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Alto poder

  • Manuel Mejido

  • Los abusos en la gran Ciudad de México afecta a todos
  • Aunque inconstitucional, continúan las fotomultas
  • Todo está concesionado a empresas privadas

La Ciudad de México está llena de trampas y chapucerías, para cazar a los incautos, inocentes y a los ciudadanos confiados en que el Gobierno los protege, cuando en realidad trata de explotarlos.

En la capital de la República hay 26 mil 774 cajones de estacionamiento privatizados en la vía pública; 15 mil 115 cámaras instaladas en las calles manejadas por particulares y trabajan a marchas forzadas 226 de grúas para acarrear vehículos al corralón.

También está concesionado a grandes empresas el servicio de Metrobús y autobuses que dan servicio en las principales avenidas como Paseo de la Reforma, Circuito Interior o Periférico.

Los beneficiados de las concesiones del Gobierno de la Ciudad son unos cuantos. Se trata de la perversa unión entre el “yo te doy la concesión, tú la operas y vamos a 50 y 50”.

Los ganadores en la rebatinga que se ha hecho de los bienes del pueblo en la Ciudad de México fueron las empresas que operan los parquímetros (debiera ser estacionómetros).

Todos estos grupos empresariales son los responsables de los atracos que se hace a los ciudadanos de la capital de la República.

El primer parquímetro EcoParq, que es la empresa ganona de las privatizaciones, se instaló el 22 de noviembre de 2011 en la calle Antaole France, en Polanco.

Por ejemplo, en la zona de Polanco hay 416 parquímetros que administran seis mil 286 cajones de vehículos, 394 lugares para motocicletas y 39 estaciones de EcoBici.

Según el reporte de ingresos del Gobierno de la Ciudad de México durante el primer trimestre de este año, en la zona de Polanco, recaudó un total de 25 millones 606 mil 10 pesos.
LO QUE CALLA LA AUTORIDAD Y GANAN LAS EMPRESAS

En las redes sociales a diario aparecen denuncias de la forma canallesca en que se instalan “arañas” para inmovilizar automóviles que, por una u otra razón, no tienen pagado el tiempo y espacio para estacionarse.

Pero, los datos duros, no hablan de los conductores que se bajan de auto para pagar y les aparece un “raterillo” de la empresa operadora del parquímetro para inmovilizar la unidad con la “araña” y no respetan el tiempo que se hace en bajar de vehículo y llegar a la máquina expendedora de boletos.

Esos sinvergüenzas, en lugar de estar trabajando para compañías tan sinvergüenzas como ellos, deberían estar en la cárcel. Por eso, es necesario saber que al ocupar un cajón de estacionamiento, antes de bajarse del auto deben encenderse las intermitentes. Ni concesionarios ni autoridades informan a la ciudadanía de esta medida para evitar los abusos.

Las fotomultas son otro capítulo de abusos y sinvergüenzadas entre la autoridad y las empresas privadas. En primer lugar, ese sistema es inconstitucional porque no permite la defensa del supuesto infractor. Así lo consideró la Suprema Corte, pero el Gobierno capitalino y sus beneficiarios de la iniciativa privada decidieron que ese sistema siguiera operando.

El año pasado se impuso una marca en incremento de infracciones por fotomultas en la gran capital. En 2016 las multas por exceso de velocidad se incrementaron en más del 200 por cientos, mientras que el promedio diario de sanciones se disparó a más del 400 por ciento. Qué hermosa y cínica forma de enriquecerse unos cuantos en perjuicio de la gran mayoría.

Hay dos empresas beneficiadas indebidamente con estas concesiones que hasta la fecha siguen gozando con todo cinismo de estos beneficios.

El nuevo Reglamento de Tránsito está tan mal elaborado que en un tramo de 500 metros en el Boulevard de la Luz, en el Pedregal, la velocidad máxima para circular puede variar de los 20 a los 60 kilómetros por hora, para engañar y robar a choferes incautos.

Miguel Ángel Mancera defendió el uso de las cámaras argumentando que ha bajado la velocidad y, con ello, el número de accidentes ocurridos. Nada más lejos de la verdad ni más descarado. Casos como el del BMW sobre Paseo de la Reforma ocurren a diario, no de tan grandes proporciones ni de tanta publicidad.
UN MUNDO VIGILA A LA CDMX

Respecto a la concesión de cámaras de video vigilancia, en un principio se entregó a Teléfonos de México que contrató con la empresa militar francesa Thales la operación de este sistema.

La Ciudad de México se convirtió en un “Big Brother” donde no hay un espacio sin que esté vigilado, sin embargo, cuando la víctima de algún delito necesita una prueba de video de esas cámaras, conseguir una copia es tarea prácticamente imposible. Sólo se pueden ver si algún funcionario “filtra” a las televisoras las imágenes.

El caso de las grúas privatizadas a las empresas Comercializadora Versirg y Autotraffic es otro medio de extorsión sin control de ninguna especie que se hace a los capitalinos.

La empresa Autotraffic, por ejemplo, cobra en la Ciudad de México hasta cinco veces de lo que recibe en otros estados donde opera como Puebla y Jalisco. Ahí está establecida una cuota fija por cada infracción generada.

La legisladora Wendy González Urrutia, en vista del desorden y el saqueo que se hace del bolsillo de los capitalinos, presentó a nombre del grupo parlamentario del PAN una iniciativa de ley para regular las grúas.

“Es necesario que las autoridades comprendan que la capital de la República no debe ser una ciudad de multas y sanciones, sino una ciudad de cultura vial y respeto entre los ciudadanos e instituciones”, señaló la asambleísta.

Las grúas no proporcionan un servicio que beneficie la movilidad y se han convertido en una actividad con fines de lucro al establecer una cantidad mínima y máxima de presupuesto por cada unidad de arrastre.

Para la legisladora González Urrutia, este sistema de sanciones “no está mediando el bien social o el bien común, sino por el contrario, intereses económicos ante la impotencia y enojo de los ciudadanos”.

La ciudadanía se encuentra frente a una serie de arreglos meramente económicos entre el gobierno de la capital y empresas privadas que no promueven la construcción de una cultura ciudadana, ya sea a través de la educación vial, la difusión de información, una señalización adecuada y, por último las sanciones económicas cuando así se requiera.

Si todo se hiciera perfectamente bien, no se estarían llenando los bolsillos de dinero mal habido los funcionarios públicos y sus compinches, las empresas privadas.

Y hasta la próxima semana, en este mismo espacio.
manuelmejidot@gmail.com