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Bromas democráticas

  • Gilberto Destrabau

Una de las bromas más crueles y costosas –solo superada, según algunos puristas, por el INE creado para que los ciudadanos manejaran las elecciones– ha sido el de los legisladores plurinominales. Conserva tan exquisitamente sus capacidades humorísticas, que periódicamente los actores políticos de todos los bandos amagan eliminarla, o amputarla y hasta ampliarla, sin que ella sufra ni se acongoje.

Ahora es el partido en el Gobierno el que rescata aquella propuesta que, hasta donde recordamos, estaba ya en el inventario del paquete de Reformas Estructurales del presidente Peña Nieto a principios de sexenio: a saber, desmontarle 100 curules al pleno de la Cámara de Diputados y 32 escaños al del Palacio Blanco de Plaza Pasteur. Para hacer el descuartizamiento más apetitoso aún para un país con la economía venezolanizándose urgentemente, en esta oportunidad la oferta de amputación masiva de padres conscriptos se acompaña de otra todavía más draconiana: reducir en un 50 por ciento el financiamiento de los partidos políticos (que es, para este 2017, de seis mil millones de pesos).

Entonces, el chistorete de fortalecer la democracia con el método más antidemocrático imaginable: la confección de representantes que no representan a nadie, y adalides del Pacto Federal que los ignora olímpicamente, vuelve a aparecer con intenciones potencialmente electorales.

Y digo que potencialmente electorales porque así, a media luz los tres, las razones de más peso que se invocan son económicas. Cuando pareció conveniente añadirle a la Cámara 200 diputados de partido, y 64 al Senado, los motivos del lobo lucían profundamente franciscanos: darle representación a unas minorías tan menores que se suponía que jamás iban a ganar una elección por sus propios medios. O sea, era praxis política pura, impecable, de la mejor. Ahora que se trata de soplarlos hacia los cuatro putos cardenales, perdón, los cuatro puntos cardinales, solo se habla de ahorrar, desgastopublicar, de nóminoclasia al más puro estilo de Niceto Alcalá-Zamora, presidente de la República Española entre 1931 y 1936 quien, al tomar el poder, decretó la cesantía fulminante de todos aquellos servidores públicos que no tuvieran una silla para sentarse.

(Claro que Jorge Carlos Ramírez Marín es demasiado buen político como para no echar por delante la incomprensibilidad de seguir sosteniendo “un Congreso de este tamaño, que dificulta más el trabajo legislativo, cuando tenemos un país que exige acciones y determinaciones más rápidas y eficientes”, a la hora de urgir una reducción de la representatividad proporcional, pero no tardó en llegar al “impacto económico de ahorro que esto traería”.).

Entonces, ante la posibilidad de una masacre congresal, se pueden tomar dos actitudes. Una, desecharlo como un simple ejercicio retórico; dos, en el pórtico de dos años de elecciones, comenzar a examinar las catafixias con que cuenta el sistema, o cree contar, para compensar a los partidos por estos nada despreciables 132 salarios políticos y peso político específico.

Porque ir mansamente al matadero, eso no lo verán nuestros pecadores ojos.

Buenos días. Buena suerte.

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