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Adiós al Distrito Federal / Así es el Derecho / Élfego Bautista Pardo

  • Élfego Bautista

Está próxima la transformación jurídico-política más trascendente para los habitantes del Distrito Federal de las últimas décadas, ya que el Congreso de la Unión aprobó la tan esperada Reforma Constitucional que permitirá dotar a nuestra ciudad de autonomía y nuevas facultades, en igualdad de condiciones con los demás Estados de la Federación.

La transformación democrática del Distrito Federal, el reconocimiento a su importancia para colocarlo al nivel de los Estados de nuestro país, ha sido una lucha constante de diversos actores políticos, la cual ha avanzado paso a paso, desde la creación de una Asamblea de Representantes en 1988, que se convirtió en la Asamblea Legislativa en 1996, hasta la elección mediante voto ciudadano, libre y secreto del jefe de Gobierno del Distrito Federal y de los delegados, sin dejar a un lado los esfuerzo que en la materia se hicieron desde el Gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas.

La reforma que nos ocupa en esta ocasión fue aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 9 de diciembre, por la de Senadores el día 15, y para que sea un hecho incuestionable deberá de ser votada a favor por la mayoría de las Legislaturas estatales.

El dictamen que se somete a la consideración de los Congresos locales, desaparece al Distrito Federal y crea la “Ciudad de México” como una parte integrante de la Federación y otorga el estatus de Entidad Federativa, para dotarla de las mismas facultades que los demás Estados en materias como: distribución de competencias legislativas; incompatibilidades para ocupar cargos públicos; y Reformas Constitucionales entre otras.

Asimismo, desaparece la competencia Federal en la ciudad y la posibilidad de remoción del jefe de Gobierno que hasta hoy existe, aunque continúa siendo la capital del país y sede de los Poderes de la Unión. Su Gobierno estará a cargo de los Poderes locales (jefe de Gobierno, Tribunal Superior de Justicia y la Legislatura de la Ciudad de México) en los términos que establezca la Constitución Política de la Ciudad, y la base de su organización administrativa serán las Alcaldías (que sustituirán a las actuales Delegaciones Políticas) integradas por un acalde y un Consejo conformado por entre 10 y 16 concejales.

La reforma es un gran paso hacia la democratización, sin embargo es necesario precisar que la misma le otorga únicamente autonomía a nuestra ciudad, no la libertad ni la soberanía propia de los Estados del país (sin enfocarnos en la naturaleza política de los Estados debemos reconocer que existe un abismo entre los conceptos de Autonomía con Soberanía, ya que mientras la autonomía es interna y limitada por un Poder exterior, la soberanía es la expresión máxima de poder político de un Estado), en este tenor las alcaldías no contarán con la libertad constitucional otorgada a los municipios.

Una vez que el dictamen sea avalado por las Legislaturas locales, deberá elaborarse la Constitución de la Ciudad de México, para ello se instalará una Asamblea Constituyente, integrada por cien legisladores, de los cuales, catorce serán senadores; catorce diputados; seis se designarán por el Presidente de la República y seis por el jefe de Gobierno; los sesenta restantes se elegirán mediante representación proporcional a través de una lista que será votada en una sola circunscripción, en la que podrán inscribirse candidatos de los partidos políticos y ciudadanos (candidatos independientes).

Actualmente hay voces en contra del dictamen y en campaña para que no sea avalado por las Legislaturas locales, sin embargo la probabilidad de que sea votado a favor es muy alta, toda vez que la aprobación de Reformas Constitucionales ha sido una constante en los tres años que lleva el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

El avance en la transformación política de nuestra ciudad, es un logro que hay que reconocerle al Gobierno del doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, así como a los legisladores federales capaces de construir los consensos necesarios para hacerla posible, y aunque el primer acercamiento a la misma nos muestra beneficios a los ciudadanos, en lo que hace a la participación política y democrática, por incluirse la figura de las alcaldías, y la posibilidad de crear una Constitución que represente los intereses del pueblo; lo cierto es que para que los beneficios materiales sean apreciados por la comunidad es menester esperar la aplicación de las políticas públicas que deriven de la reforma.

Así es el Derecho.