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Año fiscal de grandes retos / Blanca Alcalá

  • Blanca Alcalá

Se ha dicho que la caída de los precios del barril de petróleo por debajo de los 40 dólares y la depreciación del peso frente al dólar, en alrededor de 30 por ciento en lo que va del año, implicará un año complejo para las finanzas públicas. No obstante, a pesar de tales vicisitudes, se ha dado el primer paso importante para enfrentar los retos de 2016, con la aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación y la Miscelánea Fiscal, que habrán de regir la política de contribuciones para el año entrante.

El primer elemento relevante es la formalización de un proyecto basado en un presupuesto de base cero, es decir, se mantienen los programas cuya eficacia haya sido demostrada a lo largo de 2015 y se cancelan o fusionan aquellos que no lograron sus propósitos. México no es una empresa, por lo que la medición y evaluación de los programas no se hace en función únicamente de su contribución al gasto público, sino a partir del impacto que generan como políticas públicas que contribuyen a reducir la pobreza extrema, mejorar la salud o incrementar la calidad educativa, entre otros asuntos.

Las diferentes fuerzas políticas tanto de la Cámara de Senadores como de la Cámara de Diputados llegaron, no sin diferencias, a un arreglo para dotar el presupuesto en año fiscal entrante por un monto general de 4.7 billones de pesos. Se fijó un tipo de cambio en 16.4 pesos por dólar y un cálculo de 50 dólares por barril de petróleo. De estos recursos, más de dos billones de pesos, serán destinados a las entidades federativas y los municipios para impulsar el desarrollo regional y local.

Toda estimación presupuestal tiene sus riesgos, por ello, los legisladores han preferido mantener una actitud cautelosa respeto de los indicadores macroeconómicos esperados el año entrante: un crecimiento económico de entre un 2.6 y un 3.6 por ciento del Producto Interno Bruto nacional y una inflación anual del tres por ciento. A pesar de ello, los términos de crecimiento con respecto a otros países está por arriba y la inflación por debajo, aunque no es el caso compararse con otras economías por ahora.

Lo que es un hecho, es que los legisladores han mantenido la política inicialmente propuesta por el titular del Ejecutivo, de no aumentar el presupuesto público a costa de mayores impuestos para las personas cautivas. Como ha sido anunciado, no habrá nuevos impuestos ni incremento a los vigentes. Además, con la entrada en vigor de las reformas en materia energética, se mantendrá una banda de fluctuación de los precios de gasolina y diésel, a fin de que puedan ajustarse a la baja a lo largo del año.

Hay dos aspectos que inciden de manera directa en los ciudadanos de la llamada clase media: por una parte, se modifica el régimen de incorporación fiscal, de modo que la expedición de comprobantes se hará a partir de 250 pesos, en lugar de cien como establecía la norma vigente para este año. Por otra parte, se incrementaron los montos de las deducciones personales del 10 al 15 por ciento, lo que incrementará las devoluciones del Impuesto sobre la Renta en gastos médicos, por ejemplo.

En apoyo a la operación empresarial, se incrementaron los montos de deducibilidad para la adquisición de automóviles y se aprobaron incentivos fiscales para las personas morales que inviertan en energías renovables, con la finalidad de proteger el medio ambiente y, en general, fortalecer la cultura en favor de la sostenibilidad del desarrollo económico.

A fin de evitar cualquier especulación respecto de la aplicación de los recursos destinados a la infraestructura municipal y estatal, se facultó a la Auditoría Superior de la Federación para que audite la aplicación de los recursos federales asignados a estos órdenes de Gobierno. Esta medida de transparencia pretende acotar la percepción de que, una parte de los mismos, son objeto de prácticas de desvío, reasignación o, incluso, de corrupción.

Para el ejercicio fiscal de 2016, solo falta la compleja discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos. Ya está clara la disponibilidad de recursos, ahora corresponde a la Cámara de Diputados discutir y, en su caso, reasignar, los recursos conforme al proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo para un año fiscal de grandes retos.
*Senadora de la República por el Estado de Puebla