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El Agua del Molino

  • Raúl Carrancá y Rivas

  • Raúl Carrancá y Rivas
  • Cuidado con la ley

Nadie es delincuente hasta que el juez lo determine. Podrá el Ministerio Público solicitar que se dicte en contra de alguien una orden de aprehensión, pero solo el juez decidirá sobre su culpabilidad, ya que aquel funda su solicitud en una probable responsabilidad. En consecuencia, el juez es el único que resuelve si hay delito o no. Lo anterior cobra especial importancia cuando el escenario del probable delito es político, o sea, cuando se enfrentan la autoridad y los ciudadanos en una crisis política. La ley, desde luego, se debe aplicar siempre con la mayor escrupulosidad pero más, mucho más, en esa clase de crisis. Lo digo así por el conflicto entre la autoridad educativa, en rigor el Gobierno y los maestros disidentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes han organizado una serie de bloqueos y marchas por la detención de sus líderes de la propia coordinadora.

Ahora bien, es muy delicado, al margen de la razón que le pueda asistir a cualquiera de las partes en conflicto, hacer uso de la llamada represión en medio de éste. Represión, coerción, que implican de suyo la fuerza del Derecho. En efecto, jurídicamente hablando la coercibilidad alude a la fuerza que le corresponde al Derecho para imponerse. Es la fuerza, digamos, de la legalidad que es contraparte de la impunidad. Lo que pasa, sin embargo, es que esa coerción es en ciertas circunstancias un arma de dos filos, es decir, puede cortar más de lo debido; y esto porque dentro de nuestro sistema ministerial y judicial, como ya lo escribí, nadie es culpable hasta que el juez lo determine. En otros términos, lo evidente y real es que en el caso a que me refiero se está incriminando antes de que el juez decida. La pregunta es si ello es políticamente conveniente. Y con base en lo que señalo, López Obrador sale en defensa de los incriminados, poniendo sobre la mesa sus cartas. Es que asuntos así tienen dos caras, una política y otra ministerial (de Ministerio Público) o judicial. La verdad es que flota en la atmósfera la idea de un prejuicio -de prejuzgar-, de una maniobra, aunque pudiera estar fundada en Derecho, para descalificar al descontento o disidente. No me anticipo, repito, a darle o no la razón a alguna de las partes ni tampoco a negar la importancia de cumplir con el Derecho, pero la realidad tiene sus aristas. Por otra parte es innegable que la Reforma Educativa ha sido fuertemente aplaudida y también criticada. En una palabra, se ha politizado. Se trata de un panorama que rebasa a la propia reforma e incide, de manera directa, en las elecciones del año entrante y, sobre todo, en las de 2018. Así están las cosas, siendo público y notorio el deterioro de la educación estatal en México, lo que es absurdo desconocer. No obstante creo que lo que ha encendido el descontento en muchos maestros es la configuración de la reforma, su estructura, que no la idea de fondo porque me parece que hay coincidencia en su necesidad substancial. Y es por eso que se habla de violación de derechos y de arbitrariedades en el texto de la misma. En suma, criminalizar a los líderes de la coordinadora ha obedecido, a mi juicio, a una maniobra política. Y no es que se debiera pasar por alto la comisión de posibles delitos favoreciendo la impunidad, sino que el momento en que se ha hecho llama la atención. En este sentido la oportunidad debe operar lo mismo en el Derecho que en la política, y con mayor razón en un país que vive lamentablemente tantos problemas. Pero si nos atenemos a lo objetivo de los hechos, no hay duda de que líderes del movimiento que cuestiona han sido llevados a la cárcel, lo que encendiendo los ánimos no favorece un posible arreglo. El Gobierno ha jugado asimismo su carta. ¿Qué pasará en el inmediato futuro? Dada la naturaleza de las protestas, la actitud del Gobierno y en concreto la de la Secretaría de Educación Pública, el panorama es riesgoso desde el punto de vista social. ¿Es éste un clima favorable en una especie de precampaña política?
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