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Certeza en riesgo / Dr. Eduardo Andrade Sánchez

  • Eduardo Andrade

La certeza ha sido siempre un principio rector de la más alta jerarquía en el Derecho Electoral. Parte de la idea expresada coloquialmente de que los actores en el proceso deben “saber a qué atenerse”, esto es, que la ley determine con precisión los supuestos y las consecuencias jurídicas y que su aplicación se realice con criterios firmes y con interpretaciones que se ajusten en la mayor medida posible a los contenidos legales, para evitar sorpresas que puedan incidir en el desequilibrio de la competencia.

La regulación de la elección de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México ha abierto espacios a la interpretación, ciertamente novedosos pero también peligrosos, en parte atribuibles a un incompleto esquema legal y a que los legisladores que realizaron la reforma constitucional no cumplieron a plenitud el deber de desarrollar en normas legales específicas las disposiciones constitucionales que establecieron las bases de este inédito proceso y remitieron a un órgano esencialmente administrativo, como es el Instituto Nacional Electoral, la tarea de complementar el marco jurídico aplicable al facultarlo para emitir las Reglas Generales a las que deberá sujetarse esta elección. Se entiende que tal complementación debe constreñirse a preceptos reglamentarios que no excedan el alcance y contenido de las normas constitucionales a desarrollar.

No deja de ser preocupante la paradójica tendencia a relajar por un lado las funciones de los poderes y por otro a extender en exceso las mismas. En el legislativo ha aparecido una “inflación” legislativa que da la impresión de sobrerregular aspectos como los penales, generando un cúmulo de tipos a veces redundantes o sobrepuestos, en tanto en áreas como la que aquí me ocupa, que requerían mayor detalle legal y no solo las bases constitucionales, se transfirió una amplísima facultad reglamentaria al INE. De paso habría que apuntar que la proliferación de organismos autónomos ha constituido una dispersión de facultades del Poder Ejecutivo que por principio constitucional original deberían estar depositadas en un solo individuo. Estas tendencias están desfigurando notoriamente el sistema basado en la división de poderes entre los tres clásicamente considerados y se me dirá que de ese modo evolucionan los sistemas jurídicos que no pueden quedar petrificados; tienen razón los que así opinan, pero el punto importante es saber si la evolución está sirviendo para resolver las dificultades que se pretenden enfrentar con los cambios, o si por el contrario resulta disfuncional e ineficiente y solo sirve para enmascarar los problemas en lugar de resolverlos.

Por otra parte, el Poder Judicial debe tener extremo cuidado en no estirar demasiado el hilo de las atribuciones jurisdiccionales para, en un entendible afán de avanzar en las condiciones de convivencia, internarse demasiado en territorios que corresponden a los otros poderes y finalmente ese hilo acabe por romperse en detrimento de los frenos y contrapesos que caracterizan una sana ingeniería constitucional. Esta posible anomalía aparece en razón de una de las pocas leyes que son equivalentes en la física y la politología: la del “horror al vacío”. En la naturaleza el vacío tiende a llenarse de inmediato… y en la política también, con el inquietante resultado, en la cuestión que analizamos, de que el vacío dejado por el legislador ha sido ocupado por las instituciones administrativa y judicial de un modo incierto y contradictorio.
eandrade@oem.com.mx