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Agenda ciudadana

  • Rebecca Arenas

Nuevo Sistema de Justicia Penal: amplia difusión para su plena aplicación

El 18 de junio de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional que sienta las bases para el establecimiento de un nuevo sistema de justicia penal en México, capaz de enfrentar y resolver el grave problema de inseguridad pública que se vive en nuestro país, en donde miles que han cometido delitos menores se encuentran recluidos y sin proceso, mientras que criminales de alta peligrosidad se encuentran en libertad.

La propuesta del Constituyente Permanente fue en el sentido de instaurar un sistema único en el que se respeten tanto los derechos de la víctima y ofendido, como del imputado, partiendo de la presunción de inocencia para este último, lo cual, señala la reforma “fortalece el debido proceso y el pleno respeto a los derechos humanos de todas y todos aquellos involucrados en una investigación o procedimiento penal”.

Se basa en un sistema acusatorio-adversarial en donde el juez decide de manera imparcial, frente a las solicitudes de los intervinientes; y en donde los conflictos jurídicos relevantes se resuelven en audiencias orales, públicas y contradictorias.

Se trata de un cambio de gran calado en el sistema judicial penal del país, que ha requerido de un trabajo acucioso por parte del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal, órgano responsable de coordinar los numerosos ajustes y cambios; esfuerzo que ha requerido a decir de la doctora María de los Ángeles Fromow, secretaria Técnica del Consejo, el acuerdo y plena participación de los 31 gobiernos de los Estados y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, en una estrategia de acercamiento, diálogo y coordinación, con pleno respeto a la soberanía de los entidades, para de manera conjunta con los órganos implementadores llevar a cabo las acciones necesarias para impulsar y agilizar la reforma penal.

Además del trabajo con los gobernadores, se han reforzado los vínculos y la coordinación con los tres Poderes de la Unión en los tres órdenes de Gobierno; con la academia, la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y con la comunidad internacional para identificar las mejores prácticas y ponerlas en marcha en nuestro país.

A ocho años de distancia de la publicación de la reforma constitucional en materia penal, el próximo 18 de junio entrará en vigor en todos los Estados del país y la Ciudad de México, debiendo aportar en su ejercicio: transparencia, medios alternativos de solución de conflictos, la oralidad y la prontitud, para alcanzar una impartición de justicia que garantice a cada ciudadano el respeto de sus derechos humanos.

Así las cosas, el próximo 18 de junio dará inicio una etapa inédita en la vida del Poder Judicial nacional, y a pesar de que todavía faltan de incorporar a este proceso cuatro convenios penales, entre los que destacan algunas modificaciones al Código Penal Federal y el Convenio de justicia para adolescentes, a quince días de que entre en operación, hay confianza en la doctora Ángeles Fromow de que el Legislativo cumplirá en tiempo y forma con su parte. Eso esperamos todos.

A partir de esa fecha 400 mil funcionarios capacitados para este propósito, empezaran a desarrollar sus nuevas tareas, en una etapa inicial que forzosamente tendrá un periodo de adaptación y profesionalización, y una labor de monitoreo y seguimiento, permanente y sistemática, para su posterior evaluación, que permita a los diferentes actores identificar lo que sí está funcionando y lo que no, para modificarlo.

¿Qué advertimos los ciudadanos que ha faltado en este esfuerzo del Gobierno federal hacia una más justa, transparente y expedita impartición de justicia en nuestro país? Ha faltado socializarlo con la ciudadanía; difundir sus contenidos de forma clara y sencilla; para que los ciudadanos de todos los niveles socio económicos sepan de los beneficios de la reforma, se apropien de ella y exijan a los operadores del sistema que el procedimiento penal se realice conforme a lo establecido.

Una campaña de comunicación integral, con alcance nacional, que permee en la ciudadanía y establecer alianzas con las entidades federativas para la realización de campañas comunes con características locales y regionales.

Ya se ha hecho el mayor esfuerzo, la difusión faltante es un esfuerzo menor que será determinante para el éxito de la reforma.

rayarenas@gmail.com