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Alto poder

  • Manuel Mejido

– Diputados y senadores evaden la Ley Anticorrupción

– La sociedad continúa sin ser escuchada por los legisladores

– Proponen sanciones para todos, menos para el Presidente

La discusión y posible aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción desenmascaró las alianzas secretas y perversas entre todos los partidos políticos del país.

Aparentemente el PAN y el PRD -agua y aceite-, se aliaron a favor de la aprobación de una Ley de Anticorrupción, que contempla la Ley “3de3” (declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto de interés), además de sanciones al Presidente de la República.

Sin embargo, no hay acciones contundentes de esos partidos antagónicos artificialmente unidos para que los castigos a quienes se roben el dinero público sean ejemplares y eviten los saqueos sexenales que el país sufre desde la época de Miguel Alemán Valdés.

Los políticos juegan a las escondidillas en las Cámaras de Diputados y Senadores porque, estando unos frente al otro, ni se ven ni se sienten ni se escuchan. Lo único evidente es la anticorrupción amañada para encubrir la gran corrupción.

Las discusiones sobre la ley están llenas de artimañas y de malas intenciones porque pretenden que se investigue y castigue con penas severas hasta la cuarta generación a los beneficiados de la rapiña. Esto es absurdo.

Por principio, todos los funcionarios que participen en el andamiaje de la Ley Anticorrupción, deberían ser elegidos por sufragio universal para evitar que desde las alturas del poder nacional o estatal se sigan encubriendo todo tipo de sinvergüenzadas.

Hace unos años en China se descubrió que un gobernador había robado cuatro millones de dólares durante su gestión. Se le juzgó y fue ejecutado. A su esposa se le dieron 20 años de cárcel y cinco años a cada uno de sus hijos como usufructuarios del delito cometido por el exfuncionario.

Es así como se debe tratar a los corruptos que se roban el dinero del pueblo y han impedido por años el desarrollo del país.

Hay desprestigio y deshonra para los corruptos

En los países del primer mundo, llámese Estados Unidos, Canadá o Europa y los asiáticos como Tailandia, Malasia y Singapur, entre otros, existen penas muy severas para los funcionarios públicos y políticos que incumplen las leyes y mal emplean el dinero público.

Aparejadas a esas penas, existe un gran desprestigio para quien comete esos actos de corrupción. Su pueblo los desprecia y repudia y no tienen ninguna oportunidad de sacar la cabeza del lodo a donde la ira ciudadana los colocó.

En cambio en México, un Óscar Espinosa Villarreal que al finalizar el sexenio de Ernesto Zedillo se le acusó y probó haberse robado 400 millones de pesos (cuando fueron muchos más), estuvo en la cárcel en Nicaragua pero al pisar el Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México, se fue directamente a su casa y no a la cárcel. Ahora aparece en entrevistas con periodistas desmemoriados y es colaborador de un diario.

En México, por lo visto, seguirá tratándose de encubrir a los corruptos y de soslayar las felonías.

En la Cámara de Diputados las fuerzas se mueven de tal manera que parecen enfrentadas y, en el fondo, todas persiguen lo mismo. Se oponen a que la Ley Anticorrupción los desnude ante la opinión pública, se les juzgue y castigue y sean repudiados por su pueblo.

Diputados y senadores hablan desde sus tribunas de algunos temas y, en lo privado, se ponen de acuerdo aún estando en desacuerdo, sobre los alcances que pueda tener la Ley Anticorrupción, sobre todo para castigar a los corruptos.

En las Cámaras se habla de penalidades a los corruptos, pero excluyen al Presidente, como si no fuera un mexicano igual que el bolero de la esquina y no tuviera los mismos derechos de un ruletero.

Ese juego de encubrimientos para que los poderosos siempre salgan limpios de todas las sinvergüenzadas que hacen cuando están en el ejercicio de la función pública, sigue impidiendo que una aspiración impulsada por el pueblo, ahora llamado “sociedad civil”, se vea entrampada e impedida entre las sombras que encubren a gobernantes y políticos.

La sociedad propuso pero nadie la escuchó

Las reformas simularon la apertura a la participación ciudadana. Organizaciones no gubernamentales impulsaron importantes iniciativas que cumplieron con los requisitos establecidos en la Constitución para obligar al Congreso a debatirlas y, en su caso, aprobarlas sin desvirtuar su esencia.

La Ley Anticorrupción, especialmente la iniciativa “3de3”, es una exigencia ciudadana, lo mismo que la Ley nacional de Ejecución Penal y la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura.

El Congreso, como siempre, trabajó mucho los últimos días de su labor y durmió muy sabrosamente durante los primeros meses de la Legislatura, al fin y al cabo sabían que tenían suficiente tiempo para que, al final, se “aprobaran leyes al vapor”.

Los políticos de todos los partidos que se rasgan las vestiduras reclamando la aprobación de la Ley “3de3”, son unos hipócritas porque ni siquiera ellos la han presentado de manera voluntaria, como ejemplo de buena intención. Como siempre dicen una cosa y actúan de otra manera.

El diputado panista Jorge Triana dijo que percibía un aletargamiento en San Lázaro y culpó, por supuesto, al PRI por haber dejado de lado la discusión sobre temas prioritarios. Pero todos están en la misma sintonía.

Para Marco Arellano Toledo, investigador de Ciencias Políticas de la UNAM, entrevistado por Alto Poder, señaló que “el Ejecutivo sobrevende sus propuestas de Ley, fiel a mediatizar los temas que generan grandes expectativas, pero que dan pocos resultados, o incluso, sin resultados.”

Arellano Toledo considera que si el Gobierno federal quisiera trabajar en los temas de seguridad y anticorrupción, no debería de haber detrás de esas supuestas intenciones, corrupción y un sistema que se resiste a ser cambiado.

Juan Zavaleta, del ITAM, está seguro que existe un “desencanto en el proyecto democrático que se explica en gran medida por el hartazgo social de la corrupción de la clase política” y dio una serie de ejemplos como los de La Casa Blanca, la de Malinalco, las deudas de Moreira, el caso de Oceanografía y los hijos de Martha Sahagún, los permanentes y ofensivos conflictos de interés; “todo ello abona al creciente clima de desencanto con nuestra democracia.”

Para que México avance lo primero que necesita es que sus políticos y gobernantes no sean tramposos.

Y hasta la próxima semana, en este mismo espacio.

manuelmejidot@gmail.com