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Así es el Derecho

  • Élfego Bautista

  • Elfego Bautista Pardo
  • Multas fiscales

Varias ocasiones me he referido a las dos grandes divisiones del Derecho atendiendo a las relaciones que regula: Derecho privado, que norma las relaciones entre particulares, y Derecho público, que se encarga de las relaciones del Estado y los particulares, sean personas físicas o morales. Son ejemplos de Derecho público el Derecho penal, el administrativo y el fiscal, los cuales también son la expresión mayor de la potestad estatal.

Mediante ellos el Estado impone a los ciudadanos estándares de comportamiento, regulaciones y deberes necesarios para el sostenimiento de la vida en comunidad. El Derecho fiscal es una expresión de su potestad para obtener ingresos provenientes de los ciudadanos, que sirven para el gasto público, a través del cual se sufragan las labores estatales  que redundan en la consecución del orden público y el bien común.

En nuestro sistema jurídico, la consecución de ingresos por parte del Estado es mediante las contribuciones previstas en las leyes fiscales, entre las cuales encontramos impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y aportaciones de seguridad social; además, el ingreso puede ser aumentado por las autoridades recaudadoras ejerciendo sus facultades para imponer recargos y, en su caso, multas.

Ejemplos de dichas multas son las que se imponen cuando el contribuyente cambia de domicilio sin informar a la autoridad, las que en ocasiones trascienden la capacidad económica del obligado. Un ejemplo de las visitas al domicilio fiscal lo encontramos en el ejercicio de la facultad de comprobación propia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que implica la posibilidad de que la autoridad fiscal se cerciore de la procedencia de las mercancías importadas (sobre las cuales ya se han pagado impuestos), para lo cual puede visitar la oficina del contribuyente y solicitar la exhibición de los documentos que justifiquen la legal propiedad, posesión, estancia, tenencia o importación de las mercancías.

El problema no es la multa, sino su exceso, pues suele rebasar el monto de la operación que le dio origen, lo que la hace imposible de pagar y representa un riesgo para el ejercicio de la actividad económica del contribuyente, lo que en ocasiones crea la sensación de que la facultad tributaria se encuentra cerca del terrorismo fiscal, por los mecanismos excesivos de vigilancia, comprobación, revisión y cobro, en detrimento de los contribuyentes, que van más allá de la legítima potestad recaudatoria del Estado.

Existen medios de impugnación ante la imposición de ese tipo de multas, pero la realidad es que hay ocasiones en que antes de que los procedimientos jurídicos sean resueltos, las consecuencias se traducen en recorte de personal, reducción de ganancias e incluso el cierre de establecimientos, lo cual sin duda desanima la actividad económica en el país.

Si bien el vivir en sociedad nos impone ciertos deberes, el Estado debe reconocer que los contribuyentes son indispensable para cosas elementales y necesarias como la circulación de dinero, la creación de empleos, el sostenimiento de la seguridad social y el incremento del Producto Interno Bruto, por lo que las políticas fiscales deben evitar en lo posible, el entorpecimiento y la supresión de la actividad económica de la población.

Aunque es incuestionable la necesidad de la participación ciudadana para el sostenimiento del entramado estatal, el desarrollo de la vida en comunidad y, por lo tanto, la consecución del bien común y el orden público, se debe tener en cuenta que es necesario crear un ambiente que propicie la inversión privada, nacional o extranjera, para lograr el desarrollo económico y sobre todo social de nuestro país, y para ello es necesario, además de seguridad, una política tributaria sana.
Así es el Derecho.