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Caciques de pueblo, lastre en la vida política

  • Jorge Galicia

Hasta hace unos años los gobernadores emanados de las filas del Partido Revolucionario Institucional eran el activo principal de este partido, desde esa posición muchos de ellos fueron ejemplo, de servidores públicos al grado de que sus gobernados les otorgaban el voto de confianza para que ocuparan otras posiciones de representación popular, lo mismo para senadores que para diputados federales e incluso, muchos de ellos fueron llamados para ser parte del Gobierno federal.

Con la alternancia política que nuestro país vivió en el año 2000, a la llegada de un militante de Acción Nacional a la Presidencia de la República, la situación de los gobernadores priístas cambió al quedarse sin la figura de jefe máximo, hasta esa fecha representado en la figura presidencial, por lo que prácticamente se mandaron solos y para seguir siendo la primera fuerza política del país se aglutinaron para hacer contrapeso al ejercicio presidencial.

A partir de entonces los gobernadores del PRI se sintieron con facultad para quitar y poner al líder de su partido y hasta para poner al candidato presidencial. Durante doce años de administraciones panistas en el Poder Ejecutivo federal, las decisiones más importantes del priísmo se tomaban con la aprobación o visto bueno de los mandatarios estatales.

El tiempo y las circunstancias del liderazgo priísta cambiaron con la llegada de uno de los suyos nuevamente a la silla presidencial, se reactivó la figura del priísta número uno del país en la persona del mexiquense Enrique Peña Nieto, quien en uso de esa facultad política, sugirió la llegada de dos exgobernadores, César Camacho Quiroz (Estado de México) e Ivonne Ortega Pacheco (Yucatán), para encabezar la dirigencia nacional PRI, quienes bajo su mandato dieron nuevamente fuerza y presencia a su partido.

A partir de entonces cambiaron las formas, el PRI dejó de ser de los gobernadores, pero muchos no lo entendieron así, desde sus posiciones de influencia siguieron imponiendo a sus amigos en puestos de gobierno e impulsaron bajo esa misma óptica a candidatos afines para cargos de elección, lo mismo imponían a sus sucesores que a presidentes municipales o diputados locales y con el tiempo muchos de ellos, se convirtieron en verdaderos caciques de pueblo, de esos personajes que todo lo controlan para dar paso a la impunidad y la corrupción, figura que al parecer el ex dirigente Manlio Fabio Beltrones tuvo que padecer y de ahí los resultados electorales de junio pasado.

La llegada de Enrique Ochoa Reza a la dirigencia del PRI fue impugnada fuertemente por exgobernadores como el oaxaqueño Ulises Ruiz y algunos movimientos de protesta se originaron desde las oficinas de gobernadores en funciones y lo hicieron porque el nuevo dirigente trae la consigna de señalar a los priístas que hayan caído en casos de corrupción, y eso al parecer es algo que no gustó a muchos de los que se dicen tricolores.

Por lo pronto la militancia del PRI, la misma que también se inconformó por la forma en que llegó su nuevo dirigente, la de la base militante, le ha solicitado la expulsión de esas filas a los gobernadores de Veracruz, Javier Duarte; de Chihuahua, César Duarte, y de Quintana Roo, Roberto Borge, quienes como priístas resultaron un lastre en detrimento de la credibilidad en la nomenclatura tricolor y de la vida política del país, por lo que hoy no se les baja der ser vistos como los nuevos caciques de pueblo.

De cumplirse esa petición, es un hecho que el siguiente paso para esos personajes será que las autoridades correspondientes les finquen responsabilidades penales. Que conste, no nada más es una exigencia tricolor.
jorgelgalicia@yahoo.com.mx