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Alto poder

  • Manuel Mejido

  • El periodismo se tiñó de rojo; 36 reporteros asesinados en 2017
  • La colusión entre políticos y delincuentes garantiza impunidad
  • En Colombia bastaron dos presidentes honestos para devolver la paz

Los medios de comunicación nacionales y extranjeros siguen exhibiendo la sangre de periodistas mexicanos o de enfrentamientos entre hampones o el crimen organizado contra las fuerzas armadas.

Esta semana se registraron dos hechos relacionados con la descomposición social del país, cuyo Estado está dejando de ser el defensor y salvaguarda de la vida y la hacienda del pueblo, obligaciones primordiales de la buena marcha de los gobiernos.

El domingo pasado, en la Tierra Caliente de Guerrero, que comprende las ciudades de Iguala, Teloloapan, Arcelia y Altamirano, fueron asaltados dos vehículos en donde viajaban siete periodistas nacionales y extranjeros que recorrieron las zonas más peligrosas de ese estado.

Menos de 24 horas después, en Culiacán, Sinaloa, fue asesinado el periodista Javier Valdez, especialista en asuntos relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico.

En lo que va del siglo XXI han muerto violentamente en diversos puntos de la nación 105 periodistas que también de una manera directa atendían las fuentes policiacas de sus medios de comunicación. Indirectamente, porque atacaban algunos a fondo el narcotráfico, también esos reporteros estaban expuestos permanentemente a la venganza de los delincuentes a quienes se exhibían en reportajes, notas, artículo o columnas.

México se convirtió en uno de los países más peligrosos para ejercer la labor periodística, tanto como si estuviera en guerra, donde el gobierno es incapaz de proteger no sólo al reportero sino también a ciudadanos dedicados a otras profesiones y oficios.

En los cinco primeros meses de este año, suman seis bajas entre los reporteros dedicados a la nota roja que ahora se ha especializado, de una manera sangrienta en noticias sobre el narcotráfico y la muerte.
ES NECESARIO CREAR PROTOCOLOS INFORMATIVOS

Los medios de comunicación deben establecer protocolos sobre la información que manejan, nunca con intención de autocensura, sino para evitar convertirse en voceros y propagandistas de delincuentes que hacen llegar a las redacciones cartas, videos o audios para exhibir a sus enemigos que horas más tarde cobran venganza contra empleados de periódicos, estaciones de radio o televisoras.

Gobernantes y políticos de toda calaña también colaboran con el trafique de impunidad que establecen con las pandillas, cárteles y bandas de la delincuencia organizada.

Es muy fácil la ecuación de todo cuanto ocurre en México. Una gran parte de los funcionarios públicos intercambian dinero por encubrimiento y protección de los criminales.

En las ciudades, sean grandes o pequeñas, se registra menos violencia, aunque también los habitantes de zonas urbanas se encuentran expuestos a las acciones del hampa.

Las personas que se han desplazado de las zonas rurales a las ciudades para huir de la violencia suman cientos de miles, según un trabajo realizado por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres, que ubicó a México como el segundo país con más muertes violentas en el mundo, sólo después de Siria.

En México operan 88 organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. Son catalogadas como grandes ocho, cuyas ganancias anuales superan los 39 mil millones de dólares, según datos de la Procuraduría General de la República.

Los grupos delictivos de Los Zetas, los de Sinaloa, los Arellano Félix, la Familia Michoacana, los Caballeros Templarios, el nuevo cártel de Juárez, el de la Barbie y el de los Beltrán Leyva son las organizaciones criminales que tienen presencia en el país y saben comprar con sus suculentas ganancias la impunidad que les brindan desde los gobiernos mexicanos.

Pero también existen otros igual de violentos y protegidos de las autoridades que operan en zonas específicas de las grandes ciudades, como es el caso del cártel de Tepito, uno de los más sanguinarios.
EL EJÉRCITO QUE DESCOMPUSO TODO EN LAS CALLES

La salida del Ejército y de los marinos a las calles avivó aún más la violencia porque los delincuentes no saben con cuál jefe de las Fuerzas Armadas pueden negociar para seguir con su negocio de muerte.

En Colombia desde hace más de una década no hay problema significativo con los cárteles de la droga que operan en la llamada Amazonia Colombiana, la inmensa selva que permite encubrir todo tipo de laboratorios clandestinos para “cocinar” cocaína.

El fin de la época negra de Colombia se debió a que llegaron a la Presidencia, primero uno y después otro, gobernantes honestos que no se coludieron con cárteles de la droga ni aceptaron dinero a cambio de simulaciones e impunidad.

Precisamente el problema más grave en estos aspectos, y en muchos otros, es derivado de lo mismo: la impunidad. Los delincuentes que tienen comprada la justicia, saben que por una puerta entran al presidio y por otra salen.

Nunca los jueces, ya sea porque ellos reciben el dinero o porque les envían acusaciones mal fincadas, aplican castigos severos como merecen quienes trafican con drogas y asesinan sin piedad para mantener sus imperios del mal.

La nota roja, en la que están coludidos en publicitarla algunos medios de comunicación, acapara las primeras planas. Existe poca denuncia social en la labor del reportero, cuando debería ser su materia prima.

La degradación social en México ha llegado al extremo. En el asalto a los periodistas en Tierra Caliente, donde les robaron un vehículo y objetos personales, el que hacía la siniestra colecta era un niño de 13 años.

Lance Lochner, catedrático e investigador en Capital Humano y Productividad, asegura en sus trabajos que cada día son más frecuentes las noticias sobre niños y jóvenes delincuentes lo que debería llevarnos a pensar en las causas sociales del problema. La opinión es que mientras más tiempo pase un niño o un joven en la escuela, en razón directamente proporcional, disminuye la posibilidad de convertirse en criminal.

Lochner propone la tesis de que la delincuencia se reduce al potenciar la educación de las personas. En México, el nivel promedio no es ni de seis años de escolaridad. El investigador estima que por cada año de escolaridad que aumenta, la posibilidad de delinquir disminuye en un 11 por ciento.

Para sorpresa de todos los que creen que México es un país blanco en cuestión de analfabetismo, todavía hay en territorio nacional 320 mil jóvenes entre los 15 y 20 años de edad que son analfabetas.

En el país más de 33 millones de personas mayores de 15 años se encuentran en condiciones de rezago educativo; 5.4 millones de analfabetas; 10 millones que no concluyeron ni la primaria y casi 18 millones que tienen inconclusa la secundaria.

Lo que frena el desarrollo de México es la corrupción y la impunidad que todo mundo sabe dónde se encuentra y cómo opera, pero nadie hace nada.

Y hasta la próxima semana, en este mismo espacio.
manuelmejidot@gmail.com