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Autonomía, desconfianza e insulización del poder

  • Joaquín Narro Lobo

En pasadas columnas he reflexionado en torno a la que a mi juicio y entendimiento ha sido una excesiva autonomización de diversas instituciones. Salvo casos muy específicos, la autonomía de la inmensa mayoría de ellas ha derivado de la desconfianza ciudadana en el desarrollo de sus funciones, al considerar que su dependencia del Gobierno las hace proclives al sometimiento en sus actuaciones. Ello, sin duda entendible a partir de la realidad política de los últimos tiempos, ha provocado que el poder político se fragmente en diversas islas que alguna vez formaron parte del continente del ejercicio público.

Si bien existen instituciones que por sus funciones -técnica o políticas- deben de ser autónomas, la mayoría de aquellas que hoy forman parte de este archipiélago no tienen mayor fundamento que la desconfianza ciudadana en sus actuaciones y en la de quienes las han encabezado. Instituciones y organismos como Banxico, la CNDH o el INE, sin duda se fortalecen al ser autónomos e incluso requieren de la autonomía para desarrollar sus funciones. Lo mismo sucede con la Fiscalía General de la República, próxima a consolidarse como ente autónomo del Estado mexicano.

¿Pero acaso es necesaria la autonomía de otras instituciones simple y sencillamente por una desconfianza generalizada hacia cualquier cuestión pública y específicamente a aquellas concernientes a la administración pública -insisto, más que entendible y justificada- de la sociedad? Desde una lógica política y de diseño institucional, pienso que no. La desconfianza es justificada, pero la autonomía no es la solución para devolver la credibilidad en las instituciones, sino más y mejores controles en el ejercicio de sus funciones y, sobre todo, en el uso de los recursos públicos que le son asignados.

Al dotar de autonomía a un organismo, la designación de sus principales funcionarios deja de ser responsabilidad del titular del Poder Ejecutivo y la misma pasa a alguna de las Cámaras del Congreso. Ello implica que el eventual mal desempeño de quienes encabezan estos entes no podrá ser adjudicado al Presidente de la República, sino a los legisladores que en su momento los designaron. De igual forma, la atomización del ejercicio público a partir de tantos y tan dispersos organismos provoca falta de coordinación en el diseño y ejecución de política públicas hacia un mismo fin. Lo que desde el Ejecutivo se planeé no necesariamente empatará con lo que los organismos autónomos ejecuten y viceversa.

Creo en la transparencia, la rendición de cuentas, el uso adecuado de los recursos públicos y el correcto desempeño de las funciones. Sin embargo, creo también en el fortalecimiento del Estado a través de instituciones sólidas y la creación de sistemas articulados que permitan caminar hacia metas comunes. El exceso de autonomización de las funciones del Estado ha debilitado a los tres Poderes e incluso ha impedido el fortalecimiento de aquellos entes cuya esencia es precisamente la autonomía. La solución no es quitar funciones y por lo tanto responsabilidad a aquellas instancias que han provocado la desconfianza social, sino recuperar la confianza a partir de resultados concretos y transparencia en el ejercicio público.
joaquin.narro@gmail.com    @JoaquinNarro