imagotipo

Alto poder

  • Manuel Mejido

  • El país está secuestrado por mafias en todos sus niveles
  • Desde el Congreso hasta el Metro se advierte la corrupción
  • Vivimos una sociedad violentada, afirma rector Graue

México se ha convertido en un país de mafias.

En los últimos 17 años, los grupos de facinerosos, políticos corruptos, gobernantes ladrones y narcotraficantes que tienen penetradas la mayor parte de las instituciones nacionales se han adueñado del país, robado la conciencia de los ciudadanos y vaciado las arcas públicas.

La cosa nostra, corregida y aumentada en México por los políticos criollos, han convertido en su coto de caza a los priistas que controlan desde Los Pinos hacia abajo a los panistas dominados por El Yunque, la iglesia y los empresarios multimillonarios; y a los perredistas, con sus tribus que van desde la Nueva Izquierda de Los Chuchos a una Morena que los trae de cabeza.

Dedicarse a la política, con el ánimo firme de alcanzar un puesto en el gobierno donde haya cajas repletas de dinero público para robárselo, es un gran negocio, como vender alcohol en Chicago durante la prohibición. En México hay muchos dueños de partidos políticos.

Para nadie es un secreto que al PRI lo maneja el Presidente de la República en turno; Morena es de la reserva especial de Andrés Manuel López Obrador; el Movimiento Ciudadano, tiene con vida a Dante Delgado que nada en estanques de poca profundidad; Nueva Alianza de Elba Esther Gordillo que aún desde la cárcel sigue remando dinero; el Partido del Trabajo de Alberto Anaya lucra con la necesidad de los empleados y el gran negocio familiar de los González Torres y González Martínez sigue viento en popa con la bandera del Partido Verde.

Fuera de las mafias con presencia de honradez, de lucha social y de movimientos progresistas, están aquellos que desde la pobreza hacen lo mismo y se dedican a actividades ilícitas, penadas por la ley pero protegidas por la corrupción y la impunidad.

Con tanta culpa como los delincuentes de cuello blanco se encuentran los narcotraficantes que no temen ensuciarse las manos con sangre ajena. Esos grupos de bandidos que matan por “quítame estas pulgas” operan en el país con la misma libertad de movimiento que quienes lo hacen desde los partidos políticos.
LOS CÁRTELES QUE OPERAN EN LA IMPUNIDAD

La desprotegida ciudadanía, porque no tiene guaruras a su servicio, únicamente vive a la espera de que los homicidios ocurridos en la esquina más próxima no lleguen a su casa. Por todo el país se pasean los asesinos de los cárteles de Sinaloa, del Golfo, Caballeros Templarios, Jalisco Nueva Generación, Ciudad Juárez, Beltrán Leyva y la Familia Michoacana.

Los narcos son los amos de las zonas donde operan. La ley la dictan ellos, ponen los jueces, manejan las policías y hasta los ministerios públicos. ¡Ay, de aquel que se les enfrente!, que no tiene que ser periodista o reportero para que los asesinen simplemente porque lo miró feo.

En la Ciudad de México opera el cártel de la Unión de Tepito, los jóvenes formados en esa gran escuela del crimen que antiguamente solo era para comprar y vender “fayuca”, ahora es la meca de los delitos de sangre cometidos sin castigo.

Los tepiteños controlan el tráfico de drogas de la zona centro de la capital de la República y extorsionan a los comerciantes cobrándoles un pago entre mil 500 y dos mil pesos diarios, de acuerdo a la importancia del establecimiento.

Los dueños de los bares, restaurantes, discotecas y demás negocios recreativos de las zonas de Polanco, La Condesa, Cuauhtémoc y la Juárez, o pagan al cártel de Tepito o cierran su negocio.

Ha penetrado tanto en las entrañas de México la delincuencia que hasta 2013, el gobierno del entonces Distrito Federal registró a 15 líderes de “vagoneros”, “pasilleros” y “bocineros” que operaban en 11 de las 12 líneas del Metro.

