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Autonomía financiera a la justicia

  • Así es el derecho: Magistrado Elfego Bautista Pardo

Hay un tema del que se habla muy poco y es el relativo a que los Poderes Judiciales presentan rezagos significativos en materia presupuestaria respecto de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, problema que es imprescindible resolver, aunque a pesar de la falta de recursos la impartición de justicia, es eficaz y eficiente.

Incluso el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), en su Informe sobre Justicia Cotidiana, dado a conocer a fines de abril de 2015, señaló que uno de los retos más relevantes en materia de gobierno judicial es “asegurar financiamiento estable para los órganos de impartición de justicia”, garantizarles ingreso estable de recursos, lo cual puede y debe lograrse estableciendo constitucionalmente la autonomía presupuestaria.

En este sentido, resulta indispensable que a los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas se les dote de autonomía de gestión y financiera, la cual, a nuestro juicio, debió otorgárseles a la par que se establecía la independencia de jueces y magistrados en la fracción III del artículo 116 de nuestra Ley Suprema, que obliga a las Constituciones y leyes orgánicas locales a reproducirla. La normatividad constitucional no precisa los mecanismos con los que se pueda garantizar la autonomía financiera, ni establece que los órganos encargados de la función judicial cuenten con facultades para elaborar, aprobar y ejercer su presupuesto, pero es necesaria para que éstos distribuyan, manejen y controlen los presupuestos que les asignan los Poderes Legislativos, es decir, para definir con libertad los ingresos y gastos necesarios para ejercer debidamente su función.

Para consolidar una independencia judicial real, eficaz y funcional, urge una iniciativa de reforma que garantice la autonomía de gestión y financiera, sin soslayar necesidades y características propias de cada Poder Judicial, de modo que el presupuesto que les corresponda les permita atender de forma integral sus necesidades específicas y operar acorde a las acciones que permitan el crecimiento y estabilidad de nuestro gran país. La autonomía presupuestal es tema de gran relevancia y debe ser analizado exhaustivamente por el Congreso Federal, los locales y la Asamblea Legislativa en el caso de la Ciudad de México, pues su instauración garantizaría el adecuado funcionamiento de los Tribunales Superiores de Justicia con plena autonomía, y la pronta y expedita impartición de justicia de manera profesional y sin ataduras políticas, ya que no hay autonomía legal donde no existe independencia financiera, y no hay libertad para juzgar donde existe la necesidad permanente de negociar políticamente los recursos necesarios para cumplir el importante compromiso de impartir
justicia.

La autonomía judicial está necesariamente vinculada a la libertad financiera, por lo que resulta necesario que cada Tribunal cuente con plan estratégico de desarrollo institucional que responda a sus necesidades jurisdiccionales y administrativas, con líneas de acción, funciones, proyectos, objetivos y estrategias que coadyuven a generar oportunidades de mejora que les faciliten aplicar justicia de excelencia, profesional, justa y ética, capaz de responder a las demandas de la sociedad.

Para eso, insisto, cada Tribunal requiere presupuesto digno, que satisfaga plenamente las necesidades del servicio, sin estar a expensas de la voluntad de partidos políticos y Cámaras, como ocurre actualmente al momento de asignarles recursos económicos.

La impartición de justicia y cuanto requiere deben ser tema de alta prioridad a analizar, dada la gran importancia del papel de los jueces en la preservación de la estabilidad y la paz social.

Así es el Derecho