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  • Pablo Marentes

  • Pablo Marentes

La historia de México es historia que documenta una perenne búsqueda de legalidad política, constitucional, jurídica, administrativa, reglamentaria: de redacción de estatutos que obliguen a la observancia de cauces legales que justifiquen el comportamiento de gobernantes y administradores frente a súbditos o ciudadanos, de conformidad con los comportamientos administrativos y discrecionales que las leyes exijan. Ya no hay Villoro, García Cantú, Blanquel, González. Hay avidez por más Meyer, Krauze…

México-Nación tiene historia documentada, muy diferente de la que han tejido, en sus interminables mesas de narración de anécdotas, algunos influyentes vividores que se dicen historiadores. Alguien señalaba que merecerían ser conocidos como eruditos chismosos superficiales: aquéllos que desde sus particularísimos comportamientos y diferencias de percepción han inventado “La Historia de México” a partir del conjunto de anécdotas que tejen para comprobar lo que denominan La Conquista, El Virreinato, La Independencia, La Reforma y El Imperio, La República, el Gobierno de Porfirio Díaz, el Maderismo, las Revoluciones y el desorden institucional, Carranza, los caudillos, el Maximato hereje, el Cardenismo expropiatorio, los gobiernos de las Instituciones, la Dictadura Perfecta, el neoliberalismo, el cambio democrático, y la globalización echada al vuelo mediante ¡temas!: palabra multiusos que ellos emplean para mostrar su erudición digital.

En el transcurso de 289 años –13de agosto de 1521 y 16 de septiembre de 1810, en México no fueron permitidas ni la crítica incidental ni la oposición moderada al titular nombrado desde la metrópoli. Las decisiones que tomaron Cristóbal de Tapia en 1521, Hernán Cortes entre 1521 y 1524, Alfonso Souza, lo miembros de las audiencias Primera y Segunda –1528 a 1535—las de Antonio de Mendoza, primer Virrey de Nueva España y las de los 61 hombres que desempeñaron el puesto entre 1550 a 1821, fueron implantadas sin consulta. La ratificación de que ningún habitante de la Nueva España debía oponerse ni discrepar de las determinaciones reales, la efectuó el 25 de junio de 1767 el XLV Virrey Carlos Francisco de Croix: “…deben saber los súbditos del gran Monarca, que nacieron para callar y obedecer y no para discurrir ni opinar en los altos asuntos del Gobierno”. El Visitador José de Gálvez habría de ordenar la ejecución inmediata de 69 hombres culpables de violar la norma.

En la primera etapa de la Revolución de Independencia –1810 a 1811—Hidalgo admite la oposición de los jefes militares respectó de sus decisiones.

Entre 1811 y 1867 se iniciaron las discusiones legislativas que darían origen a las once asambleas constituyentes convocadas a lo largo de esos 56 años. En 1813 Morelos fundamentó la extinción de la Junta de Zitácuaro en el imperativo de la división de poderes. Señaló que “la reunión de todas las facultades para mandar o ejercer el poder en unos pocos individuos es incompatible con los altos fines políticos de la insurgencia”. Y procedió a convocar un Congreso Constituyente.

En los Sentimientos de la Nación, la declaración 13 preconiza que las leyes generarles comprenden a todos. En México no deben reconocerse personas o grupos con fueros privilegiados. En los 54 años que transcurren entre 1813 y 1867 se convocaron diez congresos constituyentes más. A lo largo de las sesiones, diputados, delegados y representantes aprendieron a dialogar, discrepar, conciliar y sumar criterios afines. La historia de México, destaca universalmente como una búsqueda de un Estado que gobierne conforme al Derecho. La oposición desde entonces sabía su papel. El Gobierno habría de escucharla. En esas estamos hoy, nuevamente.