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Así es el Derecho

  • Élfego Bautista

  • Elfego Bautista Pardo
  • Documentos públicos y privados

Con anterioridad me he referido a la obligación que tienen las partes, llámese actor o demandado que comparecen a juicio, de asumir la carga de la prueba de los hechos constitutivos de sus pretensiones, y al efecto aportar los medios de convicción, comúnmente conocidos como pruebas, para comprobar la veracidad de los hechos en que motivan su demanda o contestación.

Asimismo, mencionamos que las pruebas pueden ser de diversa naturaleza, y en esta ocasión me referiré a las pruebas documentales, públicas y privadas, que indistintamente pueden ser consideradas como instrumentales, aunque su valor para la obtención de una sentencia es totalmente diferente.

Por una parte, los documentos públicos hacen fe de los actos que contienen, se consideran legítimos y eficaces, aun presentándose sin citación de la parte contraria, es decir, por sí solas tienen el valor de prueba plena mientras no se demuestre lo contrario; la única forma de combatirlos es impugnando expresamente su autenticidad o exactitud, en cuyo caso será necesario el cotejo con los protocolos y archivos.

Son considerados como documentos públicos las escrituras públicas otorgadas ante notario público, sus testimonios y copias certificadas; documentos expedidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones; estatutos, registros y catastros en archivos públicos dependientes de alguno de los tres órdenes de Gobierno; certificaciones de las actas del Registro Civil; las certificaciones de constancias existentes en los archivos públicos; las certificaciones de constancias existentes en los archivos parroquiales anteriores al Registro Civil; las ordenanzas, estatutos, reglamentos y actas de sociedades, asociaciones y universidades aprobadas por los Gobiernos federal o locales; las certificaciones que expidieren las bolsas mercantiles o mineras autorizadas por la ley, entre otros legalmente establecidos.

Por cuanto hace a los documentos privados, en los casos en que provienen de una de las partes, surten sus efectos como si hubieran sido reconocidos expresamente siempre y cuando no sean objetados, y puede exigirse el reconocimiento expreso de los mismos. Por su parte, los documentos privados provenientes de terceros únicamente tienen el valor de indicio, por lo que para crear convicción deben de ser robustecidos con otras probanzas.

Son documentos privados los vales, pagarés, libros de cuentas, cartas y demás escritos firmados o formados por las partes o de su orden y que no estén autorizados por escribanos o funcionarios públicos, así como aquéllos que provengan de terceros y que no se reconozcan como documentos públicos.

En el desarrollo del procedimiento, las partes pueden objetar los documentos en cuanto a su alcance y valor probatorio; además tienen la posibilidad de pedir el cotejo de firmas y letras, en los casos en que se niegue o ponga en duda la autenticidad de un documento, ya sea público o privado. Asimismo, los documentos son susceptibles de impugnarse por falsedad, para lo cual deben señalarse los documentos indubitables para el cotejo y promover la prueba pericial correspondiente. Sin estos requisitos se tiene por no redargüido o impugnado el instrumento.

La oportuna y correcta presentación de las pruebas es indispensable para el correcto desarrollo de la función jurisdiccional del Estado, pues el juzgador debe de tener a la vista los medios de convicción que acrediten el dicho de las partes. Para esto, el ciudadano debe saber que cuenta con su garantía de audiencia y debido proceso, por lo que tiene derecho a ofrecer pruebas, que sean recibidas y valoradas, y conocer los medios de convicción con los que cuenta, sin duda le será de gran ayuda.

Así es el Derecho.