imagotipo

Alto Poder / Manuel Mejido

  • Manuel Mejido

* México se encuentra enfermo de gravedad

* La corrupción e impunidad, los males que aquejan al país

* EPN se disculpa por contribuir al desgaste de instituciones

México es un país enfermo y su estado se agrava a medida que la ineptitud de los gobernantes crece, el peso se devalúa en los mercados internacionales y el petróleo cada semana registra un nuevo “mínimo histórico”.

La caída libre del país no encuentra funcionarios capacitados para resolver los problemas con medidas oportunas y contundentes, y no con cascadas de palabrería que surgen lo mismo de Bucareli que de todos los centros del poder.

Mientras la desgracia se cierne sobre la economía, las finanzas, las exportaciones, el turismo, las remesas y la seguridad, los gobernantes se pierden en el laberinto de sus frivolidades donde resulta más importante resolver problemas del atuendo personal, que la inseguridad que causa a la nación miles de víctimas.

Los escándalos van y vienen, lo mismo políticos, que periodísticos y personales; suben como la espuma cuando se inician y como la espuma bajan a unas horas de haber aparecido. Solo dejan en la opinión pública una estela de sospechas, la sensación de impunidad de los involucrados y la impotencia creciente de la población.

Se ha llegado al extremo de cometerse asesinatos sin que nadie vaya a la cárcel por esos crímenes. El 27 de mayo pasado, la activista Nadia Vera denunció, a través de un video, el acoso que sufría, junto a sus compañeros, entre ellos el foto-reportero Rubén Espinosa, por parte del Gobierno de Veracruz.

El 31 de julio fueron encontrados muertos Nadia y Rubén, junto a tres mujeres, todos con señales inequívocas de haber sido torturados. Con un enorme cinismo, las autoridades de Veracruz, del Gobierno acusado, y del Distrito Federal, donde se consumó el crimen, han tratado de desviar las causas reales de la masacre hacia una supuesta vida frívola de las víctimas, incluida la señora de la limpieza que también murió junto al fotoperiodista, la activista, la modelo y una peluquera.

Los asesinos fueron directo a matar a Nadia y a Rubén, y como “daño colateral” asesinaron a las otras tres mujeres. El Gobierno del Distrito Federal envió a Veracruz a ministerios públicos para tomar declaraciones desde el gobernador para abajo y las conclusiones fueron, según lo previsto, no hay culpables. Solo un “viene viene” en la cárcel.

Aunque pudieron, no encontraron un culpable de mayor solvencia y se tuvieron que concretar con el cuidador de autos que tras las rejas todavía no sabe por qué está ahí. La declaración del detenido ha cambiado varias veces hasta el grado de revertir la culpabilidad de quienes fueron los verdaderos asesinos a las víctimas por haber ido a ese departamento, alegando que se trataba de un burdel. Una vil mentira.
PGR acusa sin elementos a inocentes

Otro caso que molesta la enfermedad terminal en que se encuentra la nación es el de la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora. El viernes 21 de agosto un juez, cuya decisión ha sido aplaudida por el pueblo, negó la solicitud de la Procuraduría General de la República de detener a 27 exempleados, entre ellos las maestras que cuidaban a los niños la tarde del 5 de junio de 2009 cuando el lugar se convirtió en una hornaza que dejó a 49 criaturas muertas y más de 106 con daños irreversibles.

La PGR se saltó deliberadamente a la responsable de la guardería, Marcía Matilde del Campo, por el hecho de ser prima de Margarita Zavala, esposa del entonces presidente Felipe Calderón. Este hecho de impunidad tan manifiesta fue recogido por las redes sociales, que tanto han ayudado a evitar injusticias.

Sigue sin esclarecerse debidamente el multihomicidio ocurrido en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de México, el 30 de junio del año pasado. Desde el primer día, los gobiernos del Estado de México y de la República manejaron la versión que los 22 “presuntos criminales habían muerto durante un enfrentamiento contra el Ejército.”

Posteriores investigaciones realizadas por fuera del oficialismo demuestran que los militares ajusticiaron a esos presuntos delincuentes a quienes debieron solo detener. Ésta es una demostración del peligro que implica que el Gobierno nacional haya dado a los soldados “manga ancha” en su guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado.

La respuesta de que esa guerra que inició el espurio Felipe Calderón no ha dado el menor resultado la ofreció la fuga de “El Chapo” Guzmán, el 11 de julio, del penal federal de máxima seguridad del Altiplano.
Pese a las disculpas públicas prevalecen dudas

Los criminales en México siguen marchando un paso delante de las policías y las autoridades, que en una buena parte de los casos son sus cómplices.

Ni los padres ni los activistas olvidan a los 43 normalistas de Aytozinapa, cuya desaparición ha cumplido un año y todavía no se sabe en qué horno fueron incinerados, porque de la nada nadie desaparece.

Diversas investigaciones de mexicanos, argentinos, austriacos y de todos los que intervinieron en esto, han señalado que el único horno en la región de Iguala para incinerar caballos se encuentra al interior de la XXXV Zona Militar.

En un principio, como siempre ocurre, se trató de encubrir la presencia de militares la noche del 26 de septiembre. Pero en las redes sociales empezaron a mostrarse fotografías en donde aparecían militares junto a los normalistas, muchos de ellos desaparecidos, en un hospital donde los jóvenes, algunos heridos, trataron de refugiarse, pero fueron los solados quienes se los impidieron.

Ese crimen, que conmocionó al mundo, sigue mostrando las entrañas de un poder público mexicano gravemente enfermo, pese a que en la cárcel hay 103 detenidos, entre ellos los presuntos responsables directos, pero nadie sabe dónde están los cuerpos de los 43.

Otro hecho insólito, derivado de la gran ignorancia del pueblo mexicano de la cual se aprovechan los gobernantes para explotarlo y manipularlo a su antojo, fue la destrucción, durante la noche del sábado 25 de julio pasado, de la capilla del Santo Cristo, construida en el siglo XVIII en Tlaxcala.

El pueblo y el obispo Francisco Moreno Barrón ordenaron la demolición del templo porque se construye uno nuevo. A estas alturas ya debería estar en prisión el párroco junto con quienes encabezaron el genocidio cultural.

Casi a diario aparece un nuevo escándalo en el que se ven inmiscuidos en descarados actos de corrupción los gobernantes, diputados, senadores y toda la gama de los políticos de cualquier partido, porque los panistas, que por muchos años se dieron golpes de pecho señalándose como impolutos, dejaron a su paso de 12 años en Los Pinos, corruptelas de una cuantía inmensa y desconocida que alcanzó a la familia de Marta Sahagún por adquirir hasta grandes empresas de comunicación.

El desgaste de las instituciones fue advertido y reconocido por el propio presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien se disculpó el viernes 21 de agosto, en una acto, por el daño que causó la investigación realizada por la Secretaría de la Función Pública en su contra, de su esposa y de su secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

Pero en la opinión prevalece la sospecha. El pueblo ya no cree en la impartición de justicia y mucho menos en fiscales impuestos. Para que sirva en realidad la Secretaría de la Función Pública, su titular no debe ser designado por el Presidente. Debe surgir de una elección nacional y con candidatos ajenos al Gobierno y los partidos políticos.

Y hasta la próxima semana, en este mismo espacio.
manuelmejidot@gmail.com