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Así es el Derecho

  • Élfego Bautista

  • Magistrado Élfego Bautista Pardo
  • Contratos de adhesión

Aunque pocas veces nos percatamos, prácticamente todos los días participamos en contratos. Desde el momento en que subimos al transporte público o compramos víveres en la tienda de la esquina, estamos adquiriendo o cumpliendo obligaciones de manera tácita, es decir a través de nuestros actos, por lo que entender los contratos es de gran utilidad en nuestra vida cotidiana. Un contrato es una especie de convenio, un acuerdo de dos o más personas para producir o transferir obligaciones y derechos, y el consentimiento y el objeto del mismo son los requisitos para su existencia.

El consentimiento es la expresión libre de la voluntad de los contratantes y puede ser expreso o tácito; expreso cuando se manifiesta verbalmente o por signos inequívocos, y tácito cuando se desprende de hechos o actos que lo presuponen o autorizan a presumirlo.

Por otro lado, el objeto es la cosa que el contratante se obliga a dar, la cual debe existir en la naturaleza, ser determinada o determinable en su especie, y estar en el comercio; el objeto también puede ser lo que el contratante debe hacer o no hacer, y debe ser posible y lícito.

El consentimiento, el objeto y todas las condiciones del contrato se plasman en las cláusulas del mismo, las cuales son regularmente negociadas entre las partes. Sin embargo, hay contratos en los cuales las cláusulas son elaboradas por una sola de las partes involucradas, es decir, en ellos se somete la libertad contractual de un contratante al deseo o necesidades del otro, que está en condiciones de imponer al primero las estipulaciones del contrato, el cual está preredactado para una generalidad de sujetos que no tienen posibilidad de discutir las condiciones en forma particular. Estos se conocen como contratos de adhesión, los cuales podemos identificar fácilmente cuando abrimos un crédito o compramos a plazos.

En este tipo de contratos se evidencia un claro desequilibrio entre las partes, pues el aceptante no tiene la posibilidad de negociar los términos en que debe quedar redactado y solo tiene opción de contratar o no hacerlo, ya que es documento elaborado unilateralmente por el proveedor de un bien o servicio.

Esa desigualdad ha llevado a que su regulación esté diseñada preponderantemente para proteger los derechos del contratante débil, pues debe tenerse presente que la falta de participación de quien adquiere un bien o servicio, no significa la aceptación de cláusulas abusivas que menoscaben sus derechos básicos como consumidor, como el derecho a la información, a elegir, a no ser discriminado, a ser protegido, a la educación sobre los derechos de los consumidores y el consumo inteligente, a la seguridad, a la calidad y a la compensación, por lo que si las cláusulas establecidas unilateralmente originan un desequilibrio importante entre las partes para hacer efectivos sus derechos, deben declararse nulas.

En este tenor, incluso hay principios para interpretar contra el estipulante, conforme a los cuales, en caso de duda o ambivalencia, las cláusulas cuestionadas deben interpretarse contra los intereses de quien las redactó, y que las condiciones generales deben prevalecer sobre las particulares cuando resulten más benéficas para el adherente.

La interpretación a favor del contratante débil pretende un equilibrio entre las partes, pues regularmente el contratante que redacta las cláusulas recurre a redacciones no comunes, como el uso de letra pequeña, e incluso llegan a alterar el orden lógico y natural para estructurar los contratos, mediante la fragmentación de temas para proteger sus intereses, pero también atiende a privilegiar la libre expresión de la voluntad de las partes, la cual es evidente en un contrato que es negociado y establece las particularidades de cada acto, y no así en un contrato pre-redactado como son los contratos de adhesión.

Es importante que los consumidores, tanto de bienes como de servicios, así como cualquiera que se obligue a través de un contrato conocido popularmente como “de machote” o pre-redactado, sepan que pese a habérseles impuesto los términos del mismo, no quiere decir que se encuentren desamparados ante las posibles disposiciones abusivas o transgresoras de sus derechos, ya que hay mecanismos jurídicamente establecidos para su defensa y protección.
Así es el Derecho.