imagotipo

Alto Poder

  • Manuel Mejido

  • Manuel Mejido
  • Con abusos y excesos crean Sistema Nacional Anticorrupción
  • Nada se habla de prisión ni quitar los bienes a los corruptos
  • Pocos políticos le entran al juego de la opaca transparencia

 

El 27 de mayo de 2015, con bombo y platillo se publicitó la reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), instancia de coordinación entre las autoridades federales y locales para prevenir, detectar y sancionar irregularidades administrativas y actos de cohecho.

Muy a la mexicana, junto con la creación de ese sistema para luchar contra la corrupción, se produjo el primer acto de corrupción porque es grave que al secretario ejecutivo de ese organismo se le asignen ingresos mensuales por casi 187 mil pesos, cuando el salario mínimo para los trabajadores del país es de dos mil 191.20 pesos.

Los funcionarios del SNA no tendrán ningún problema, como los que deben afrontar los trabajadores, que por el momento a los precios de hoy deben pagar a 11 pesos el kilo de tortillas, 28 por el kilo de huevo, 30 por el de frijol y 120 por el de la carne, que por supuesto nunca aparece en los menús de sus hogares.

Es un mito inventado por burócratas gubernamentales, que para evitar el soborno los funcionarios públicos tengan mejores salarios, porque los gobernadores perciben más de 200 mil pesos mensuales pero disponen a su antojo y voluntad de todo el presupuesto del Estado. Ahí están los casos de Veracruz, Quintana Roo, Chihuahua, Tamaulipas, Sonora, Sinaloa y otros más que se conocerán en cualquier momento.

Por supuesto que en ese primer acto de corrupción aparecen salarios para los siete directores de área que en conjunto suman ocho millones de pesos al año, dinero con el que se podría hacer una escuela rural en los muchos lugares en donde no existen.

En cambio la corrupción con impunidad que favorece esencialmente a los gobernantes y funcionarios públicos de todos los niveles, le cuesta al país 347 mil millones de pesos al año.

Si en realidad se pretendiera evitar la corrupción con impunidad, que es lo más grave, también se tendrían que establecer castigos para que escarmiente la enorme cantidad de ladrones que se encuentran enquistados en el Gobierno.

Del total del presupuesto proyectado, 13 millones 496 mil 135 pesos están planeados para materiales y suministros; 53 millones 627 mil 943 en servicios generales y cuatro millones 785 mil 620 en bienes muebles, inmuebles e intangibles, lo cual puede traducirse como “llévense lo que puedan que no pasará nada”.

LOS TROPIEZOS DE UNA FUNCIONARIA PÚBLICA

Donde sus administradores se dedicaron con gran gusto a llevarse el dinero público a sus cuentas privadas.

Con gran desenfado la presidenta del Instituto Nacional de Acceso a la Información, Ximena Puente de la Mora, dijo que el presupuesto del próximo año es “mínimo con criterios de austeridad y transparencia absoluta que contribuirá a combatir la corrupción y el abuso del poder”.

Estas palabras se atoran en el aparato auditivo de cualquier mexicano. No es posible que públicamente doña Ximena haya expresado tal barrabasada.

No se conformaron los autores de este sistema que se estrenó con un acto de corrupción, porque tal es que un mexicano en el Gobierno gane 100 veces más que un hombre que trabaje en la industria de la construcción. Las sanciones que se establecen para los corruptos siguen siendo de impunidad porque solo se establece la separación del cargo de los infractores y su inhabilitación para cargos futuros, así como sanciones de carácter económico.

Esto significa que si se aprueba el paquete de leyes anticorrupción ningún infractor pisaría la cárcel. Ante tal falta de vergüenza de quienes han trabajado en la redacción de esta reforma para depurar de ladrones los gobiernos, donde hay muchos por cierto, la sociedad civil exige que se incorpore una reforma penal y una fiscalía anticorrupción para poder cumplir con la ley y meter a los malos en prisión.

No aparece nada, en este nuevo sistema que tanto se ha alabado en los medios oficiales, referente a la incautación de los bienes mal habidos que se encuentren en poder de los infractores al momento de ser detenidos.

Ahí está el caso de Elba Esther Gordillo, que se encuentra en prisión, eso sí con todas las comodidades, pero que no le fue incautado ninguno de los bienes mal habidos. Conserva su jet, sus casas en el país, París (cerca del Arco del Triunfo), en la Jolla, California; y en donde usted quiera agregarle más, porque su fortuna es inmensa y tan respetada por el Gobierno que la encarceló como si fuera un cáliz.

LA BASURA QUE ACUMULA EL NUEVO SISTEMA

El miércoles próximo, deberá quedar integrada la Comisión de Selección de funcionarios que formarán el Sistema Nacional Anticorrupción y un año después, el 19 de julio de 2017, entrará en vigor tras completarse toda la ruta de implementación del SNA.

De hurgarse un poco más, en el SNA se encontraría mucha basura siempre a favor del Gobierno nacional en turno, porque los señores del poder tendrán las facultades de proponer políticas anticorrupción, metodológicas e indicadores de evaluación y, sobre todo, vigilar el funcionamiento del sistema.

Todo esto hablando en buen romance no es más que poner la Iglesia en manos de Lutero, como dirían los hombres de sotana.

Mucho se habla de buenas intenciones pero nadie está dispuesto a sumarse a iniciativas que pretenden la transparencia. Basta citar el caso de la propuesta ciudadana conocida como Ley 3de3 que propone que los funcionarios públicos, de manera voluntaria, publiquen sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de conflicto de interés.

Hasta esta semana, solamente habían subido a internet su declaración 723 funcionarios públicos de todos los niveles. Solo uno del Gobierno federal, que no fue el Presidente, 18 de 32 gobernadores; 29 senadores de 128; 124 diputados federales de 500; 44 alcaldes de dos mil 440; 261 funcionarios estatales y 100 legisladores locales.

Las beatas dicen que de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. En cuestión de declaraciones patrimoniales de gobernantes no existen ni siquiera la intención de publicitar sus fortunas que, en su mayor parte, son mal habidas, hechas a base de meter groseramente las manos en el dinero público.

AMLO QUE JUEGA A SER TRANSPARENTE

¿Hasta dónde se puede contar un acto de corrupción punible a los hackers del Gobierno que hacen un espionaje sistemático sobre los ciudadanos?

En el mundo cibernético de hoy, una situación de ese tipo es común pero ilegal, y la ilegalidad debe de castigarse en cuanto sea descubierta, aunque esto no aparezca tipificado como delito en ninguna ley.

De esta manera puede usted situarse en la recámara de una bella artista de cine, cuando se encuentra en paños menores o tomando una ducha.

Tampoco puede fingirse una buena intención solo por cumplir ante la sociedad, como lo hizo el presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, que tardó dos años en publicar sus bienes, tiempo suficiente para heredar en vida a sus hijos y así, zafarse de críticas que le cuestionarían el origen de cada uno de sus bienes, aunque fueran dos departamentos de vivienda popular en Copilco.

Nadie le creyó que no posee bien alguno, ni tampoco maneja tarjeta de crédito. Apenas tiene en el banco 70 mil pesos. ¿Qué hace entonces para vivir, mantener a su familia y viajar? Nadie sabe, nadie supo como dijo el Monje Loco.

Y este es solo un caso de los miles que existen en México entre la clase política de todos los partidos.

Y hasta la próxima semana, en este mismo espacio.
manuelmejidot@gmail.com