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Alto poder

  • Manuel Mejido

  • A las autoridades no les importan los desaparecidos
  • Las cifras de este delito varían de los 27 mil a los 300 mil
  • Ni siquiera hay un banco de datos confiable para las víctimas

Todos los días México despierta con novedades que asustan a la población, por lo terrible de los casos de que se trata y por la falta de acción gubernamental para frenarlos.

Ahora resulta que, hasta 2016. El país ocupaba el segundo lugar mundial, después de Colombia, en desapariciones forzadas. Los mexicanos pasan del asombro a la resignación inmediata porque ni siquiera hay un registro nacional de personas desaparecidas. El gobierno solo cuenta con una numeralia de ciudadanos no localizados que actualizan cuando ocurre un escándalo mediático.

Los datos más recientes indican que hasta enero de este año se contabilizaron 30 mil 973 personas en situación de desaparecidas. La mayoría, 29 mil 912 casos, no han sido resueltos por las procuradurías y fiscalías estatales y solamente mil 061 asuntos fueron esclarecidos en la Procuraduría General de la República.

Según Jesús Peña, representante adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el problema de la desaparición forzada está tomando “dimensiones aterradoras en México, con el hallazgo de fosas clandestinas y cuerpos por todo el país”.

Diversos especialistas consultados por Alto Poder, consideraron que el problema de las desapariciones ha rebasado a todas las instituciones gubernamentales y de impartición de justicia.

México está poblado por 855 fosas clandestinas, con mil 548 cadáveres y que integran una lista negra que ha crecido del 2007 al mes de abril de este año. Y sigue a la alza sin esperanzas reales de poder detener la fiebre asesina que corre por las venas de la nación.

Del total de personas desaparecidas de 2006 a 2014, más de mil, o sea un 30 por ciento, son menores de 18 años de edad. Esta situación demuestra claramente que la violencia avanza incontenible ante la indolencia gubernamental para frenarla.

Los homicidios de los últimos cinco años se encuentran 20 por ciento por encima del mismo periodo del sexenio pasado y en el presente año la tendencia continúa a la alza.
LOS 43, SÍMBOLO DE LA INEPTITUD DE LAS AUTORIDADES

El número de asesinatos en México durante el primer trimestre de 2017, estuvo 34 por ciento por encima del mismo periodo del año pasado, por lo que este podría concluir con un total de 29 mil homicidios y se perfila como el más violento desde que existen registros.

Ha colapsado el fraseo simplista que atribuía la violencia a la “guerra de Calderón” y el estancamiento de las capacidades estatales en sus tres niveles que siguen augurando un negro, muy negro, panorama en materia de seguridad a corto y mediano plazo.

De acuerdo al último Informe Mundial 2017, de Human Rigth Watch, desde 2006 miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas han participado en desapariciones forzadas cometidas de manera generalizada en todo el país.

En agosto de 2016 el gobierno mexicano informó que aún se desconocía el paradero de más de 27 mil personas denunciadas como extraviadas desde 2006.

Es habitual que agentes del Ministerio Público y policías no realicen la investigación básica para identificar a los responsables de desapariciones forzadas y, a menudo, solo les dicen a las familias declarantes, que deben investigar por su cuenta.

Como ejemplo permanente de la indolencia e ineptitud de las autoridades mexicanas está el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014. Solamente uno de los jóvenes fue identificado entre los restos que la PGR afirma pertenecen a los estudiantes.
FALTA UNA RESPUESTA FUERTE DEL ESTADO

Hasta julio del año pasado, más de 100 personas han sido imputadas por presunta participación en secuestros y asesinatos de la noche negra de Iguala, pero hasta la fecha ninguna ha sido condenada por ese infame delito.

Para el doctor Guillermo Garduño Valero, investigador de seguridad nacional, Ejército y narcotráfico de la Universidad Autónoma Metropolitana, las desapariciones no denunciadas superan los 300 mil casos porque la gente ya no se acerca a la autoridad a denunciar, debido a que la identifica como administradora de la delincuencia y no como defensora de la ley.

Es evidente que esta cifra no disminuirá a corto plazo, porque no existen elementos de acuerdos entre las mafias que se disputan el territorio nacional, ni una autoridad capaz de garantizar la seguridad pública.

Para Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, las desapariciones forzadas son un asunto que debe resolver el Estado, no solo identificando cadáveres, sino ayudando a las víctimas colaterales, los familiares, padres, hijos, hermanos y esas familias que se desintegran con cada crimen que transgrede hasta la sala de su casa.

Además, resaltó la urgencia de crear un banco de datos que opere en todo el país y al que puedan acceder cualquier autoridad y ciudadanos que tengan un pariente ausente sin motivo.

María Elena Morera, presidenta de la organización Causa en Común, considera que “en materia de desaparición forzada, el país atraviesa por una grave situación, porque no ha habido una respuesta fuerte por parte del Estado en contra del problema”.

Para apuntalar sus afirmaciones, Morera dijo a Alto Poder que según la CNDH de 1995 a 2015 hay 57 mil 861 personas reportadas como desaparecidas. Pero en el Registro Nacional, a octubre de 2016, registra 29 mil 903.

El manejo libertino de cifras confirma la poca atención que los gobiernos del país le conceden a este grave delito que hace llorar a una buena parte de la población nacional.

Es evidente que existe un problema estructural, institucional y operativo que permite la comisión de este delito porque, para empezar, no hay una ley general que regule todos los aspectos de desapariciones, que tipifique los distintos tipos de desaparición, que instruya a la profesionalización de las agencias ministeriales, que permita la construcción de una base de datos y que garantice protección a los parientes de las víctimas.

En síntesis, muy poco se ha hecho por garantizar la vida de los
desaparecidos.
A MI AMIGO MIGUEL REYES RAZO

Un pésame fraternal para mi amigo de casi toda la vida, Miguel Reyes Razo, por el fallecimiento de su hermano José Luis, ocurrido el pasado sábado.

Miguel, que es el mejor periodista para hacer entrevistas a grandes personajes, tiene ahora que entrevistarse a sí mismo para aceptar con toda resignación la partida de José Luis, a quien más tarde o más temprano habremos de alcanzar.

Y hasta la próxima semana, en este mismo espacio.

manuelmejidot@gmail.com