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Centenario de nuestra Constitución

  • Nuvia Mayorga

Hoy se cumplen cien años de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por este motivo, 2017 se ha declarado como el Año del Centenario de la Constitución; por ello, en este periodo podemos hacer un recuento del avance en el reconocimiento de los derechos de las poblaciones originarias o indígenas.

El tema indígena siempre ha estado vinculado a la historia de nuestro país y en nuestra Constitución Política, que fue adquiriendo una importancia muy relevante a lo largo del siglo pasado y presente. Con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en 1989, publicado en el Diario Oficial de la Federación en 1991, se le da un carácter de vinculante u obligatorio; marcó a nivel internacional el avance en el reconocimiento de los derechos indígenas, donde los pueblos y las organizaciones indígenas de México no fueron ajenos a ello.

La primera incorporación en el marco jurídico mexicano fue el reconocimiento de la composición pluricultural de la nación mexicana, que se sustenta originalmente en sus Pueblos Indígenas; fue con la reforma al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1992, que recoge los primeros elementos del Convenio 169, con ella se garantizaba el derecho a desarrollar sus lenguas, cultura, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social, y garantizaba el acceso a la jurisdicción del Estado, así mismo establecía que en materia agraria en los juicios se tomarían en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas.

Con el proceso de los Acuerdos de San Andrés, el Convenio 169 de la OIT cobraría mayor relevancia y se iniciaría un proceso para una reforma más amplia; de ahí que el 14 de agosto de 2001 se publicara en el Diario Oficial de la Federación una nueva reforma constitucional que sería un parteaguas en la vida de los pueblos y las comunidades indígenas, esta reforma no solo amplió los derechos reconocidos a los Pueblos Indígenas, sino que estableció obligaciones para los tres órdenes de Gobierno en pro de garantizar los derechos que se estaban reconociendo; fue un avance importante en la construcción de la nación pluricultural que es el Estado mexicano.

Esta reforma constitucional básicamente incluyó en el artículo 1°, la cláusula antidiscriminación para prohibir la discriminación motivada, entre otras, por el origen étnico; en el 2°, se reconocen el derecho a la autoadscripción, el concepto de pueblo y de comunidad indígena, los derechos que los mismos pueden ejercer en el marco de su libre determinación y autonomía, y la obligación de los tres ámbitos de Gobierno de garantizar el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas, entre otros aspectos.

De esta reforma, se desprende la creación a nivel federal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) como encargada de orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas de conformidad con el artículo 2° de nuestra Constitución.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha sido considerada como una de las más avanzadas en reconocer los derechos sociales y que sigue siendo vigente. Nuestra Constitución es el orden jurídico nacional, que expresa un proceso histórico de diversas luchas sociales y que debe ser promovido y respetado todos los días, en el que la cultura de la legalidad sea el cauce de nuestro actuar día a día como ciudadanos, contribuyendo como sociedad al fortalecimiento del diálogo, así como al respeto de la diversidad, valorando las manifestaciones culturales de los Pueblos Indígenas, para el fortalecimiento de nuestra Nación.