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Alto Poder

  • Manuel Mejido

  • Guerrero en el centro de la violencia y el desprestigio
  • Las contradicciones de Tomás Zerón en el Río San Juan
  • El asalto al hotel en Caleta exhibió la vulnerabilidad policial

El pueblo, ahora llamado sociedad civil, se ha tenido que convertir en el defensor de sus derechos porque las autoridades han fallado, fallan y, posiblemente, seguirán fallando por sus conexiones con el crimen organizado y el narcotráfico.

De acuerdo con la teoría general del Estado, el orden constitucional se desintegra cuando un Gobierno es incapaz de garantizar la vida y la hacienda de los ciudadanos.

Guerrero es un claro ejemplo de que en México se vive un Estado fallido por la evidente incapacidad de las autoridades que deberían ejercer el poder para proteger a la población. Se ha evidenciado muchas más veces de las necesarias que solo se ocupan de incrementar sus cuentas bancarias robándose el dinero público.

La desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’, la noche del 26 de septiembre de 2014, puso al descubierto el contubernio entre el Ejército, los policías federales, estatales y municipales y los políticos con el crimen organizado, para robar abiertamente y matar a su antojo.

En este caso particular, el Gobierno nacional falló en la difusión de su “verdad histórica” porque nunca presentó pruebas fehacientes de que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron entregados a los criminales de ‘Guerreros Unidos’ y ‘Los Rojos’ por policías municipales de Iguala con la complacencia de los militares del 23 Batallón.

La colusión entre policías y militares fue aprovechada por los delincuentes y las propias autoridades, para desaparecer evidencias de los homicidios y borrar cualquier rastro que condujera a su esclarecimiento. Limpiaron bien el tiradero de Cocula o, mejor aún, lo sembraron de dudas para inventar una verdad.

Surgió una ola de protestas en la Nación por las deficientes investigaciones de la PGR, que se esparció por todo el mundo y se convirtió en un clamor de censura universal contra el Gobierno de la República.

La indignación mundial presionó al Gobierno mexicano para solicitar la intervención de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y acogerse al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Droga, impunidad y corrupción en Guerrero

Después de un año de investigaciones, los expertos internacionales negaron la versión oficial de la PGR, de que los 43 estudiantes hayan sido cremados en el tiradero de Cocula, Guerrero, porque las condiciones climatológicas no habrían permitido su incineración, tampoco hubo ningún testigo y no había el material requerido para incinerar tal cantidad de cuerpos.

En su primer reporte difundido hace seis meses, se ignoró que el GIEI dio a conocer la presencia de un quinto autobús que los jóvenes de la normal habían secuestrado y que, presuntamente, llevaba oculta entre las valijas de los pasajeros droga, propiedad de ‘Guerreros Unidos’. Es ahí donde la investigación cayó en punto muerto y abrió todas las posibilidades reales o ficticias.

Cubierto por el manto de la sospecha fue la visita de Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal, al Río San Juan de Cocula un día antes de que fuera revelada la “verdad histórica”. Ninguno de los involucrados en las investigaciones pudo encontrar algún registro sobre esa visita tan inesperada como misteriosa.

Luego, el funcionario dio su versión y citó varios nombres que de inmediato rechazaron haber formado de esa diligencia. Ahora la ONU, el GIEI, los forenses argentinos y todos los citados por Zerón de Lucio, exigen su salida de la AIC.

En el juego de mentiras en que estuvieron involucrados policías, militares, criminales y políticos, los voceros del Ejército negaron todo contacto con los normalistas. Pero las evidencias recabadas por los expertos demostraron que los soldados no solo presenciaron los asesinatos de esa noche, sino que dialogaron con los jóvenes que buscaron refugio en un hospital del que fueron echados por el mismo Ejército.

En contraposición, los padres de los 43 normalistas desaparecidos no han dejado de luchar en contra de algunas opacidades y de otros retorcimientos en los reportes del Gobierno nacional sobre el caso.

No obstante que las Naciones Unidas, la OEA y la misma CIDH recomendaron al Gobierno mexicano continuar con la labor del GIEI, este sábado deberá concluir su trabajo porque así lo decidieron los altos mandos de la Nación.
La disculpa del jefe de los militares

Otro caso que desvela los misterios de la red de mentiras con que se ha manejado el asunto de Ayotzinapa, lo viene a demostrar la impunidad, corrupción y abuso del poder que impera en el país, concretamente en el Estado de Guerrero.

Para estupor de los ciudadanos, la semana pasada se difundió el video de una mujer detenida posiblemente en tráfico de armas, cuando era torturada por dos militares y una policía federal en Ajuchitlán del Progreso, en febrero del año pasado.

Mientras a la torturada se le hizo un juicio rápido para encarcelarla, a los torturadores se les concedió ser procesados por desacato, un delito menor comparado con la gravedad del secuestro con tortura.

Esta situación dejó en claro que en México la justicia no es igual para todos y que para los amigos, como lo dijo Benito Juárez, gracia y justicia y para los enemigos, justicia a secas.

Por primera vez, el general en jefe del Ejército, Salvador Cienfuegos, ofreció una disculpa por un abuso de oficiales militares que no había forma de ocultar.

Hace algunos años, los intelectuales de largo colmillo aseguraban que el país marchaba en orden y en paz porque seguía la acertada norma que dice “los curas a sus iglesias, los militares a sus cuarteles y los políticos al Gobierno”.

Por lo visto el imparable avance del crimen no cesa en el país y mucho menos en el Estado de Guerrero. Todavía tiene pasmada a la Nación el asalto a mano armada al hotel ‘Alba Suites’ en Caleta, Acapulco, donde se encontraban alojados los miembros del operativo “Fuerza Guerrero”.

Según los testigos, el tiroteo en ese lugar y en otras zonas duró un par de horas. Hubo muertos, pero sobre todo un desprestigio internacional sobre Acapulco, México y su Gobierno cuyas consecuencias todavía no son bien evaluadas.

Por todos estos hechos, Acapulco es la tercera ciudad más insegura, según como la advierten sus habitantes, reveló la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI.

Actos violentos como los ocurridos en todo el Estado de Guerrero, se repiten en Colima, Michoacán, Veracruz, Sinaloa, Sonora, Oaxaca, Chiapas y Puebla. No se trata de hechos aislados, sino de la corrupción con impunidad que está creciendo en todos los sectores de la nación.

Y hasta la próxima semana, en este mismo espacio.

manuelmejidot@gmail.com