imagotipo

Alejandro Díaz

  • Alejandro Díaz

No enseñar el cobre

El desprestigio de la política y de los políticos no es gratuito. Por décadas vimos cómo el PRI producía “comaladas de millonarios”, según lo expresó el expresidente Portes Gil. Sus sucesores, y por supuesto los secretarios de los mismos, erigieron mansiones en zonas exclusivas de la capital. La “Colina del Perro” es la más fastuosa mansión de gobernantes que ha tenido el país, pero hay muchas más.

Ninguna de esas residencias -ni el resto de sus fortunas- provino de ahorros de los funcionarios, sino de ingresos no declarados por actos y omisiones generosamente retribuidos por particulares agradecidos. Como a ninguno de ellos se les comprobó que hubieran tomado dinero o recursos oficiales, forzosamente esas retribuciones son el origen de su riqueza que sobrepasa el sueldo íntegro durante su encargo.

La llegada de funcionarios electos por un partido distinto al tradicional hizo pensar que habría un cambio total de paradigmas, y si bien hubo un cambio, no fue total. Aunque los dos exPresidentes más recientes siguen viviendo donde lo hacían antes de asumir el puesto, no todos los funcionarios de esos Gobiernos se comportaron igual. A algunos les importó más su bienestar que el bien común, pues o bien provenían del partido autoritario o no tenían compromiso con el cambio.

Supuestos y reales abusos de legisladores y funcionarios fueron divulgados en los medios de comunicación para mostrar que todos los partidos eran iguales. Como si por primera vez sucedieran abusos, se llevó a cabo una “guerra de lodo” que afectó a toda la clase política. El “ciudadano de a pie” nunca supo si se comprobaban o no los supuestos abusos, y se asqueó de la política, de los acusados y de los acusadores. Encuestas confiables confirman la nula confianza que existe en legisladores, funcionarios y políticos.

Para restablecer la confianza de la población en los políticos, el Instituto Mexicano de la Competitividad presentó el proyecto “3de3”.

Propuso que cada candidato a puesto de elección popular haga públicas tres declaraciones para mostrar en verdad quién es: la fiscal (que es obligatoria para todos ante Hacienda, pero es privada), la de bienes (que es obligatoria ante la Contraloría respectiva para quienes son funcionarios o legisladores, pero también es privada) y la de intereses.

Las dos primeras ya se hacen, pero hay que ponerlas al alcance del público; la tercera es necesaria para saber en qué temas esa persona no debe de intervenir para evitar un posible conflicto de intereses, como aceptar una casa de regalo de futuros proveedores.

No debiera sorprendernos saber que la iniciativa de Ley “3 de 3” no se ha aprobado. Parece que algunos legisladores, y partidos, prefieren no abrirse al escrutinio público y seguir mereciendo la nula confianza popular. Por eso tendremos los ciudadanos que votar solo a candidatos que hayan presentado las tres declaraciones (por cierto solo 30 de los 78 candidatos a gobernador lo han hecho) y no a los que solo “enseñan el cobre”.

daaiadpd@hotmail.com