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Así es el Derecho

  • Élfego Bautista

Registros públicos y catastros

En entregas anteriores me ocupé de las iniciativas en materia de justicia cotidiana, presentadas por el Ejecutivo federal ante el Congreso de la Unión el 28 de abril pasado; ahora analizaré la propuesta para armonizar y homologar los registros públicos inmobiliarios y de personas morales, así como los catastros, mediante una ley específica.

Los registros en general son instituciones que brindan seguridad jurídica de los actos que se inscriben a otorgantes y causahabientes, pues reconocen los actos de éstos como públicos y oponibles frente a terceros y cuentan con relevancia jurídica.

En el país existen dos tipos de registros según la competencia territorial: locales, creados por la potestad de las legislaturas estatales, cuya autoridad se encuentra restringida al ámbito de las propias entidades, como el Registro Civil; y los federales, que se encargan de dar publicidad a los actos o hechos de competencia federal, como el Registro Público de la Propiedad y el Comercio y el Registro Agrario Nacional.

También hay registros de diferentes materias, como los de derechos de autor, propiedad intelectual y, claro, los inmobiliarios, que son los que ahora nos interesan.

El Catastro puede considerarse un tipo de registro, cuyo propósito es ubicar y describir las características físicas de cada inmueble para detectar sus particularidades intrínsecas, saber quiénes son sus propietarios y su situación jurídica-económica, además de determinar el valor de los inmuebles para que los tres niveles de Gobierno capten recursos mediante los impuestos predial y por traslación de dominio.

Además permite conocer las características físicas de los predios y el uso actual de tierras y construcciones, elementales para la planeación del desarrollo socioeconómico.

Si los registros inmobiliarios y catastros funcionan eficientemente, pueden ser incentivo para las inversiones, pero en el país se han identificado diversos problemas como la diversidad de las regulaciones; la continuidad del sistema de libros con planos y cartografía desactualizada, no reflejan suficientes beneficios fiscales; algunos no han implementado sistemas informáticos, y quienes lo han hecho, sus sistemas electrónicos empleados no tienen fundamento jurídico; los tiempos de respuesta son tardados y el personal no está capacitado.

Con la finalidad de superar dichas dificultades, desde el año 2013 se facultó al Congreso federal para expedir una ley general que armonice y homologue la organización y el funcionamiento de los registros públicos inmobiliarios y de personas morales, de las entidades federativas y los catastros municipales, con la finalidad de consolidar, actualizar, simplificar y homologar la actividad registral y catastral.

La iniciativa que referimos tiene como objetivo armonizar y homologar la organización y funcionamiento de los registros públicos inmobiliarios y de personas morales y de los catastros a escala nacional; establecer mecanismos de vinculación entre los tres órdenes de Gobierno y brindar certeza jurídica de derechos de propiedad de inmuebles; la ley para el caso constaría de cinco títulos y 59 artículos.

Además de armonizar las facultades, crea el Consejo Nacional de Armonización y Homologación Registral y Catastral y una Plataforma Nacional de Información Registral y Catastral; norma los procesos registrales (registro, certificación consulta y conservación de acervo digital) y catastrales (actualización, valuación, emisión de constancias y consulta); da al Registro Público Inmobiliario la facultad de establecer el folio de personas morales; regula la vinculación registral y catastral y aporta elementos de modernidad, sin olvidar los registros federales.

Igual que las iniciativas comentadas en entregas anteriores, ésta aún no se debate cameralmente; lo importante es que cuando se promulgue redunde en beneficio de los ciudadanos, agilizando los trámites que necesitan, así como el fortalecimiento de sus derechos y, en especial, de la certeza jurídica de los actos relacionados con los bienes inmuebles y las personas morales.

Así es el Derecho.