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Alto Poder

  • Manuel Mejido

  • Manuel Mejido
  • Municipios son como feudos y las gubernaturas; Virreinatos
  • Los gobernadores concluyen su mandato y se destapa la cloaca
  • Las entidades más endeudas con los Gobiernos más corruptos

El escándalo nacional que provocaron más de 50 alcaldes de Veracruz a quienes el Gobierno estatal no entregó más de dos mil millones de pesos de partidas federales, dejó al descubierto que los municipios de todo el país siguen siendo los feudos y las gubernaturas los Virreinatos, en una democracia costosa e imperfecta.

Ante el azoro de la población nacional sobre el destino caprichoso que se le da al dinero público, los estados donde se presenta más intensamente el problema de la malversación de fondos son, precisamente, aquellos en donde sus gobernadores están severamente cuestionados y hasta perseguidos por la ley.

El saldo total de la deuda de los estados es de más de 100 mil millones de pesos, solo a proveedores según estima la Concamin. El absoluto, ni siquiera ha podido calcularse porque mientras más se escarba, más boñigas aparecen.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), organismo dedicado a la medición de todo lo medible y cuantificable, estima que las cinco entidades con mayor endeudamiento son la Ciudad de México con 68 mil 600 millones de pesos; Nuevo León, 57 mil 500; Veracruz, con 41 mil 800; Chihuahua, con 41 mil 700 y Coahuila, con 37 mil 100 millones de pesos.

Marcelo Ebrard, exjefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, así como los exgobernadores Rodrigo Medina, de Nuevo León, Javier Duarte en Veracruz, César Duarte en Chihuahua y Humberto Moreira de Coahuila, todos concluyeron sus mandatos con fuertes críticas a la opacidad con que manejaron el dinero del pueblo.

Si los gobernadores mexicanos en general se comportan como sátrapas de la vieja Persia en el siglo XXI, son además de malos conductores del destino de sus gobernados, nidos de voracidad, de fraudes, de cuentas bancarias apócrifas, peculados, abusos de autoridad y, en general, la mayor parte penetrados por el narcotráfico y el crimen organizado.

LA DEUDA PARA CUBRIR CUENTA CORRIENTE

Pero ahora, a medida que se realizan más auditorías en los fondos públicos, se ha descubierto que la corrupción con impunidad está tan firmemente arraigada que puede predecirse que la Ley Anticorrupción, en sus investigaciones, se estrellará ante el inquebrantable muro de la complicidad.

Nadie ha sido capaz de responder a preguntas tan elementales que en una democracia real tendrían inmediata respuesta exigiendo cuentas claras y en qué se gasta cada peso del dinero recaudado en impuestos pero que en México nunca se sabe dónde van a parar y solo, en medio del escándalo, los contribuyentes se enteran que millones de dólares van a parar a cuentas bancarias de los políticos en paraísos fiscales.

¿Cuántos recursos reciben los municipios? ¿Qué tan transparentes son las condiciones de contratación de la deuda pública municipal? ¿Cuántos y cuáles son los salarios de los funcionarios públicos? Eso nadie lo sabe.

En México, las partidas presupuestales llegan a los Gobiernos y, simplemente, su utilización se envuelve en nubes de incertidumbre que no permiten ver los grandes intersticios que conectan directamente al erario con el bolsillo o cuentas bancarias particulares de quienes administran esos
fondos.

El Imco realiza, desde 2009, el Índice de Información Presupuestal Municipal que utiliza diversas variables. Pero, lo más importante, es que estudia el lenguaje que emplean los Gobiernos para informar a los ciudadanos porque de nada sirve publicar datos y cifras con palabras incomprensibles que solo buscan darle la vuelta y engañar a la verdad.

De 410 municipios analizados por el Índice, en donde habita el 65 por ciento de la población nacional, revela que los informes financieros son poco o nada claros.

SEGURIDAD PÚBLICA Y TESORERÍA PARA CUBRIR ABUSOS

El analista Diego Díaz, consultado por Alto Poder, dijo: “Como ciudadanos nos es prácticamente imposible conocer información como, por ejemplo, el presupuesto asignado al pago de la deuda pública, difundido por el 48 por ciento de los municipios, el tabulador salarial de la Policía Municipal por el 17 por ciento, o el número de plazas de la Administración Pública Municipal con el 18 por ciento.”

Por supuesto que los salarios, bonos y prestaciones de los alcaldes, gobernadores y sus camarillas son un secreto guardado con más celo que los de El Vaticano.

Las áreas que más complicidades encubren a nivel municipio, delegaciones, estados y Federación son tres. La seguridad pública, la tesorería y la dirección de obras.

Se hizo público que cuando era presidente Felipe Calderón protegió a Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública, a la que se le destinaron durante su último año de Gobierno más de 40 mil millones de pesos para que todo siguiera igual y se dejara como herencia a la actual
administración.

En el Estado de México se encuentran bajo investigación 104 alcaldes por sospechas bien fundadas de que nombraron en puestos claves, que requieren una alta especialización a cómplices y amigos, precisamente en los lugares por donde pasa más dinero, así lo anunció Victorino Barrios Dávalos, contralor del Poder Legislativo en la entidad. Ese dinero-ducto llega directamente al
alcalde.

Pero si se investiga más a fondo, la suma de presidentes municipales que acostumbran nombrar a parientes y amigos, sería impactante.

El Imco se tomó su tiempo para investigar en qué estados la deuda por persona es mayor y solo se jerarquizó lo que se discute acaloradamente en la sobremesa de cualquier familia.

Hasta junio de este año, las entidades con mayor deuda per capita son Coahuila con 12 mil 382 pesos por persona; Quintana Roo 12 mil 69; Nuevo León 11 mil 154; Chihuahua 11 mil 125; Ciudad de México 7 mil 764; Sonora 6 mil 427 y Veracruz 5 mil 163 pesos.

De nueva cuenta aparecen en los primeros lugares las entidades donde sus gobernadores son investigados por presuntos actos de corrupción o defraudación.

Es común que los gobernadores y alcaldes recurran a préstamos bancarios para cubrir gasto corriente. Es decir, pago de nómina, de teléfonos, comidas, rentas, empleados y otras frivolidades. Ese endeudamiento es una avalancha imparable de recursos que heredan los gobernantes a sus sucesores.

Los legisladores, que siempre buscan la alcaldía o gubernatura, no se atreven a legislar para frenar esos abusos porque ¿qué será de ellos cuando lleguen al cargo? ¿Con qué pagarán los favores
recibidos?

A finales de la década de los ochenta, los déficits de los Gobiernos estatales se incrementaron. Durante 1984, alcanzaron el 0.6 por ciento del PIB. Para 2015, superaron el tres por ciento.

Por otro lado, el promedio de la deuda de las entidades federativas respecto de sus participaciones federativas creció de 64.5 por ciento en 1994 a 84 por ciento en 2015.

Y hasta la próxima semana, en este mismo espacio.
manuelmejidot@gmail.com