imagotipo

Así es el Derecho

  • Élfego Bautista

  • Magistrado Élfego Bautista Pardo
  • Acciones de Inconstitucionalidad y Controversias Constitucionales

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, norma suprema de la nación, contiene la forma de organización del poder político en el país y los medios para que sus determinaciones prevalezcan y sea defendido el orden creado por ella, comúnmente denominados medios de control constitucional, que son instrumentos que ayudan a garantizar las decisiones políticas fundamentales establecidas en la propia Carta Magna.

Cuando se trata de medios para defender la Constitución, casi siempre pensamos en los de naturaleza jurídico procesal, concretamente en el juicio de amparo, que puede promover cualquier ciudadano que se sienta vulnerado por una ley o acto de autoridad. Por esto, muchas veces dejamos de lado los otros medios de control de índole jurídico procesal, como son las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales establecidas en el artículo 105 de la Ley Fundamental, las que no pueden ser promovidas por ciudadanos.

La acción de inconstitucionalidad tiene como finalidad hacer valer en nombre de la supremacía constitucional, la oposición que pudiera haber entre una ley y la Carta Magna; no se requiere agravio de parte para proceder al estudio de la inconstitucionalidad de la norma. Están autorizadas para promoverla las minorías legislativas del Congreso de la Unión y de las entidades federativas; el procurador General de la República y los partidos políticos en materia electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los organismos de protección de derechos  humanos de las entidades federativas, en caso de leyes que vulneren o ataquen los derechos humanos; el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI ) si las leyes vulneran  el derecho a la información pública o datos personales.

Su objetivo es declarar la invalidez de la norma inconstitucional con efectos generales, y busca preservar, de manera genérica, el sistema constitucional tutelándolo contra leyes que lo puedan contrariar. La Suprema Corte de Justicia podrá declarar la invalidez de las normas impugnadas, siempre que las resoluciones para el caso fueren aprobadas por una mayoría de cuando menos ocho votos de los ministros del Máximo Tribunal.

Por otra parte, mediante las controversias constitucionales se salvaguarda el principio de División de Poderes y las esferas competenciales establecidas en la Constitución, pues se plantean cuando surgen conflictos entre Poderes o ámbitos de Gobierno, para impugnar si alguno de ellos afecta a otro en su esfera de competencias y contraviene la Ley Suprema. Pueden ser planteadas solo por las entidades federativas, los municipios, el Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión o los Poderes de una entidad
federativa.

Los efectos de la sentencia dictada en la controversia constitucional tratándose de normas generales, son declarar la invalidez de la norma con efectos generales siempre que se trate de disposiciones de las entidades federativas o de los municipios impugnados por la Federación, de los municipios impugnados por las entidades federativas, o bien, en conflictos de órganos de atribución, siempre que haya sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos de los ministros.

Así es el Derecho.