Toda esa pandilla de delincuentes fueron identificados por la policía. Pero únicamente revelaron sus apodos. El Timbo y Los Carros en la Línea 3; La Dulce en la Línea 2; El Sánchez, en líneas 8 y B; El Christian en la 7 y 9; El Camello en la Línea 9; El Cuino, en la 1; El Salo, en la 6; El Chaparro en la 2; Juan El Payaso, en la 8; El Gato en la 2; El Oso y el Cacas en la 1; la Playboy en la B y 3 y El Bizco.

Todos los pandilleros disfrutan del producto de sus ilícitos en plena libertad y protegido por autoridades con las que participan de sus sucias ganancias.
LA DISPUTA POR LA MAFIA DE LA IGLESIA

En México es tan grave el problema de las mafias que han llegado, con la bendición de dios, hasta la iglesia católica en cuyo interior ya existe una lucha sorda por la sucesión de Norberto Rivera Carrera, como Arzobispo Primado que deberá dejar el cargo el próximo mes al cumplir 75 años de vida y por disposiciones de la Santa Sede, renunciará ante el Papa Francisco.

Su relevo produjo serios jaloneos de sotanas entre la jerarquía eclesiástica.

Entre los que se mencionan para suceder a Rivera Carrera son Carlos Aguiar Retes, arzobispo de Tlalnepantla y recién nombrado cardenal; Jorge Carlos Patrón Wong, el más cercano al Papa Francisco y actual secretario para los seminarios de la Congregación para el Clero; Ramón Castro Castro, el obispo de Cuernavaca que impulsa una pastoral social comprometida, y Víctor Sánchez Espinoza, el conservador arzobispo de Puebla, señalado como el “delfín” de Rivera Carrera.

El catedrático del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Miguel Carbonell, dijo que: “La peor consecuencia de la corrupción judicial en México consiste en los altos niveles de impunidad que existen: la impunidad significa, sencillamente, que los delitos cometidos no son sancionados por una u otra causa. En buena medida, la impunidad es generada y amparada por la corrupción de los distintos agentes involucrados en el sistema judicial: policías, ministerios públicos o fiscales, jueces y responsables de las cárceles.”

Según algunas estimaciones, la llamada cifra negra, compuesta por delitos efectivamente cometidos que no llegan al conocimiento de la autoridad, alcanza al 75% del total de los delitos cometidos en todo el territorio. Lo cual significa que tres de cada cuatro delitos no se denuncian.

Las estadísticas son apabullantes e increíbles. De 25% de delitos denunciados, solo se concluye la investigación ministerial en 4.55%, pero únicamente en 1.6% el infractor llega ante el juez a responder por los delitos cometidos.
ES NECESARIO EL CASTIGO PARA CORREGIR

Haciendo bien las cuentas, de cada 100 delitos solamente 1.6% llega ante el conocimiento de un juez. Las condenas judiciales alcanzan una cifra de 1.06%, lo que significa que la impunidad alcanza una horrorosa cifra de 99%.

Para el rector de la UNAM, Enrique Graue, “hoy vivimos en una sociedad violentada, indignada, desesperanzada y en la que los jóvenes se desenvuelven en un ambiente de inseguridad e impunidad. Por ello, es necesario que los profesores infundan los valores de libertad, respeto, tolerancia, negación a la violencia, progreso y paz.”

En el fondo de todo ese mar de corrupción con impunidad en el que flotan los mexicanos, la pobreza, la desigualdad e inseguridad, forman parte del contexto donde la democracia debe recrearse y es profundamente desfavorable.

La corrupción está enraizada en fallas institucionales en el Estado de derecho deficiente. Según expertos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM para que el Sistema Nacional Anticorrupción hay que castigar, demostrar que se rompe la impunidad para que la sanción se convierta en la forma de inhibir la corrupción.

Y hasta la próxima semana, en este mismo espacio.
manuelmejidot@gmail.com