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Ayotzinapa: Error, tras error / Cuchillito de Palo / Catalina Noriega

  • Catalina Noriega

El cúmulo de pifias en el caso Ayotzinapa sube al Gobierno federal al peor de los escenarios, a nivel global. Le dan la puntilla al tema, al confrontarse con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), al que ellos mismos llamaron para que colaborara en la investigación y ahora ponen “de patitas en la calle”.

A raíz de la “verdad histórica”, de Jesús Murillo Karam, empezaron los cuestionamientos. La difusión oficial fue, a tal grado deplorable, que la desaparición de los 43 normalistas se convirtió en un “Crimen de Estado”, lavando las culpas del perredismo que entronizó al exalcalde de Iguala, presunto responsable de la orden.

La habilidad para comunicar, de un Sol Azteca consciente de su papel, al apadrinar a un mafiosillo y su esposa, esfumó las pesquisas de la PGR y revirtió la temática hacia quienes poco tuvieron que ver con la barbarie.

López Obrador hizo lo propio: se lavó las manos y rechazó su nexo con los mentados Abarca. A la par que el PRD le echó tierra al régimen en turno, mientras se declaraba inocente en la selección del Igualteco.

Retroalimentaron a la sociedad con su estrategia propagandística, que les acarreó excelentes resultados y trascendió fronteras.

Salió a relucir la poderosa presencia de los cárteles del narco en la zona. Menudearon las aprehensiones, se dijo que los asesinos ya estaban tras las rejas y se trató de cerrar el expediente, en medio del cruce de información y de la negativa generalizada a aceptar los decires federales.

Vino entonces la convocatoria al GIEI, dependiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sus cinco miembros llegaron y se pusieron manos a la obra. Dieron un primer golpazo a sus “anfitriones”, cuando, a través de un peritaje en Cocula, determinaron que en ese basurero no se podían haber quemado los cuerpos.

Con Arely Gómez a cargo de la PGR, la situación se tensó. Lo que quedaba de la “verdad absoluta” se fue al caño. Los padres de los normalistas y quienes los han defendido desde una ONG en especial, rechazaron la versión oficialista y, desde todas las tribunas siguieron con su exigencia del “vivos se los llevaron, vivos los queremos”.

A la reacción en cadena, a favor del GIEI, a algún listejo de esta sublime administración se le ocurrió la perogrullada de lanzar una campaña mediática, contra sus miembros y contra Emilio Álvarez Icaza, secretario adjunto de la Comisión Interamericana, al tiempo que se les bloqueaba en sus investigaciones.

Los ataques al reconocido defensor de los Derechos Humanos –Álvarez Icaza-, fueron más lejos. Un bicho oscurantista, José Antonio Ortega, lo demandó penalmente por fraude. Ante la falta de pruebas la PGR lo exoneró.

El último disparate estuvo a cargo de la misma institución. Dio a conocer las conclusiones de un tercer peritaje, sobre el fuego en el basurero de Cocula, saltándose a la GIEI. Hecho a petición de ambos, había un acuerdo de presentarlo en conjunto. El subprocurador de Derechos Humanos –encargado del tema de Ayotzinapa-, prendió la bomba. A saber de dónde salió esta “lumbrera” (Eber Betanzos), con aspecto de tinterillo y sin que se le conozca trayectoria destacada en el campo judicial, de la procuración de justicia o de Derechos Humanos.

Se va de México el GIEI, la CIDH declara que ha habido una campaña en su contra y el Gobierno queda por los suelos. Satisfechos le darán el cerrojazo al tema, como si los aztecas les creyéramos una sola palabra y en el resto del mundo se chuparan el dedo.

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