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Adoración por la cárcel

  • Pedro Peñaloza

1. Los punitivos. Un año después de la entrada en vigor del Nuevo Sistema Penal, el enfrentamiento entre distintos actores de la política nacional tiende a agudizarse. Según la Conago, el nuevo Código Penal ha abierto las puertas de las cárceles a los detenidos gracias a un modelo que califican de “hipergarantista”, que no contempla la prisión preventiva y que permite a los delincuentes de bajo impacto seguir su proceso judicial en libertad, pese a ser detenidos en flagrancia. La lógica de los mandatarios estatales es preocupante, no solo por su reacción meramente punitiva, sino sobre todo por el paradigma que entraña su protesta. Para esos funcionarios la prisión preventiva la prioridad para “contener” a la criminalidad. No perdamos de vista que la prisión preventiva en una sociedad democrática debería ser una medida de excepción y no la regla.

En realidad, estamos en presencia de un renovado populismo punitivo, que en nombre de las víctimas se disfraza de adalid justiciero. Nada más falsa que esa postura, máxime, si nos atenemos al perfil de la población carcelaria. La barbarie de esa endiosada prisión preventiva tiene al 40% de los reos son sentencia. En pocas palabras, al sistema penal poco tiene que ver con la justicia. La prisionalización se ha convertido en un instrumento político para legitimar a los gobernantes y no para castigar a quien viole la ley. Es absolutamente rentable que surjan voces que enaltezcan la cárcel y llamen a endurecer las penalidades, pero en la práctica lo que se vive en los centros penitenciarios es una especie de “genocidio carcelario”, como lo ha definido nuestro colega y amigo, el criminólogo Elías Carranza. Así, estos nuevos adalides persisten en la edificación de un Estado vengador que atropelle los principios de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

2. El núcleo del debate. El reclamo de la burocracia policiaca y de la Conago es al Sistema de Justicia Penal Acusatorio, que desde su arranque a nivel federal ha concedido que 5 mil 67 personas sigan su proceso en libertad, según cifras del Poder judicial de la Federación. A un año de iniciado el nuevo modelo se generó un debate entre quienes consideran que debe reformarse para ampliar el catálogo de delitos graves y evitar que reos puedan llevar su proceso en libertad frente a quienes piden tiempo para que el sistema se consolide, puesto que consideran que las fallas están entre otras, en la capacitación. Con las modificaciones del nuevo sistema, el artículo 19 de la constitución señala que: “el ministerio público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas o explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud”.

No obstante lo anterior, los sedientos de punición quieren atestar las cárceles incrementando el catálogo de delitos. Les preocupan los delitos con armas, pero no nos han dicho quien permite y facilita que circulen éstas por todo el país.

pedropenaloza@yahoo.com/ @pedro_penaloz