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Buenas intenciones penitenciarias / Alejandro Díaz

  • Alejandro Díaz

Los trágicos sucesos ocurridos en el penal de Topo Chico en Nuevo León, son un grave incidente carcelario, aún peor que la fuga del “Chapo”Guzmán. No es el primero y difícilmente será el último. Los distintos centros penitenciarios que existen en el país, están rebasados: malplaneados, deficientemente vigilados, sobrepoblados y con terribles vicios, no permiten la rehabilitación ni menos la inhibición del delito. Alejan de la sociedad temporalmente a algunos delincuentes, especialmente a los que carecen de recursos para defenderse, pero los más hábiles continúan con sus fechorías a través de visitas y el uso de celulares.

La Reforma Penitenciaria está en entredicho. Al permitir el contacto de delincuentes novatos con experimentados; los mal llamados Centros de Readaptación Social son en realidad centros de capacitación para el delito.

No preparan para la reinserción social sino para aprender a cometer delitos sofisticados. Al permitir negocios de todo tipo, mantener lujos y niveles de vida a quien puede pagarlos, agudizan las diferencias sociales.

A pesar del esfuerzo de mejorar cárceles que han tenido Gobiernos estatales y federales los últimos 50 años, los problemas siguen siendo los mismos que tuvo Lecumberri, la prisión insignia de Porfirio Díaz. Con notables excepciones, las terribles leyendas de ese Palacio Negro siguen siendo realidad viva en todo el país. Se han cambiado los edificios pero siguen sin lograr mejorar los comportamientos sociales.

La Reforma Penitenciaria de Peña Nieto, parece tarea imposible. No solo se le fuga un notable reo (ya recapturado), sino ocurre un terrible motín en un penal estatal. Se supo siempre que el objetivo es difícil de alcanzar, y aún más difícil hacerlo en el tiempo de este Gobierno. No será imposible que se repita en corto plazo un motín como el de Topo Chico si no se empiezan a tomar acciones.

Pero antes que construir más prisiones, hay que revisar expedientes de sentenciados a delitos menores y ver la conveniencia de excarcelarlos.

Mejor que construir más prisiones, es reducir penas de quienes por primera vez cometen un delito, conmutándolas por trabajo social. No hacinar inhibe el aprendizaje de técnicas delictivas.

No debe permitirse que los internos hagan negocios dentro de la cárcel, y menos permitir que unos se impongan con violencia sobre otros.

Sin privilegios se debe tratar a todos los encarcelados sin distinciones; al evitar estrictamente el tráfico de armas de todo tipo (que sin duda se utilizaron en Topo Chico), se evitarán más muertes en los penales.

Una técnica que ya se sabe, ayuda a que quien ha estado en la cárcel vuelva a cometer un delito, es entrenarlos para el trabajo y darles oportunidades de empleo. No se sabe (e importa mucho que lo sepan los internos) de cuántas oportunidades hay para quien ha estado detenido.

Entre más haya, menos reingresos habrá.

Hay más estrategias para reducir la población carcelaria, pero como no permiten ganar comisiones por utilizarlas, se prefiere “invertir” en prisiones aunque haya que construirlas con recursos de deuda. Los Gobiernos estatales y el federal tienen la obligación de proporcionar seguridad a la población con técnica, astucia e inteligencia, no con recursos prestados. Endeudar así al país merecerá estar dentro de los recintos que construyan.

daaiadpd@hotmail.com