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Alto Poder

  • Manuel Mejido

  • Manuel Mejido
  • Jamaica, Panamá y Colombia, menos corruptos que México
  • Aumentan multas y también las “mordidas” a todos los niveles
  • Prevalece el hartazgo contra las autoridades en todos el país

Discurso tras discurso, promesas en cascada, arreglos y desarreglos y, como en la vieja canción mexicana, el Gobierno da “tres pasos pa’lante y otros tantos para atrás” en lo que se refiere a la lucha anticorrupción, porque la podredumbre está al interior mismo de las instituciones.

Se publican encuestas, estudios, evaluaciones, análisis nacionales e internacionales y todo queda en el habitual gatopardismo de la política mexicana en que se hacen muchos cambios para que todo siga igual.

En el más reciente estudio sobre la Percepción de la Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, en una escala del cero, que son altos niveles de corrupción, al 100, los más bajos, México se ha mantenido en el mismo lugar con 35 puntos, o sea que todo lo que supuestamente se hace para evitar que los gobernantes esquilmen al pueblo con mentiras, manipulaciones y verdades a medias, simplemente no ha servido para nada.

En este tipo de evaluaciones en la que participan 12 organizaciones internacionales, entre ellas el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo y el Fondo Económico Mundial, es imposible que intervengan los especialistas mexicanos con sus tácticas tramposas.

México tiene niveles de corrupción similares a los de Filipinas, Armenia y Mali, mientras que Trinidad y Tobago, Jamaica, Panamá y Colombia alcanzaron mejores evaluaciones. Por supuesto entre 168 países analizados, Dinamarca es el menos corrupto de esa vergonzosa lista.

Para María Amparo Casar, directora Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad, “la corrupción es una enfermedad que genera un alto costo, económico, político y social. Entre otros rubros, a consecuencia de la ‘piratería’ se pierden 480 mil millones de empleos y las empresas tienen fugas anuales en sus ventas de un 5 por ciento.”

Señaló que el costo político se ve presente en la crisis de legitimidad que, de acuerdo con el Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia Mexicana, el 91 por ciento de la población del país no confía en partidos políticos; el 83 por ciento tampoco lo hace en los legisladores y el 80 por ciento, por desgracia, en el sistema judicial.
Aumenta la corrupción

De acuerdo con el INEGI (una institución gubernamental que aparentemente no han podido prostituir los gobernantes), los actos de corrupción en el país aumentaron considerablemente de 2013 al 2015.

La “reina de las mordidas”, según el INEGI, se produce en el contacto entre la población y las policías; le siguen el trato con el Ministerio Público y, el que más atora y daña el desarrollo de México que son los trámites para abrir una empresa.

El Distrito Federal se ha convertido en el modelo de lo que no debe hacerse porque en las Delegaciones, salvo tal vez en la Miguel Hidalgo donde Xóchitl Gálvez está poniendo orden, se ponen todo tipo de trabas a quienes desean invertir en pequeños, medianos y grandes negocios que “solo se aceitan para que funcionen con las dádivas” por debajo de la mesa a los funcionarios públicos.

El modelo por excelencia para dejar claros los actos de corrupción es, precisamente, la capital de la República ahora llamada, porque así le dio la gana a Miguel Mancera, solo CDMX.

Las fotomultas son un claro ejemplo de cómo el Gobierno de la Ciudad solo busca captar recursos pero no educar ni evitar infracciones de los automovilistas. Solo han servido para aumentar sus ingresos, beneficiar al concesionario de esas cámaras y a quien dio la concesión, porque los dos van de la mano en la rapiña.

Los pobladores de las 16 delegaciones de la capital consideran que la corrupción en su demarcación es “grave o muy grave” y que ha aumentado en los últimos seis meses porque los jefes delegacionales han hecho muy poco para convertir el problema en el que la mayoría ya está nadando alegremente.

No se trata de un problema de partidos políticos, ni tampoco de candidatos independientes. Es un asunto de malas costumbres, pésimos hábitos y amoralidad.
Corrupción en las zonas más marginales

Hasta hoy ninguna delegación escapa a la corrupción en donde la mayor incidencia de ese cáncer se encuentra en Iztapalapa, Xochimilco, Magdalena Contreras y Tláhuac, las demarcaciones con mayores índices de pobreza, ignorancia y marginación.

El priísmo en la capital de la República creó un sistema que funcionó durante muchos años y generó la creencia que era lo correcto. Pagaba poco a los funcionarios y les permitía meter la mano en fondos públicos y recibir mordidas. Esa institución tan vergonzosamente mexicana que tiene su origen en la inmoralidad colectiva va desde los 200 pesos, que hoy es la mordida más baja a un policía de Tránsito, a los millones que se entregan al más alto nivel del Gobierno citadino, donde los negocios entre más sucios son, más cuantiosas ganancias reportan a sus receptores.

La nueva Constitución que dará vida a la Ciudad de México y simulará ser otro Estado de la República, será creada solo para darle un mayor andamiaje a la burocracia y la repartición de favores, prebendas y concesiones entre el grupo gobernante.

Los “chilangos” (porque ya no pueden ser ni defeños ni capitalinos) no verán ningún cambio favorable. Todas las adecuaciones serán para meter la mano en el bolsillo de los ciudadanos con mayor impunidad. Otro ejemplo de la corrupción viviente en la CDMX son los policías de Tránsito con su nuevo reglamento porque para los ciudadanos es como la casa del jabonero donde “el que no cae resbala”.

Los automovilistas en la capital del país consideran que el aumento en las multas del nuevo Reglamento de Tránsito solo sirve para que el Gobierno de Miguel Mancera eleve la cantidad y la cuantía de las mordidas, mientras no hace nada por mejorar la movilidad, el transporte público, de carga y vehículos particulares.
Con mayores multas, aumenta la mordida

Diversas consultas realizadas por especialistas revelan que el monto de las mordidas que hasta hace poco eran de 50 pesos, subió hasta 200 pesos. Pero alcanzó en su mayor parte los 500 pesos, dependiente en cada caso el tipo de infracción que cometa la víctima.

Pero, si de abrir una empresa se trata, los costos son inimaginables y peores son las multas que deben pagarse, si se cometió alguna infracción y no garantiza la solución o apertura del negocio.

¿Cómo se piensa erradicar la corrupción cuando quienes tienen la obligación de hacerlo están corrompidos hasta la médula? La ciudadanía tampoco parece interesada en cambiar ese mal hábito, porque por 500 pesos resuelve su problema, de manera rápida y sin tener que lidiar con autoridades, ministerios públicos o funcionarios que venden la justicia al mejor postor.

La Ley Anticorrupción que se debate en el Congreso, ya comenzó mal, porque diputados y senadores de cada partido buscan proteger sucios intereses.

Y hasta la próxima semana, en este mismo espacio.
manuelmejidot@gmail.com