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Ayotzinapa, un año / Banca Alcalá

  • Blanca Alcalá

Ayotzinapa se suma a una lamentable lista de acontecimientos que nos duelen y, de los cuales, nos sentimos terriblemente arrepentidos de no haber hecho lo suficiente. Aún ahora que se ha cumplido un año, los mexicanos no llegamos a una clara convicción de por qué fueron atacados los estudiantes y los avances de las investigaciones parecen no convencer a los familiares de las víctimas, a pesar de haberse detenido a más de 120 personas, recabado 577 declaraciones ministeriales, recolectado 135 muestras de ADN y realizado más de 640 peritajes. En este camino se han obtenido 372 resoluciones judiciales; 196 autos de formal prisión; 92 por delincuencia organizada; 64 por secuestro y 23 por portaciones de arma de uso exclusivo del ejército.

A solicitud expresa de los familiares de las víctimas, muchos momentos de la investigación fueron realizados de manera simultánea con un cuerpo de peritos en antropología forense de nacionalidad argentina, muy reconocidos por la labor realizada en su país y en otras localidades en donde, lamentablemente, se ha requerido de su trabajo.

Asimismo, convocados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el acuerdo del Estado mexicano y de los representantes de las víctimas, se integró el denominado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuya finalidad ha sido acompañar a la autoridad en la investigación de los crímenes y sus responsables, la búsqueda de los desaparecidos y la atención a las víctimas y familiares.

A fin de no escatimar en la investigación, la autoridad mexicana de procuración de justicia, envío los escasos restos encontrados a la Universidad de Innsbruck en Austria, institución muy prestigiada por su alta especialidad en investigaciones genéticas, para determinar si los mismos pertenecen a los estudiantes desaparecidos y, de esta forma, avanzar en las conclusiones parciales de la investigación. Hasta ahora, uno de los restos ha sido identificado plenamente y otro permanece con una alta probabilidad de coincidencia de material genético.

El Gobierno ha cumplido su compromiso con el esclarecimiento de la verdad y no declarar cerrada la investigación, de hecho, recientemente envió más materiales a la Universidad de Innsbruck para su análisis. Pero debe tomarse en cuenta que la verdad jurídica, a la que todavía no alcanzamos a llegar, no está para convencer a todos. La verdad jurídica es una verdad relativa a los hechos a partir de la interpretación sistemática de las evidencias materiales.

No se llega a la verdad jurídica por la vía del consenso ni por acuerdo político. Los padres de las víctimas han mantenido una distancia razonable de los partidos, sin embargo, en este río revuelto no solo se busca a los normalistas de Ayotzinapa; muchos actores buscan propósitos políticos o particulares para denostar la investigación a cargo de la Procuraduría General de la República, cosa que ni siquiera el grupo de expertos ha pretendido.

De parte del Grupo de Expertos hay señalamientos de rechazo respecto de la conclusión de la incineración de cuerpos en el tiradero de Cocula o la presunción de que hubo algunas declaraciones hechas bajo tortura. Sin embargo, no se ha cuestionado todavía las acusaciones de los autores intelectuales y materiales de las desapariciones y de quienes están sujetos a proceso, entre ellos, el matrimonio Abarca, mandos y expolicías de Iguala y Cocula y los miembros del cártel criminal autodenominado Guerreros Unidos. Más de 120 personas.

En un proceso de investigación tan complejo y con una clara tendencia a la politización, hay muchos interesados en desacreditar el trabajo de la autoridad. No obstante, recordemos que los propios integrantes del Grupo de Expertos sostienen que encontraron obstáculos en su trabajo, pero también “lamentan” no poder ofrecer a los familiares, al Estado y a la sociedad mexicana o al mundo, un diagnóstico definitivo de lo sucedido con los 43 normalistas desaparecidos.

Por ello, es de reconocerse la disposición del Ejecutivo federal para que el grupo de especialistas convocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos permanezca seis meses más en el país, con la finalidad de cerrar espacios a cualquier duda sobre la veracidad de la interpretación de los hechos. Y tener en cuanta, al mismo tiempo, que los trabajos del Grupo de Expertos así como sus recomendaciones no sustituyen a la autoridad a cargo de la investigación, porque, a un año de los acontecimientos de Ayotzinapa, ha quedado claro que a la verdad no se llega por consenso ni por acuerdo político.