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Alto Poder

  • Manuel Mejido

  • Manuel Mejido
  • Mucho escándalo y ninguna sentencia a los gobernadores  Terminan de gobernar y se fugan para gozar de sus hurtos  Si hoy es noticia, mañana será impunidad y luego se olvidará

México se ha convertido en el país de Alibabá, pero a la inversa porque lo robado aquí, se guarda y trata de esconder en el extranjero a donde el Abracadabra llega pocas veces.

Después de permanecer dormida la justicia en México, ha empezado a despertar, no por la honestidad de sus gobernantes, sino por las presiones populares y últimamente, por las denuncias públicas y tumultuarias en las redes sociales.

Por el momento, se encuentran a buen resguardo en las cárceles del país y del extranjero los exgobernadores Mario Villanueva, de Quintana Roo, en Estados Unidos, y en México, Andrés Granier, de Tabasco, Flaviano Ríos, de Veracruz, Guillermo Padrés, de Sonora, y permanecen a la espera de ser extraditados Javier Duarte de Ochoa, de Veracruz, escondido y descubierto en Guatemala; y Tomás Yarrington Ruvalcaba, de Tamaulipas, detenido en Italia a ritmo de Tarantela.

Es posible que como nunca antes los crímenes de sangre y los robos descarados y cuantiosos sean conocidos por los mexicanos, gracias a las redes sociales que no les permiten ya a los políticos y gobernantes ocultar sus fechorías y quebrantos a la Constitución, a la que juraron defender.

Los peces gordos empezaron a pescarse hasta 1971 cuando el procurador General de la República, Óscar Flores Sánchez, metió a la cárcel al exsecretario de la Reforma Agraria, Félix Barra García y a Fausto Cantú Peña, exdirector del Instituto Mexicano del Café.

La complicidad en México siempre ha viajado hermanada con los gobernantes, protegidas por el mismo círculo de infamia de hace 80 años, que hoy sigue en el poder supremo y en otros órdenes.

Durante sus mandatos, los gobernadores se convierten en virreyes, caciques y señores de horca y cuchilla, para quienes las leyes no existen y las arcas del dinero público se encuentran siempre abiertas y obsequiosas para el mandatario y sus camarillas.

Al terminar su Gobierno, el sucesor se convierte en el “implacable verdugo” que dentro de seis años también será carne de presidio. Y así la historia continúa.

IMPUNIDAD A PRUEBA DE TODO

Pudieron escapar a la acción de la justicia algunos, porque los expedientes y las acusaciones estaban mal fincadas, no eran sostenibles y la mayoría, llegó a un acuerdo con el nuevo rey y sus virreyes.

Tal fue el caso de Juan Sabines Guerrero, de Chiapas, detenido el día de los Inocentes del año pasado, Narciso Agúndez de Baja California, preso y liberado, de Pablo Salazar Mendiguchía, también de Chiapas, Óscar Espinosa Villarreal, que de su cautiverio en una prisión de Nicaragua reclamado por México llegó al aeropuerto con un amparo y ni la cárcel piso, no obstante que se le acusó de robarse 400 millones de pesos de las arcas.

Marcelo Ebrard disfruta en París, Francia, muy quitado de la pena perfeccionando su libertad dorada, Humberto Moreira no solo está libre acusado de desfalco por 32 mil millones de pesos en perjuicio de Coahuila, sino que ahora busca ser diputado local por el Partido Joven.

Luis Armando Reynoso Femat, exgobernador de Aguascalientes, acusado de peculado por 13 millones 800 mil pesos. Se le dictó formal prisión y una sentencia de seis años, que está pagando en libertad y disfruta ampliamente de sus hurtos.

Uno de los casos más escandalosos es el de Arturo Montiel Rojas, exgobernador del Estado de México, que cometió toda clase de atrocidades financieras y se dio el lujo de imponer gobernador y cubrirse perfectamente bien. Vive en una mansión en México acompañado de sus fieles botellas de coñac y whiskey porque está en litigio con su exesposa Maud Versinic por la custodia de sus hijos.

CAMBIA LA PROPORCIÓN DE LO ROBADO

La primera sacudida al frondoso árbol de la impunidad que hay en México la dio el presidente Adolfo Ruiz Cortines que destituyó, sin contemplaciones ni miramientos al gobernador de Yucatán, Tomás Marentes; de Guerrero, Alejandro Gómez Maganda; o de Tabasco, Manuel Bartlett Bautista.

Alfonso Trueba Urbina, que fue gobernador de Campeche de 1955 a 1961, puso pies en polvorosa y se escapó a la Florida para no ser alcanzado por la justicia del presidente Adolfo López Mateos y de su sucesor José Ortiz Ávila, el “Ignaro José” como lo llamaba Trueba, que pedía su cabeza o, en el último de los casos, que dejara sus huesos en una prisión.

López Mateos también depuso a Raúl Caballero Aburto, gobernador de Guerrero. Mientras que Gustavo Díaz Ordaz obligó a dimitir a Enrique Dupré Ceniros en Durango.

Luis Echeverría, un presidente que trató de movilizar al país, tuvo que deshacerse de Eduardo Elizondo Lozano, en Nuevo León; Israel Noguera, de Guerrero, de Carlos Armando Biebrich, de Sonora, y Otoniel Miranda Andrade, de Hidalgo.

La mesura en los saqueos de los gobernantes se rompió a partir de la época en que gobernó México José López Portillo. Hasta entonces los gobernadores y los secretarios de Estado, junto con sus camarillas, se llevaban a sus escarcelas el 10 por ciento de los contratos públicos.

Pero la bolsa enorme de la ambición cambió las proporciones y ahora se roban el 90 por ciento y el resto lo dejan para obras y servicios. Siguiendo el proceder de esas sinvergüenzadas, puede asegurarse que no hay país del mundo capaz de progresar sufriendo esos saqueos de los que no escapa, por desgracia ni el pasado inmediato ni el presente del país.

Miguel de la Madrid llegó a la Presidencia con la bandera de la renovación moral, que se encargaron de pisotear el mismo renovador, sus allegados, secretarios de Estado, como Eduardo Pesqueira Olea, de Agricultura, o gobernadores como Absalón Castellanos, en Chiapas.

En la modernización del país Carlos Salinas de Gortari se llevó entre las espuelas a Fausto Zapata Loredo, gobernador de San Luis Potosí, y a Elmar Sétzer, en Chiapas.

Ernesto Zedillo, sin hacer olas, obligó a las renuncias en Guerrero, de Rubén Figueroa; en Morelos, Jorge Carrillo Olea y en Nuevo León, a Sócrates Rizzo.

Esta práctica de pesos y contrapesos, de venganzas y revanchas, tuvo 12 años de inactividad cuando todo parecía de lo mejor y era de lo peor. Fue la Decena Trágica de los gobiernos panistas de Vicente Fox y el espurio, Felipe Calderón. No se defenestró a ningún gobernador.

El que los exgobernadores estén en prisión no garantiza la impartición de justicia y tampoco el triunfo del PRI en las elecciones del próximo 4 de junio y, mucho menos, en la presidencial del próximo año.

Estas detenciones sólo son parte de escándalos mediáticos para ganar votos. La justicia ocurrirá cuando sean dictadas sentencias y cumplidas en prisión. Antes, sólo son escaramuzas y no la real batalla contra la corrupción.

Y hasta la próxima, en este mismo espacio.
manuelmejidot@gmail.com