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Calumnia, que algo queda

  • Eduardo Andrade

Esa consigna parece inspirar la acusación aparecida en el New York Times (NYT) contra el gobierno mexicano en un artículo indigno de una publicación del prestigio de ese rotativo, al que debería exigirse que se disculpe, como lo hizo el británico The Guardian, hasta en dos ocasiones, por ataques contra Peña carentes de sustento. Pero cuando llegan las disculpas el daño ya está hecho, justo ese es el fin de notas insidiosas como la que acusa a nuestro gobierno de espiar a periodistas y activistas basándose solo en sus declaraciones. El diario sostiene que “se intentó” espiarlos, lo cual hace evidente que no hay ningún producto constatado de tal espionaje y deja ver la carencia de pruebas, salvo las elucubraciones de un sedicente experto quien analiza mensajes recibidos por los quejosos, los cuales servirían teóricamente para penetrar sus teléfonos, mensajes cuyo origen no está determinado y que podría ser cualquiera.

La presunción de que surgiesen de agencias mexicanas deriva de que se dice que el gobierno adquirió un software israelí para lograr esa infiltración y que dicha arma se vende únicamente a gobiernos, sin aclarar si solo a los nacionales o también a los locales, así que suponiendo que los mensajes salieran de un equipo vendido por ese proveedor, las fuentes podrían ser innumerables, por tanto la imputación del NYT es temeraria y tendiente a desprestigiar al gobierno mexicano contra el cual incluye prácticamente en cada párrafo una crítica que no está ligada con el tema de su acusación.

Muchas voces en el país lincharon de inmediato al gobierno dando por cierto que éste ha hecho objeto de vigilancia ilegal a personas como Carmen Aristegui o Juan Pardinas que si bien no son enemigos del Estado, sí son conocidos adversarios políticos de la actual administración y tienen todo el derecho de serlo, el cual ejercen con absoluta libertad en defensa de sus intereses, eso no quiere decir que se justifique un eventual espionaje, sino simplemente indica la necesidad de tomar con reservas sus afirmaciones. Ahora bien, quien se asume difamado también tiene el derecho a exigir las pruebas, lo cual no constituye una amenaza, como la que algunos interesadamente atribuyeron al Presidente.

Por fortuna entre los comentaristas hubo voces sensatas como las de Ciro Gómez Leyva, Eduardo Ruiz Healy, Rafael Cardona, Diego Fernández de Cevallos o Tere Vale, quienes resaltaron la omnipresente práctica de intervenir comunicaciones y la paradoja de que cuando ésta revela los videos de Eva Cadena, el lenguaje de Lorenzo Córdova, o las amistades del exgobernador Marín, el periodismo los difunde sin asomo de indignación por su origen ilegal. Un mínimo de congruencia conduciría a repudiar siempre su empleo.

Es cierto que existe el derecho irrestricto a no revelar las fuentes, pero si éstas fuesen autoridades que obtienen escuchas ilegales, su empleo restaría autoridad moral al rechazo que ahora muestran frente a la actual acusación no verificada. En todo el mundo el espionaje es moneda corriente, ejercida por infinidad de actores, el periodismo emplea sus productos con absoluta libertad y a veces espía directamente como lo hiciera un diario de Rupert Murdoch. Lo dijo el mismísimo presidente: ni los jefes de estado escapan a esta práctica, bastaría preguntar a Angela Merkel. 

Convendría rechazar más firmemente este ruin ataque, por ejemplo demandar al NYT cuya credibilidad al ser puesta en duda por el Presidente estadounidense, evidencia el uso de sus notas como arma política.

eduardoandrade1948@gmail.com