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Alto Poder / Manuel Mejido

  • Manuel Mejido

* Juristas buscan evitar otra imposición como la de Medina-Mora

* Los ministros de la SCJN están divididos y confrontan a Peña Nieto

* Desde Los Pinos impulsan a su delfín para la Rectoría de la UNAM

Las asociaciones de abogados, jurisconsultos y constitucionalistas de gran prestigio se han convertido en la punta de lanza para evitar que el Presidente de la República, sea quien sea, siga teniendo injerencia en la designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del procurador general de la República y de los funcionarios que tengan que ver con la transparencia, la fiscalización, las Fuerzas Armadas y la designación del rector de la Universidad Autónoma de México.

El detonante de este movimiento de independencia de los tres poderes fue la imposición de Eduardo Medina-Mora Icaza como ministro de la SCJN, que aunque ya está en funciones por “el dedazo”, sus compañeros debaten, analizan y discuten sobre la legalidad de su designación.

El movimiento de prolegalidad jurídica también incluye a las Fuerzas Armadas que se manejan con una autonomía casi metaconstitucional.

Poner bajo la lupa a los militares tomó fuerza a raíz de que el general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa, declarara en una entrevista con Santos Mondragón, de Televisa, que no permitiría “que a los soldados los traten como criminales o los quieran interrogar para posteriormente hacer sentir que tienen algo que ver” en la desaparición de los 43 normalistas.

Corren días en que las leyes se enfrentan a las malas costumbres del Gobierno.

En Washington, el martes pasado, Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos, representó al Estado mexicano durante una comparecencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde dijo que si se pretendía interrogar a los militares, las preguntas deberían hacerse al través del Ministerio Público federal.

La excesiva injerencia en la defensa de la actuación del Ejército mexicano en las labores policiacas que se les han endilgado desde el Gobierno de Felipe Calderón, además de inconstitucionales, están llenas de sospechas y vacíos jurídicos.

Lo cierto es que cada vez que el Ejército invoca la seguridad nacional para justificar sus acciones, cae un telón de oscuridad sobre la forma en cómo actúan en el territorio nacional.

El gran trasfondo de las controversias en torno a las Fuerzas Armadas, es la necesidad que ven los abogados en que el secretario de la Defensa, como ocurre en Estados Unidos y algunos países de Europa, sea un civil y quien maneje realmente a las Fuerzas Armadas sea el jefe del Estado Mayor.

Se pretende separar los asuntos administrativos de las estrategias y acciones militares.
Dos ministros “liberales” salen de la Corte

Lo mismo ocurre en la SCJN, cuyo objetivo primordial de sus ministros es garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos y no proteger los privilegios de quienes gobiernan o de los empresarios que los apoyan.

El próximo 30 de noviembre, concluirán su trabajo como ministros de la SCJN Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza. Ambos identificados como el “ala liberal”, que es un factor de equilibrio al interior del máximo órgano del país y que, por lo mismo, su reemplazo ha atraído la atención de los especialistas.

Tanto Sánchez Cordero como Silva Meza fueron propuestos por Ernesto Zedillo, al inicio de su Gobierno. Ambos, en la tradicional servidumbre del poder judicial al Ejecutivo, fueron aceptados.

Ahora, en los próximos días, el presidente Enrique Peña Nieto deberá enviar al Senado dos ternas, una por cada ministro y en caso de que no alcancen la votación suficiente para instalarse en la Suprema Corte, deberá enviar otras.

Este procedimiento es el que los abogados tratan de eliminar. Que sea el Presidente de la República quien nombre a los ministros, porque son designados únicamente los que él propone en sus ternas.

El Presidente deberá tener mucho cuidado de no cometer dos errores. Primero, no proponer como ministros a personas con alguna militancia partidista o vínculos con la alta burocracia, como ocurrió con el caso de Medina-Mora.

El otro error que debe evitar Peña Nieto es no incluir a destacados juristas que se hayan desarrollado en otros ámbitos de la abogacía y no solamente los de carrera judicial.

Varios partidos políticos, indebidamente, ya están proponiendo sus ternas para cumplir con la llamada cuota de género, o sea que en la SCJN se permita una mayor participación de mujeres. En la actualidad, de los 11 miembros dos son mujeres, pero una de ellas, Olga Sánchez Cordero, se jubila en noviembre.
Ministros analizan nombramiento de Medina-Mora

En la actualidad,

la Suprema Corte se encuentra dividida como nunca lo había estado. En los primeros días de este año, cuando el ministro Silva Meza dejó de presidirla, seis de sus integrantes se postularon para sucederlo y la elección del actual presidente, Luis María Aguilar González, se produjo después de 32 rondas de votaciones porque no se ponían de acuerdo y chocaban subterráneamente todo tipo de intereses ajenos a la impartición de la justicia.

Otro de los signos claros del divisionismo de la Corte es el hecho de que, con cuatro votos a favor, la Segunda Sala de la SCJN aprobó revisar si es posible impugnar el nombramiento de algún miembro del máximo tribunal de la nación.

Todo esto se deriva de la imposición que se hizo desde Los Pinos, de Eduardo Medina-Mora. El recurso que permitirá la discusión sobre el nombramiento, fue promovido por los exfuncionarios de la PGR Davina Guadalupe, Ana María y Eduardo Ponce Martínez, quienes fueron dados de baja de esa dependencia, según ellos injustamente, durante la gestión del ahora ministro.

La división de la SCJN en este caso es evidente. Votaron a favor de poner al exprocurador en el banquillo de los acusados los ministros Alberto Pérez Dayán, Juan Silva Meza, Margarita Luna Ramos y Fernando Franco González. Por supuesto, en este caso Medina Mora fue impedido de emitir su voto.

La mansedumbre que durante muchas décadas mostraron los ministros ante el Presidente de la República y que aceptaban humildemente sus órdenes, parece estar concluyendo.

La confrontación entre los ministros y el Presidente, también es evidente. Mientras Peña Nieto ha reiterado en diversos foros nacionales e internacionales que su Gobierno se opone a la despenalización de la mariguana, ya sea para uso medicinal o recreativo, la SCJN lo enfrenta y abre la puerta a la discusión interna.

Desde otra importante trinchera diversos analistas y jurisconsultos publicaron un cuestionamiento de 10 preguntas al Presidente sobre la designación de los dos nuevos ministros.

El mismo pronunciamiento hizo la Barra Mexicana de Abogados, lo cual indica un enfrentamiento directo con la figura “presidencialista” sea de ayer, de hoy o del futuro.
Burlada la autonomía de la UNAM
Otro caso igualmente delicado es la sucesión de José Narro en la Rectoría de la UNAM. Hay 13 candidatos a ocupar ese importante cargo pero destaca Sergio Alcocer, quien renunció a la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, que es abiertamente el candidato de Los Pinos, cuya imposición puede desatar una “guerra civil” al interior de la máxima casa de estudios.

A nadie debería disgustarle el hecho que se pretenda acotar el poder del Presidente, especialmente en áreas que no son de su incumbencia constitucional.
Y hasta la próxima semana, en este mismo espacio.

manuelmejidot@gmail.com