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Cifras de la ineficacia

  • Pedro Peñaloza

1.- Presupuesto ostentoso. Durante los diez años pasados los gobiernos sí han contado con recursos para impulsar mejoras a la seguridad y la justicia en el país. El gasto ejercido por las instituciones del sector a escala federal casi se duplicó al pasar de 139 mil millones de pesos en 2006, a 277 mil millones en 2016. La institución que más creció presupuestalmente, entre 2006 y 2012 fue el de la Secretaría de la Seguridad Pública (SSP), el cual se multiplicó 4.3 veces. A partir de 2013 se incorporó la estructura de la SSP a la Secretaría de Gobernación y su gasto combinando superó al de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desde 2014. Así, las erogaciones conjuntas de la SSP y Gobernación aumentaron 3.6 veces entre 2006 y 2016, pasando de casi 23 mil millones a más de 83 mil millones. La Marina (Semar) y la Sedena casi duplicaron sus gastos en el mismo lapso. La primera pasó de 15 mil millones de pesos en 2006 a 32 mil millones en 2016. El gasto de la Sedena aumentó de menos de 41 mil millones en 2006 a casi 76 mil millones en 2012, para después mantenerlo constante.

El Poder Judicial aumentó su gastó 62% durante 2006-2016. Por lo que, la suma del gasto ejercido por todas las instituciones federales relacionadas con la seguridad se duplicó al pasar de 139 mil millones de pesos a 277 mil millones, lo que implica que los recursos crecieron a un ritmo ligeramente mayor que el gasto neto del gobierno federal, el cual aumentó 58%, todo esto según cifras del Panorama del Gasto Federal en Seguridad 2006-2016, del Instituto Belisario Domínguez del Senado (La Jornada, 17/07/17, p. 9).

2.- Planeación a la mexicana. Pese a que delitos como el homicidio doloso, robo de autos y extorciones ha repuntado en el presente año, los gobiernos estatales han gastado apenas 15.6% de los fondos federales para seguridad. Al corte de mayo, los estados habían ejercido 16.9% de los recursos que contemplan dinero para la policía cibernética y las unidades antisecuestro. La eficacia en el gasto para la certificación policial llegó a 7.4%; el de la prevención social de la violencia, 8.2%; el sistema nacional de información, 8.4%; y para el servicio de emergencias 911 apenas, 11%, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Milenio, 16/07/17, p. 18).

3.- Prisiones abandonadas. El 50% de los centros de reclusión en 2016 eran controlados por grupos antagónicos de internos relacionados con el crimen organizado. Hace un año se registraron 694 riñas y 5 motines. De las 131 prisiones, 66 presentan autogobierno. En el 50% de prisiones estatales hay sobrepoblación. Así,mantiene la sobrepoblación, el hacinamiento, el autogobierno y cogobierno según el Informe de la CNDH (Universal, 09/06/17, p.20).

4.- El desastre. No obstante que el mayor aumento de los subprogramas le correspondió a Reclusión y a Readaptación Social, donde el gasto pasó de 3 mil millones de pesos en 2006, a 28 mil millones en 2016, más de la mitad de los internos están identificados como “reincidentes criminológicos”, lo que evidencia la “limitada efectividad” de los tratamientos de reinserción, según la Auditoria Superior de la Federación.

Epílogo. Así las cosas, basta esta breve revisión para reiterar que la canalización de recursos para actividades punitivas y reactivas, además de administrarse pesimamente, no resuelven el complejo y multidimensional problema de la criminalidad.Lejos de ello, retrasa su solución integral.

pedropenaloza@yahoo.com/ @pedro_penaloz