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Alto poder

  • Manuel Mejido

  • La población es la más vulnerable con el Nuevo Sistema de Justicia Penal
  • Mancera pidió a ciudadanos cuidarse ante liberación de 4 mil criminales
  • Activistas dicen que gobernantes solo buscan justificar su incapacidad

En mayo pasado se registraron dos mil 186 homicidios en todo el país. Un importante incremento en la comisión de este delito que no se observaba desde hace 20 años, cuando millones de mexicanos salieron a las calles a exigir al entonces presidente Ernesto Zedillo mayor seguridad.

Actualmente, 25 estados reportan un significativo aumento de asesinatos perpetrados no sólo por venganzas entre grupos delictivos, sino también por violencia doméstica, la cometida por delincuentes de ocasión o entre vecinos; es decir, el mismo pueblo.

Hoy hace 13 meses entró en vigor el Nuevo Sistema de Justicia Penal que pretendía agilizar la adecuada aplicación de las leyes para erradicar el delito. Sin embargo, las prisiones se han convertido en puertas giratorias y solo ha servido para agilizar la salida a delincuentes de alta peligrosidad.

La semana pasada, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, pidió a la población estar alertas ante la posibilidad de que los jueces otorguen libertad condicional a unos cuatro mil delincuentes gracias a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó un amparo que les permite apegarse al Nuevo Sistema de Justicia Penal, con lo cual dejan de ser delitos graves muchos de los actos por los que fueron condenados.

Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro, estima que el número de delincuentes en libertad condicional en todo el país podría alcanzar hasta las 70 mil personas en menos de un año. Una cifra aún de mayor vulnerabilidad a la ya de por si desprotegida sociedad.

“Indudablemente se desatarán los índices de secuestro, robo y de todo tipo de delitos porque ahora aprendieron mucho en las cárceles de otros delincuentes y los tendremos nuevamente agrediéndonos a la sociedad civil. No tienen ni idea del mundo en el que vivimos”, consideró Miranda de Wallace durante una entrevista para Alto Poder.
NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA ES UNA PUERTA GIRATORIA

En junio pasado, Francisco Javier Gómez y Víctor Alfonso Fernández asesinaron al cliente de un bar. Apenas 10 días antes habían sido detenidos por disparar al aire en calles de la Zona Rosa pero fueron liberados tras pagar una fianza.

Carlos Arturo Molina fue a prisión acusado de secuestro en la Gustavo A. Madero. Un mes atrás estuvo preso unas horas después, luego de que policías lo detuvieran en posesión de varias armas de grueso calibre.

José Octavio “N” violó y asesinó a una menor en el transporte público en Nezahualcóyotl. Meses antes estuvo en prisión acusado por el mismo delito, pero salió a la calle amparado en el Nuevo Sistema Penal acusatorio.

A diario aparecen más casos como los anteriores. Sin embargo personajes como María de los Ángeles Fromow Rangel, extitular de la exsecretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, pide tiempo a la ciudadanía porque que implementarlo de manera adecuada llevará de nueve a 15 años.

Entrevistada para esta columna, Fromow Rangel estimó que este sistema “tardará años en consolidarse. Los estudiosos dicen que entre nueve y 15 años, es una generación prácticamente que estará trabajando para que esto logre su punto de equilibrio”.

La exfuncionaria considera que aún quedan algunas “brechas que cubrir, pero hay ya una tarea que deberán seguir todas las instituciones de manera coordinada para lograr el objetivo; de verdad, hay una satisfacción de efectividad de la justicia hacia el ciudadano; que el servicio sea de calidad y que ellos sientan que existió reparación del daño; que existió una atención debida y sobre todo que se respetaron los derechos de todas las partes involucradas”.

Renato Sales, comisionado Nacional de Seguridad, estimó que siete de cada 10 homicidios cometidos en el país son con arma de fuego de uso exclusivo del Ejército. Antes del 18 de junio de 2016, se detenía a una persona con armas de fuego e iba inmediatamente a prisión. Con el Nuevo Sistema de Justicia Pena“es potestad del juez enviarlo a prisión o enviarlo a la calle.” En el 90 por ciento de los casos los libera ya sea por amenazas o por recibir un soborno.
MÉXICO ANTE UNA CRISIS PEOR, ADVIERTE SUPREMA CORTE

La semana pasada, 38 organizaciones civiles, entre ellas Articulo 19, México Evalúa, Red Por los Derechos Digitales y México Unido contra la Delincuencia, además de abogados y activistas, presentaron un colectivo llamado #LeySinPretextos.

Quienes integran este movimiento, afirman que los gobernantes pretenden justificar el aumento de la delincuencia y su incapacidad para combatirla, culpando la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, por lo que las organizaciones civiles se oponen a que el Congreso discuta una contra reforma.

Según #LeySinPretextos si este nuevo modelo para impartir justicia no ha dado los resultados esperados se debe, principalmente, a que el personal de los Ministerios Públicos y jueces carecen de una preparación adecuada, además que se ha mal interpretado.

Además, afirman que si los delincuentes son liberados es gracias a que se respeta el Estado de derecho establecido en la Constitución. Nada más falso que esta aseveración porque se trata de personas que cometieron delitos y, a las pocas horas, son devueltas a las calles y continúan cometiendo toda clase de fechorías.

Lo más controvertido de todo el asunto fue que el mismo José Ramón Cossío, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) considerara necesario establecer “un pacto de Estado” ante las fallas en la aplicación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Cossío consideró que de no ocurrir este pacto o de no hacerse una autorreflexión de todos los involucrados, incluido el Poder Judicial de la Federación, México estaría frente a una crisis de seguridad mayor. Así de grave es la situación y de pésima la legislación que realizan diputados y senadores.
ESTADO OPERA SOLO DONDE DELINCUENCIA SE LO PERMITE

Además de la pésima actuación de los Ministerios Públicos y los jueces, debe sumársele el evidente deterioro del sistema penitenciario en todo el país que, como ocurre en la mayor parte del mundo, son verdaderas universidades del crimen y que han mostrado su lado más violento en las últimas semanas.

Del penal de Topo Chico, en Monterrey, donde en febrero del 2016 murieron 52 reos durante un amotinamiento; o como lo ocurrido en la prisión de Las Cruces, en Acapulco, la semana pasada cuando fueron brutalmente asesinados 28 internos (con armas blancas o a golpes) y hasta la fecha se desconocen los motivos reales.

Actos violentos similares o numerosas fugas de reos se han suscitado en las cárceles de Tamaulipas, Veracruz, Ciudad de México, Jalisco, Quintana Roo y varias entidades más.

El Estado solo opera en los pocos espacios que la delincuencia le permite. El crimen organizado se ha enquistado en todos los poderes de gobierno y la pésima impartición de justicia vulnera a la sociedad que cada día debe aprender a defenderse por cuenta propia.

Cualquier resquicio en la ley es aprovechado por los abogados de los delincuentes para devolverlos a las calles. Mientras que los policías no investigan, los jueces no imparten justicia y las prisiones no reinserten delincuentes a la sociedad.

Y hasta la próxima semana, en este mismo espacio.
manuelmejidot@gmail.com