imagotipo

Luz y sombra de la nueva iniciativa presidencial en materia laboral (II)

  • Betty Zanolli

Al analizar la iniciativa presidencial de reforma a la Carta Magna en materia de justicia laboral, surgen grandes inquietudes desde la exposición de motivos, ya no digamos de su texto legal. En la primera, destaca como elemento rector considerar que si bien la Constitución de 1917 definió el proyecto de Nación, esta sentencia: “sin perder su esencia se moderniza y adecua continuamente a los tiempos aceleradamente cambiantes” porque las leyes deben ser “adaptadas a nuevas realidades y los tiempos que vislumbra el futuro”. Sin embargo, ¿“modernizar” a un Estado es privar de derechos y diezmar la protección jurídica de sus gobernados, como el caso de México, en el que desde hace cuatro décadas comenzó la pulverización de todos los principios de vanguardia social que el Constituyente emanado de la Revolución materializara en el Texto Supremo? ¿Podemos ufanarnos de vivir en un Estado de Derecho si de facto nos gobierna el contrarrevolucionarismo? ¿Cómo sostener que la reforma laboral “fue impulsada con el consenso de la mayoría de las fuerzas políticas del país” si la gran ausente es la clase trabajadora?¿Cómo interpretar que primero se alabe la incorporación de “nuevas modalidades de contratación flexibles, con esquemas a prueba o de capacitación inicial”, todas anticonstitucionales, y luego la propia iniciativa reconozca que la flexibilización contractual haya provocado el incremento de conflictos? Contradicción evidente como aquella cuando afirma que los severos problemas de la justicia laboral se “desprenden de factores y mecanismos anacrónicos frente a la realidad de México”. ¡No podría ser de otra forma! Los resabios de lo que un día fue un marco jurídico progresista hoy solo se enfrentan a una realidad donde impera la descarnada y cada vez más desigual lucha entre los factores de producción en detrimento del trabajador. Finalmente ¿a qué se refiere la iniciativa cuando habla de “incentivos perversos” [sic]? Ilustraría conocer la respuesta.

No obstante, lo más grave radica en el texto legal que propone, pues además de anticiparnos conflictos competenciales y jurisdiccionales (sobre todo con el Tribunal Federal, de por sí sujeto a indefiniciones legales) resulta vago, obscuro, insuficiente y discrecional, particularmente en la integración de la nueva estructura institucional procesal laboral, que redundará en una profunda incertidumbre jurídica, pues lejos de garantizar tripartismo y autonomía, el nuevo esquema procesal los disolverá. En contraparte, desproporcionado resulta el proceso para designar al titular del “organismo descentralizado” que deberá conciliar, cuyo nombre ni siquiera alude, en el colmo de lo absurdo. En fin, es una radical transformación institucional que desnaturaliza al proceso laboral y aunque su judicialización pudiera ofrecer bondades, mientras no se ataquen de fondo las causas que precipitaron la profunda crisis que hoy enfrentan las Juntas de Conciliación y Arbitraje: sobrecarga de trabajo, burocracia, falta de presupuesto y de recursos humanos, la problemática solo se agudizará incrementando la vulnerabilidad de los trabajadores. Tal vez se apueste a que los conflictos laborales disminuirán conforme los trabajadores se refugien en la informalidad para sobrevivir, despojados de los derechos que un día gozaron –como la extinta estabilidad en el trabajo-: solo así podría ser “más expedita” la impartición de la justicia laboral, ahora “cotidiana”, en nuestra sociedad… Sí, la luz de la justicia se apaga y la sombra de la injusticia se cierne cada vez más obscura sobre nosotros.

bettyzanolli@gmail.com

@BettyZanolli