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Ante las amenazas al periodismo

  • Angelica de la Peña Gomez

Norberto Bobbio en su Teoría General de la Política señala las cuatro libertades de los tiempos modernos: la libertad personal, la libertad de pensamiento, la libertad de asociación y la libertad de reunión; se entiende que estas libertades no tendrán ningún obstáculo desde el poder que tenga como cometido obligar, limitar o interferir en una persona para que no realice lo que se propone o tenga que llevar a cabo lo que no desea.

En el goce de estas libertades estriba la libertad individual que será más grande en la medida en que sea más amplia el área de no interferencia del poder político.  Contextualizar la libertad de expresión desde este marco de las libertades mencionadas quiere decir que se puede decir lo que se quiera, nadie puede obligarnos a decir algo que no queremos decir, tampoco se nos puede negar decirlo desde el medio que decidamos hacerlo.

Esta garantía además esta intrínsecamente relacionada con el derecho al libre acceso a la información, la cual debe ser plural y oportuna.

Desde este punto de vista conviene replantear la crisis que hoy nos envuelve, derivada de las amenazas, chantajes, hostigamiento, represalias, secuestros, desapariciones y asesinatos de periodistas, en el sentido tan amplio como ha resuelto la Primera Sala de la SCJN el amparo en revisión 1422/2015, que determinó que son los jueces federales, no los locales, quienes deben enjuiciar los delitos cometidos en contra de un periodista.

Esta determinación igualmente señala que no es necesario que una persona acredite trabajar para un medio de comunicación, o que presente un título profesional para justificar su carácter de periodista, es decir, que el periodismo debe calificarse desde una perspectiva funcional, atendiendo a las actividades que comprende y al propósito al que sirve: informar a la sociedad.

Existe una Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas y un Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el problema es que este mecanismo resuelve medidas cautelares, no le corresponde atacar el problema de fondo, para eso están las Fiscalías de cada entidad federativa y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), que son los Ministerios Públicos que debieran garantizar una investigación pronta y eficaz para que los criminales sean llevados ante la justicia, pero que hasta ahora han sido ineficaces para proteger el ejercicio de la libertad de expresión de las amenazas por parte de funcionarios corruptos o bandas delincuenciales.

La PGR ha nombrado un nuevo titular de la FEADLE, quien deberá revertir la nula efectividad que ha caracterizado a esta Fiscalía desde su creación y hacer del combate a la impunidad una eficaz política de Estado.

Porque no se podrá garantizar la libertad de expresión ni la integridad de periodistas si no se combate la impunidad. Esto significa que en el corto plazo la FEADLE deberá dar a conocer el avance sobre diversas investigaciones, atraer casos locales y lograr sentencias emblemáticas que dejen claro que el Estado mexicano ha dejado atrás la indiferencia y la inmovilidad, y que envíe el mensaje claro y contundente a favor de la libertad de expresión y de la vida de quienes ejercen el periodismo. De lo contrario, se habrá hecho mucho ruido y la crisis nos habrá vencido.
Senadora por el PRD. Presidenta

de la Comisión de Derechos Humanos