última década por la violencia contra mujeres.

Lo que sucedió en Atenco hace poco más de 11 años, ha sido una de las escenas más perturbadoras de nuestra historia, una que refleja hasta dónde puede llegar la opresión, la violencia y el autoritarismo machista del PRI, que hoy, a unos días de la elección a gobernador en el Estado de México, pretende repetir la dosis con una de sus cartas más ligadas al actual Presidente.

La espantosa tortura que sufrieron estas mujeres se encuentra documentada en diversas investigaciones. Los terribles testimonios señalan que, durante el traslado, los rostros de las mujeres detenidas, fueron cubiertos con sus ropas. Éstas fueron golpeadas con toletes en sus cuerpos desnudos, sus pantaletas y sostenes destrozados por los uniformados, quienes las manosearon, las mordieron y pellizcaron sus senos y glúteos en donde derramaron semen. La pesadilla culminó con amenazas de ejecución y desaparición y cuando las detenidas ingresaron al penal, los agentes ministeriales y médicos legistas les negaron proporcionarles atención ginecológica que era debida. Incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha ratificado a través de sentencias estas vejaciones.

El Estado de México es hoy por hoy la entidad con el mayor número de feminicidios, y paradójicamente, el que menos aporta al Banco de Víctimas por violencia de género, lo que hace invisible la situación en la que viven las mexiquenses.

Amnistía Internacional, confirmó derivado de diversos estudios, que en el operativo policial ordenado por EPN, se cometieron graves violaciones de derechos humanos, que derivaron en la arbitraría detención de más de 200 manifestantes, entre ellos 47 mujeres, en una operación coordinada entre las policías federal, estatal y municipal, que fue clasificada por la prensa mundial como un acto con uso excesivo de la fuerza.

La CIDH ha confirmado que las demandantes fueron víctimas de abusos y de tortura sexual, entre otros ilícitos, por lo que el estado mexicano es responsable de violar los derechos a la libertad personal y garantías judiciales; la integridad personal de ellas y de sus familiares, su vida privada, su autonomía y dignidad, la igualdad y no discriminación, así como a las garantías judiciales y protección judicial.

Se trata de un hecho inédito, el que al igual que personajes como Slobodan Milosevic, Laurent Gbagbo o Charles Taylor -juzgados en la Corte Penal Internacional-, sea Peña investigado por su presunta responsabilidad en flagrantes violaciones a los Derechos Humanos.

El estado tiene la responsabilidad de reparar el daño, de ofrecer atención médica y psicológica necesaria, de garantizar la no repetición y de brindar justicia, pero Peña Nieto tiene la histórica responsabilidad de responder por una crisis de derechos humanos sin precedentes que comenzó un mayo de 2006 con sus órdenes para “restablecer la paz”. Paradójicamente si algo le falta a México hoy, es paz.