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Arquitectura institucional y Mando Único

  • Raúl Aarón Pozos

Raúl Aarón Pozos Lanz

Desde el inicio de su administración, el presidente Enrique Peña Nieto ha llevado a cabo un conjunto de acciones para incrementar los niveles de seguridad y confianza de los ciudadanos frente a las embestidas del crimen organizado. Con ello en mente, se llevan a cabo diversas acciones de política pública para rescatar el imperio de la ley, tales como los cambios para una justicia penal eficaz, para profesionalizar y fortalecer los cuerpos policiacos, para transformar el sistema penitenciario, para mejorar las acciones de coordinación en los tres ámbitos de Gobierno, así como para llevar a cabo procesos de regionalización, fortalecimiento de la inteligencia contra el crimen y finalmente, para promover y articular de manera eficaz la participación de los ciudadanos en las políticas de seguridad.

Sin duda, resulta claro que la responsabilidad de la seguridad pública es de los tres ámbitos de Gobierno, pero también lo es, que tal y como lo señala el presidente Peña Nieto en la propuesta de reforma constitucional, que la problemática de la seguridad ha recaído cada vez más en los municipios y se ha alejado de la Federación y los estados. Esto ha traído como consecuencia la falta de coordinación, y lo que es más importante, disparidades en el compromiso, en las capacidades y en las modalidades de combate a la delincuencia.

Por ello, el presidente Peña Nieto presentó ante la Cámara de Senadores en diciembre de 2014, una iniciativa de reforma de los artículo 21, 73, 105, 115, 116 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad. La iniciativa tiene por objeto garantizar la seguridad pública a través del Mando Único Policial Estatal y precisar que la seguridad pública será una función a cargo de la Federación y de las entidades federativas, otorgando a los municipios una participación en el diseño y ejecución de políticas públicas de prevención no policial de los delitos. Con la iniciativa también se propone que sea la Federación y las entidades federativas las que diseñen los criterios y procedimientos para la remuneración mínima, la actualización y el régimen disciplinario de los integrantes de las instituciones de seguridad; homologar los protocolos de actuación y operación, equipamiento y demás aspectos que permitan construir capacidades para la función policial en todo el país.

Una de las atribuciones contenida en la iniciativa es facultad que tendrá el Fiscal General de la República para determinar cuando el crimen organizado a logrado infiltrar la administración o ejecución de servicios municipales, en cuyo caso lo deberá comunicar al titular de la Segob, para que, con la aprobación del Senado, la Federación asuma temporalmente, en forma total o parcial, las funciones del municipio.

Resulta claro que en el corazón de la reforma está en la necesidad de modificar las instituciones que se encargan en su conjunto de combatir al crimen, así como de concentrar las funciones policiales en determinados órganos de Gobierno y con ello facilitar las condiciones de mando, así como focalizar las tareas de seguridad en determinados territorios. En algunos sectores de la opinión pública se ha interpretado esta propuesta como un regreso a la centralización de decisiones y mando, y como una reminiscencia del pasado, ajena a los estados modernos. Sin embargo, la centralización de las tareas de seguridad pública, tal y como lo señala la iniciativa de reforma, es una cuestión que corresponde más a las necesidades de un país en determinado momento histórico, que a una simple y predeterminada distribución de competencias, en las que se puede considerar que existen funciones que “naturalmente” corresponden a un orden de Gobierno. Es, para decirlo de alguna manera, una consideración mucho más pragmática que busca la eficacia del Estado en la lucha contra el crimen. Se trata más bien de revisar y generar instituciones para dar respuesta a las demandas de los ciudadanos.

Resulta claro que una de las acciones de política que caracterizan a los Estados democráticos y comprometidos con el desarrollo de sus sociedades, es la referente a la seguridad pública. Ningún estado democrático contemporáneo puede autodenominarse así si no ha cumplido con la condición mínima para su existencia, esto es, la garantía de seguridad de sus ciudadanos, de respeto y de salvaguarda de la propiedad privada y la vigencia del Estado de Derecho.
[1] Senador de la República por el Estado de Campeche. Partido Revolucionario Institucional.