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Ciudad de México / El Agua del Molino / Raúl Carranca y Rivas

  • Raúl Carrancá y Rivas

El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, firmó el viernes pasado en Palacio Nacional el decreto con el que se promulgó la Reforma Política del Distrito Federal, creándose así la entidad federativa número 32 con el nombre de Ciudad de México, la que seguirá siendo capital del país y sede de los Poderes de la Unión. Además, se creó también la Asamblea Constituyente, encargada de elaborar la nueva Constitución de la entidad. Tal Asamblea estará conformada por 100 diputados, de los cuales 60 serán de representación proporcional, es decir, los partidos organizarán las fórmulas en que estos participen aunque se podrán incluir candidatos independientes votados por los ciudadanos; habrá 14 senadores elegidos por las dos terceras partes de los integrantes de su Cámara; 14 diputados elegidos por las dos terceras partes de los integrantes de su Cámara; 6 diputados designados por el Presidente de la República y 6 designados por el jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
En cuanto a su responsabilidad de nombrar 6 diputados constituyentes, el Presidente dijo: “Mi compromiso es seleccionar para esta responsabilidad a mujeres y hombres de excelencia que, más allá de su origen partidista, acrediten su conocimiento y compromiso con la Ciudad de México y con el país”.

Ahora bien, la idea, el proyecto entonces incipiente de la Ciudad de México se remonta a la Constitución de 1824, pero ya en concreto y en la gran Constitución liberal de 1857, con la participación brillante de Guillermo Prieto, Ignacio Ramírez y Melchor Ocampo, entre otros ilustres constituyentes, se trató a fondo el asunto. Algo que les preocupaba era la que se llama en el derecho político, antecedente del moderno derecho constitucional, cohabitación; la que se da en algunos países de Europa con régimen semipresidencial, como Francia y Portugal, cuando el presidente de la república es de diferente partido al de la mayoría de los miembros del parlamento. O sea, cohabitan ambos. Problema que se desplazó por derivación analógica hasta la convivencia política entre el Poder Federal y el local. Pero la cuestión, aunque dirimida ampliamente en el 57, no genera en la actualidad mayor dificultad. El Gobierno de la Ciudad de México, por ejemplo, deberá evitar el cruce o choque de competencias dándole preferencia, desde luego, a lo federal cuando la ley no disponga otra cosa. Pero el gran tema, a mi juicio, es otro, a saber, el de la conformación de la Asamblea Constituyente, el de sus diputados. En efecto, ellos tendrán como tarea primordial que llevar a la Carta Magna de la Ciudad la normatividad necesaria, imprescindible, para que haya, lo que siempre es un ideal en Derecho, equilibrio entre los tres poderes, autonomía de gestión e independencia económica que la permita. Problemas graves los hay y los habrá, de naturaleza política concerniente a los derechos también políticos de los habitantes y estantes de la Ciudad y, por supuesto, lo relativo a la inseguridad y a la comisión de delitos de alto nivel relacionados con el narcotráfico, a lo que no escapa, al margen de las proporciones, la capital de la República. Lo ideal sería, por otra parte, que los diputados constituyentes fueran elegidos por los electores de la Ciudad de México mediante sufragio universal, directo y secreto. Sin embargo y habida cuenta de las condiciones actuales se espera con interés y cierta tensión política que tan alta responsabilidad recaiga en personas de calidad excepcional. Una Constitución, recordando lo que dicen Ferdinand Lassalle en ¿Qué es una Constitución? y Max Weber en El Hombre y el Político, es la suma de los factores reales de poder y la participación de individuos que representen las diversas corrientes de actividad humana en una sociedad, aunque preponderando los conocedores del Derecho, los juristas. Siendo pues una Constitución la ley de leyes no es concebible que carezca de espíritu jurídico. Y no hay que olvidar que la futura Constitución será histórica por ser la primera de la Ciudad y por ser, debe serlo, un paradigma en su especie, una inspiración para futuros cuerpos legales.

 

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