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El Estado mexicano y la Iglesia/ Así es el Derecho / Élfego Bautista Pardo

  • Élfego Bautista

La visita del papa Francisco, máximo líder de la Iglesia Católica, a territorio nacional ha provocado la movilización de miles de católicos, y llamado la atención de todos los profesantes de ese credo y de quienes no lo son, lo que nos invita a pensar acerca del papel que tienen las diversas religiones en nuestro país, sobre todo por cuanto hace a su relación con el Estado y con el Derecho.

La relación entre el Estado mexicano y la religión, especialmente la católica, ha ido variando con el devenir histórico, desde sus inicios en la época independiente, de la que datan los “Sentimientos de la Nación” y la Constitución de Apatzingán de 1814, documentos que señalan a la religión católica como la única que debía profesar la nación.

La Constitución de 1857 excluyó esa obligatoriedad, lo que fue una de las causas de la Guerra de Reforma, que dividió al país en liberales y conservadores. Otra fue la inclusión en 1873, de las Leyes de Reforma en la Constitución mexicana, entre ellas la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos de 1859, que estableció la perfecta separación de los asuntos del Estado y los eclesiásticos, limitando al Estado a proteger con su autoridad el culto de todas las religiones.

La Constitución de 1917 estableció duras disposiciones que con el tiempo desembocaron en la Guerra Cristera, como la libertad de culto, considerando que todo hombre es libre de profesar la creencia religiosa que más le agrade y de practicar las creencias, devociones o actos de culto pero solo en los templos o en su domicilio, siempre que no constituyan un delito, limitando los actos religiosos a los templos y bajo vigilancia de la autoridad. A partir de esta Constitución se otorgó a los Poderes federales atribuciones en este tema, y se designó a la Secretaría de Gobernación como la dependencia que vincula al Gobierno federal con las instituciones religiosas.

A nuestros días, la separación Iglesia-Estado y la libertad de culto siguen como principios fundamentales del país, y se encuentran en la Ley Suprema, en los artículos 24 y 130, y en la Ley de Asociaciones Religiosas y de Culto Público, y es facultad del Congreso de la Unión legislar en la materia.

En el país, todos los individuos tienen el derecho de adoptar la creencia religiosa que más les agrade, de practicar en forma individual o colectiva, los actos de culto o ritos de su preferencia, y asociarse o reunirse pacíficamente con estos fines; a no ser objeto de discriminación por causa de su credo, ni objeto de inquisición judicial o administrativa por la manifestación de este tipo de ideas; tampoco pueden ser obligados a prestar servicios personales ni a contribuir con dinero o en especie al sostenimiento de una asociación de esta índole.

Tanto las Iglesias como las agrupaciones religiosas tienen personalidad jurídica en cuanto obtienen su registro de la Secretaría de Gobernación, y las autoridades no pueden intervenir en su vida interna. Cualquier mexicano puede ser ministro de culto, pero no podrá desempeñar cargos públicos, ni asociarse con fines políticos o realizar proselitismo, además tiene prohibido oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, y agraviar los símbolos patrios.

Debido a la conquista española y la consecuente evangelización, la religión católica ha sido por excelencia la predominante en el país. Hoy, más del 82 por ciento de la población profesa dicha doctrina. Sin embargo, un sinnúmero de adeptos a religiones conviven diariamente en el territorio: católicos, ortodoxos, protestantes, pentecostéses, evangélicos, cristianos, judíos, islámicos, todos tenemos los derechos consagrados en la Constitución y la obligación de ser tolerantes e incluyentes con todo individuo, sin importar el credo que se profese.
Así es el Derecho