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Alto Poder / Manuel Mejido

  • Manuel Mejido

  • Una disculpa no cambia los agravios de militares contra civiles
  • El Alcoholímetro es un ejemplo de igualdad al sancionar
  • México continúa entre las naciones más corruptas del mundo

La fuerza de las redes sociales denunciando actos reprobables de los gobiernos de la República en todos sus niveles, lograron lo hasta hoy imposible: que el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, ofreciera al pueblo una disculpa pública porque fueron exhibidos actos de tortura realizados por militares.

Vino la disculpa, pero también, desde el interior de las Fuerzas Armadas llegó la manipulación, porque esos militares torturadores son enjuiciados por desacato en la justicia militar, cuando deberían serlo ante instancias civiles por torturas.

La Procuraduría General de la República tardó varios días en informar que iniciaría la investigación correspondiente y, como suele suceder, giró las órdenes de aprehensión sin que hasta el momento se hayan cumplimentado.

Sí, efectivamente, la disculpa es el primer paso pero falta la rendición de cuentas no solo en el Ejército y las policías federales, estatales y municipales, sino de todos los integrantes del Gobierno en sus tres niveles.

Consultado por Alto Poder, Arturo Jiménez, catedrático de la Facultad de Psicología de la UNAM, dijo que “la mayoría de los policías municipales estatales y federales (algunos solamente con primaria terminada), tienen un bien ganado desprestigio de deshonestidad”.

También expuso esa desgracia nacional de la ‘mordida’, con la que muchos burócratas compensan sus bajos ingresos y han popularizado en el mundo el término de ‘mordidas mexicanas’, del que no debe sentirse nadie orgulloso.

Propensos a la corrupción, la mayoría de los políticos se vuelven más corruptos en el entorno de impunidad que existe en el país. Ese, precisamente, el entorno en el que desafortunadamente vive la población mexicana, porque no deja avanzar a la nación con la velocidad de sus capacidades y la que requiere la desigualdad social donde se malvive.

La eficacia y la deshonestidad no dependen exclusivamente de las enseñanzas universitarias ni de la calidad de la educación, sino del entorno en el que crecen las personas, esa que se llama educación de los padres y que según el viejo refrán ‘se mama en la casa’.
Virtudes ciudadanas no se aprenden en la escuela

Es difícil cambiar la mentalidad de los adultos, que se ha retorcido al través de muchos años, porque la educación debería ser selectiva en todos los niveles no solo en el académico, sino también debe estar basada en principios universales como los de honestidad, respeto a los derechos humanos, solidaridad y la compasión, entre otros.

Estas virtudes ciudadanas que deben empezar con los maestros, las autoridades y los políticos, se han dejado de lado y nada de eso se incluye en los exámenes de oposición para docentes ni para la selección de evaluadores, ni del personal de confianza de quien ocupa un puesto en una institución educativa.

En México se le ha dado prioridad a la confianza, amistad y el compadrazgo más que a la preparación y los principios.

Para el catedrático Arturo Jiménez, hacer más eficaz una administración en donde los políticos, las instituciones y la democracia sean creíbles es necesario, primero, que los representantes populares y las autoridades de instituciones que reciben dinero público y sus parientes cercanos hagan una declaración pública de sus bienes antes y al finalizar la ocupación de un cargo, con leyes o sin leyes que lo establezcan.

En segundo lugar, se requiere rendición de cuentas para que sean sometidos a procesos judiciales quienes habiendo ocupado un puesto en el Gobierno se sospeche de riqueza inexplicable y, tercero, la ausencia de conflicto de interés y tráfico de influencia en la administración de los recursos públicos.

Ciertamente esto es hablar de un México en donde los funcionarios que manejen dinero, sean importados de Finlandia o de Suecia, porque los locales se han pervertido durante muchos años y nunca se ha visto que un árbol torcido se enderece.
El compadrazgo e influyentismo no siempre sirven

El más reciente caso de nepotismo y de intento de quebrantar la ley ocurrió en la Ciudad de México, el pasado viernes 15 cuando Juan Carlos Contreras Licona, subsecretario de Inteligencia Policial de la Secretaría de Seguridad Pública llegó a un retén del Alcoholímetro en la colonia Condesa para tratar de evitar la detención de un amigo.

De nueva cuenta las redes sociales lo exhibieron públicamente y el ‘influyentazo’ tuvo que renunciar a su cargo, pero mañosamente no a la corporación.

Como ocurre en todo el mundo, el pueblo tiene muy mala memoria y la noticia de hoy en los periódicos mañana sirve como papel higiénico.

En mayo de 2015 cuatro jóvenes universitarios de Veracruz fueron denunciados por Javier Fernández de haber violado a su hija Daphne, menor de edad, en Boca del Río el dos de enero de 2015. Los presuntos responsables son Enrique Capitaine, hijo del exalcalde de Nautla; Felipe Capitaine; Jorge Cotaita y Gerardo Rodríguez Acosta y Diego Cruz Alonso, todos hijos de funcionarios y empresarios poderosos.

La corrupción y la impunidad han cubierto de sombras el posible esclarecimiento de tal comportamiento.

Los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, Veracruz, fueron detenidos porque a juicio de los policías estatales, obviamente al servicio del crimen, eran “sospechosos”, se veían “fortachones” y venían en un automóvil con placas foráneas.

Esa sospecha bastó para que fueran detenidos el 11 de enero. Los cinco fueron torturados, asesinados y sus cuerpos destruidos, según la declaración del policía Rubén Pérez, detenido durante la investigación a cargo de la Fiscalía veracruzana.
El corrupto México ante los ojos del mundo

México ocupa el lugar número 58 entre 199 Estados miembros de las Naciones Unidas en materia de impunidad. Se encuentra en el penúltimo lugar de 59 naciones que cuentan con información estadística suficiente para el cálculo del Índice Global de Impunidad, lo cual demuestra que el país tiene dos asuntos prioritarios que atender: La funcionalidad de su sistema de seguridad y la estructura de su sistema de justicia.

En el país no se necesita invertir cada vez más recursos para aumentar el número de policías, sino en los procesos que garanticen la efectividad de sus acciones.

A México le urge contar con más jueces dentro del sistema de justicia. El Índice Global de Impunidad estima que en los países debe haber 17 jueces por cada 100 mil habitantes. México solo tiene cuatro, mientras que Croacia, una pequeña nación que salió recientemente de una guerra intestina con la desaparición de Yugoslavia cuenta con 45 jueces.

Desgraciadamente en México la falta de funcionalidad del sistema de justicia permitió evidenciar que el 46 por ciento de su población detenida por homicidios no ha sido juzgada.

Cuando los hechos hablan las disculpas son insuficientes y los discursos salen sobrando.

Y hasta la próxima semana, en este mismo espacio.
manuelmejidot@gmail.com