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Así es el Derecho

  • Élfego Bautista

  • Élfego Bautista Pardo
  • Tratados internacionales

Como ciudadanos comunes es difícil que conozcamos bien el funcionamiento de cada una de las instituciones que son la estructura del Estado mexicano, y cuando escuchamos hablar de las relaciones internacionales de nuestro país, su participación en organismos supranacionales, así como la concertación de Tratados y Acuerdos, nuestras dudas suelen ampliarse, por lo que esta ocasión haré referencia a la Política Exterior mexicana, en lo concerniente a la participación en instrumentos jurídicos internacionales.

Por disposición constitucional, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de dirigir la Política Exterior del país y el Senado se encarga de analizar lo hecho en ese ámbito y ratificar los nombramientos de los agentes diplomáticos y cónsules generales. Por cuanto a la adquisición de compromisos exteriores, se rigen por la Ley sobre Celebración de Tratados de 1992, la Guía para la Conclusión de Tratados y Acuerdos Interinstitucionales, la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, y el Reglamento Interno de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Solo hay dos clases de compromiso que se pueden contraer con el exterior: Tratado internacional –el más conocido­­­­­­— y Acuerdo interinstitucional.

El tratado internacional, previsto en la Constitución, solo puede ser convenido por el Ejecutivo y aprobado por el Senado, y el acuerdo interinstitucional, definido como el convenio regido por el Derecho Internacional Público, es pactado entre cualquier dependencia u organismo descentralizado de la administración pública federal, estatal o municipal, con uno o varios órganos gubernamentales extranjeros y organizaciones internacionales.

Se conviene un tratado cuando el asunto es de competencia del Poder Legislativo Federal; involucra a la nación como un todo; afecta al territorio nacional o la esfera jurídica de los individuos; amplía o modifica la legislación existente; se contraten obligaciones financieras en las que se comprometa el crédito de la nación, o bien, la materia a convenir puede ser impugnada o hecha valer ante el Poder Judicial.

Para llegar a acuerdo interinstitucional se requiere que la materia del acuerdo sea competencia del organismo o institución que quiera celebrarlo; solo lo afecte a él o ella; pueda cubrir las obligaciones financieras con su presupuesto ordinario; no se afecte la esfera jurídica de las personas y no modifique la legislación existente.

El acuerdo interinstitucional se ha constituido en un mecanismo mediante el cual los actores subnacionales pueden tener participación en el exterior, pero limita el ámbito material de los acuerdos a las atribuciones propias de las dependencias y organismos descentralizados de los niveles de Gobierno, siempre y cuando mantengan informada a la Secretaría de Relaciones Exteriores de dichos convenios.

Las entidades federativas pueden intervenir en los acuerdos institucionales, aunque constitucionalmente pareciera estarles negada su participación en la Política Exterior, pues la Ley Suprema determina que los estados no pueden celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado o potencias extranjeras, proscribe declarar la guerra, excepto en caso de una invasión, además de que deben de ser protegidos por la Federación. Sin embargo realizan actividades diplomáticas e incluso celebran acuerdos con actores internacionales, tienen derecho reconocido a realizar actividades diplomáticas y participar en asuntos externos, además de ser escuchados y tomados en cuenta para la aprobación de tratados internacionales en materia económica.

Es difícil imaginarnos que exista un jurista capaz de saber el contenido de todas las leyes internas, pues hay 296 federales, además las estatales (locales), códigos, reglamentos, bandos municipales, mucho menos que conozca todos los instrumentos internacionales de los que nuestro país es parte. No obstante considero relevante el conocimiento ciudadano de la forma en que el Estado participa en la vida internacional, pues siempre es de gran relevancia económica, política y jurídica, sobre todo en materia de derechos humanos.

Así es el Derecho.