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Cheque en blanco a militares

  • Pedro Peñaloza

“Con las bayonetas todo es posible, menos sentarse en ellas”.

Charles Maurice de Talleyrand.

1. Entre la desesperación y la ineptitud. Los señores dueños del poder político han decidido entregar las calles y el monopolio punitivo a las Fuerzas Armadas, por más que traten de matizar los alcances de la llamada Ley de Seguridad Interior. Sí, han llegado a la conclusión de que las múltiples reformas policiales son insuficientes para contar con cuerpos de seguridad preparados para enfrentar al poderío organizativo y la capacidad de fuego de la delincuencia organizada y de manera destacada del narcotráfico.

Lo que menos importa es el atropello a los preceptos constitucionales que marcan los límites y circunstancias precisas de la actuación de las fuerzas castrenses. Las cosas no están para “tecnicismos”, dirían desde Los Pinos. El monstruo delincuencial que fomentaron y con el cual se asociaron durante un largo periodo está fuera de control, es más, ya está afectando los circuitos del control político y eso si no se puede tolerar. De poco sirvieron las toneladas de dólares que se gastaron en la anunciada formación y depuración policial. Las administraciones panistas y priístas han sido un desastre.

Los promotores de la legalización militar han llegado a decir, ya arrinconados por su ausencia de rigor constitucional, que “los militares seguirán estando bajo el mando del poder civil”. En realidad, lo que quiere la cúpula castrense es un ordenamiento que los legitime y les de capacidad de maniobra e independencia en la decisiones en el combate concreto. Sí, cómo no, ya nos imaginamos a un general jefe de zona militar sujetando sus acciones a los ministerios públicos o incluso a los gobernadores.

2. El sometimiento y los riesgos. Para ahondar en la concepción que sustentan la Sedena y la Marina, vale la pena revisar el documento, “Perspectiva General de la Seguridad Nacional en la Legislación Mexicana”, que presentaron los titulares de ambas secretarías a diputados y senadores en un “desayuno”. En dicho texto se reitera la limitada y parcial visión que subyace en los círculos del poder, al justificar la presencia militar utilizando el Artículo 21 de la Constitución, en donde se subraya la obligación de “preservar las libertades, el orden y las paz pública”. El añejo simplismo penalista está a la vista, al inferir que las libertades, el orden y la paz únicamente pueden ser reguladas por las fuerzas represivas, haciendo abstracción de los vectores sociales como contenedores de conductas delictivas y violentas.

En este mismo orden de ideas, y para ilustrar la gravedad de la presencia militar, mostremos los datos de la Oficina en Washington para asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en ingles), que señala que de acuerdo a la información obtenida por la organización, “solo en el periodo de enero de 2012 a agosto de 2016, existen seis mil 182 casos de delitos y violaciones a derechos humanos cometidos por militares pendientes de investigarse y resolverse, y solo hay 29 sentencias emitidas por jueces federales”(La Jornada, 9/2/17:12.).

Epílogo. Peña en su laberinto. Sin duda, el inquilino transitorio de Los Pinos está atrapado por dos realidades: la primera, marcada por la incontrolable inseguridad, las violencias y el miedo colectivo; y la segunda, con los militares y marinos presionando por conseguir un marco de protección al saberse indispensables y con ello subirse a la torre del control político como un protagonista con mucho poder. Súmese a estas variables las condiciones de vulnerabilidad económica, la presencia de Trump y la actitud timorata del peñismo que nos colocan en la lona virtual y real.
pedropenaloza@yahoo.com/Twitter: @pedro_penaloz